Puntos Clave
- Equipos de respuesta rápida y ayuda mutua interrumpieron detenciones de ICE en Chicago y Los Ángeles en 2025.
- Las redadas del 6 de junio en Los Ángeles generaron protestas masivas y despliegue de 2.000 tropas y 700 marines.
- Fallos judiciales en julio y septiembre limitaron arrestos sin causa probable y declararon ilegal el despliegue militar.
(CHICAGO, ILLINOIS, UNITED STATES) A wave of neighborly solidarity that stretches from Chicago a Los Ángeles impulsa una resistencia organizada frente a las operaciones de ICE y las deportaciones durante 2025, con ayuda mutua, equipos de respuesta rápida y acción directa en primer plano. En ambas costas y en ciudades intermedias, comunidades, organizadores y grupos de defensa han construido una red de apoyo concreto: voluntariado en patrullas, educación legal y, en varios casos, intervención física para evitar detenciones, mientras comparten recursos y estrategias para proteger a vecinas y vecinos vulnerables y desafiar las acciones de las fuerzas federales de inmigración. Todo ello gira en torno a una narrativa de resistencia que ha ganado impulso gracias a la experiencia compartida y a un sentido de pertenencia que trasciende las fronteras municipales.
En Chicago, el 12 de septiembre de 2025 se convirtió en un hito emocional y estratégico. Un líder comunitario, Willian, fue > “unjustly detained by ICE”, un hecho que desató una ola de indignación y movilización entre organizadores locales. La denuncia pública y el coro de voces críticas que siguió sirvió para articular una respuesta que ya tenía antecedentes, pero que encontró en el ocurrido ese día un catalizador claro: la necesidad de organización continua frente a políticas que, según los activistas, buscan desestabilizar comunidades enteras. Miguel Alvelo Rivera, un organizador de Chicago, declaró: > “History shows us that repression always breeds resistance. Fear can never kill solidarity.” Esa declaración, repetida en foros comunitarios y en redes de apoyo, subraya una convicción que atraviesa generaciones: la represión no borra la solidaridad; la alimenta.
La acusación de abusos por parte de guardias de seguridad y policías fuera de servicio, que afectaron a trabajadores temporales en la tienda Home Depot de 47th Street, añadió un aspecto humano a la narrativa de resistencia. Cinco trabajadores, entre ellos Willian, se atrevieron a denunciar estas prácticas, lo que empujó a la organización local de derechos de los inmigrantes a reforzar la vigilancia y la denuncia pública. Ana, integrante de Organized Communities Against Deportations (OCAD), dejó claro que el miedo es real y que la comunidad no debe normalizar una campaña de odio: > “Estas feelings of fear are valid, even though we’re being made to feel like we’re wrong to want to live safely when this campaign of hate is coming from the White House and even other neighbors. This reality is not normal, and it shouldn’t become the new normal.” Sus palabras cristalizan la tensión entre temor y dignidad que impulsa a los vecinos a organizarse.
La respuesta comunitaria en Chicago ha ido más allá de la protesta visible. Se ha forjado una red de apoyo que combina diferentes herramientas de resistencia: grupos de mutual aid que reparten comida a familias afectadas por arrestos, voluntarios que participan en patrullas y en redes de alerta en tiempo real sobre movimientos de ICE, líneas de ayuda y acciones físicas para impedir detenciones en el terreno. A la vez, se han desarrollado formaciones de Know Your Rights que buscan empoderar a las personas para responder ante encuentros con las autoridades de inmigración. Estas acciones han generado respuestas mixtas a nivel nacional: Tom Homan, ex “Border Czar”, comentó que > “They’ve been educated how to defy ICE, on how to hide from ICE. They call it ‘Know Your Rights.’ I call it how to escape from ICE.” Sus palabras, citadas literalmente en diversos foros, reflejan una visión contraria a estas estrategias de educación legal y suponen un choque ideológico entre enfoques de seguridad y de derechos civiles.
Las iniciativas en Chicago no quedan en la retórica. Grupos como la Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights y OCAD han desempeñado roles centrales, canalizando recursos, diseñando estrategias de defensa legal y sosteniendo redes de apoyo que permiten responder con rapidez ante posibles operativos de ICE. En este marco, la resistencia no es meramente defensiva; busca redefinir la interacción entre comunidades y las autoridades, cuestionando prácticas que, según los organizadores, han erosionado la seguridad y la dignidad de personas que solo buscan vivir y trabajar sin temer por su futuro. En este sentido, la experiencia de Chicago se comparte de manera horizontal con otras ciudades, y la idea de “resistencia comunitaria” se convierte en un lema operativo: cada comunidad que se enfrenta a estas medidas no está sola, y si una ciudad es atacada, las demás deben responder con solidaridad.
La historia de Los Ángeles, que dio la otra mitad de la ecuación geográfica de este movimiento, sintetiza la escalada y la respuesta. El 6 de junio de 2025, las operaciones de ICE en Los Ángeles desataron protestas masivas, con manifestaciones que oscilaron entre la presencia pacífica y choques con la Policía. Las concentraciones se intensificaron al día siguiente en Paramount y Compton, cuando el gobierno federal respondió con medidas extraordinarias, gobernadas por un interés político que muchos consideraron precipitado y confrontacional. El Presidente Donald Trump, en ese momento, federalizó a la Guardia Nacional de California y desplegó 2.000 tropas, cifra que luego fue aumentando y dio paso a la presencia de 700 Marines en el estado. En ese marco, el gobernador Gavin Newsom llevó la disputa a los tribunales, demandando a la administración por considerar la respuesta militar prematura, incendiaria, con fines políticos y autoritaria.
La respuesta del sistema judicial fue contundente y reiterada. El 11 de julio la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong dictaminó que la administración probablemente violó los derechos de los inmigrantes y ordenó la detención de arrestos sin causa probable. Esa decisión fue respaldada por el Ninth Circuit, que ratificó la evaluación de la jueza. El 3 de septiembre, el juez Charles Breyer dictaminó que la presencia militar había sido ilegal, afirmando: > “There was no rebellion, nor was civilian law enforcement unable to respond to the protests and enforce the law.” Los desarrollos judiciales se vieron acompañados de una iniciativa más amplia: los fiscales retiraron la mayoría de los cargos contra manifestantes después de que agentes de DHS fueran encontrados falsificando declaraciones, un detalle que subraya el entrecruzamiento entre acción de protesta y prácticas administrativas cuestionables.
En este marco, la cobertura y el activismo en Los Ángeles también inspiraron a otras ciudades a emprender acciones similares: Nueva York, Chicago y Dallas se sumaron a la corriente de protestas y de resistencia, lo que afianzó la idea de que estas prácticas de deportación y de fuerte presencia militar no serían fáciles de sostener sin un costo político y social considerable. A medida que las protestas se multiplicaban, la alianza entre activistas y comunidades se consolidaba, con un sentido de responsabilidad compartida que cruzaba estados y ciudades.
Más allá de la respuesta a incidentes puntuales, los organizadores de Chicago y Los Ángeles repetían una consigna de coordinación y aprendizaje mutuo que resaltaba la necesidad de una campaña sostenida. > “Every city that is attacked cannot do this alone. If we are going to beat this moment, we have to stand together. If it’s sharing what we know so other groups can take what worked for us in Chicago,” decía una de las líderes citadas en el material de la red de resistencia, apuntando a la construcción de una coalición que no solo reacciona, sino que diseña estrategias que pueden adaptarse a realidades distintas. En ese marco, las redes de mutual aid no solo proporcionan asistencia material—comida, refugio, apoyo legal y espacios seguros para las personas marcadas por ICE—sino que también fortalecen las capacidades de organización comunitaria, la educación cívica y la presencia en la calle como forma de defensa y de negociación pública.
La experiencia de estas comunidades ha quedado recogida en un conjunto de informes y narrativas que muestran resultados concretos. En Chicago, se afirma que las operaciones de ICE han sido dispersadas, detenciones impedidas y familias reunidas gracias a la intervención directa, con victorias legales parciales que han frenado algunas acciones de ejecución y despliegues militares para funciones de seguridad civil. En Los Ángeles, el proceso judicial ha reforzado la idea de que la defensa legal puede contrarrestar medidas que, de otro modo, podrían haber tenido un impacto devastador para comunidades ya frágiles. Más allá de los casos puntuales, los movimientos han fortalecido las redes de apoyo mutuo, la educación política y la participación cívica, y han ampliado la base de voluntarios y simpatizantes que trabajan para reducir la vulnerabilidad de personas afectadas por las políticas de inmigración.
Este fenómeno no es sólo local; la dinámica entre Chicago y Los Ángeles se ha convertido en un espejo para otras ciudades que buscan maneras de responder de forma organizada y sostenible a las acciones de ICE. Las redes de solidaridad han multiplicado la capacidad de respuesta, no solo para defender a individuos sino para presionar a would-be implementadores de políticas públicas a reconsiderar enfoques que, según defensores de derechos, amplían el dolor humano y la inseguridad. En ese marco, la resistencia comunitaria se ha centrado no solo en frenar actuaciones puntuales, sino en construir una cultura de seguridad comunitaria derivada de la cooperación, el aprendizaje y la acción coordinada. Las historias de Willian y de Ana, y las declaraciones de Miguel Alvelo Rivera, se han convertido en símbolos: recordatorios de que la lucha por la dignidad y la protección de las comunidades migrantes no se agota en una detención, en una orden judicial o en una protesta aislada, sino que se alimenta de una práctica diaria de ayuda mutua y de una determinación colectiva a no rendirse ante la violencia institucional.
Operaciones de ICE, resistencia comunitaria y ayuda mutua se entrelazan en un marco que, a ojos de muchos, redefine la seguridad ciudadana. En la práctica, el movimiento ha logrado disuadir algunas detenciones, descolocar operativos y, en última instancia, reforzar el sentido de pertenencia entre personas que, por su origen o estatus, a menudo quedan al margen de las políticas públicas. Aun cuando las fuerzas federales han respondido con medidas de coerción y, en ocasiones, con la promesa de endurecimiento de controles, las comunidades han mantenido su impulso, argumentando que la seguridad real no proviene de la represión, sino de la capacidad de las personas para cuidarse entre sí y para proteger a las familias y vecindades de las consecuencias humanas de estas políticas.
Para comprender la magnitud de lo ocurrido, es útil recordar el marco temporal de los acontecimientos que han marcado este movimiento: desde el estallido de protestas y la escalada de presión pública en junio de 2025 en Los Ángeles, hasta la respuesta judicial de julio y septiembre del mismo año, y el impulso sostenido de Chicago a lo largo de 2025. En cada ciudad, las personas afectadas han contado con una red de apoyo que les recuerda que no están solas. > “La seguridad nunca vino del estado. Viene de nosotros, de los movimientos que hemos construido juntos, de la solidaridad que hemos mostrado una y otra vez y durante décadas,” afirmó una activista citada en las crónicas que documentan estas campañas. Sus palabras, y las de los demás protagonistas, subrayan el carácter de larga duración de este esfuerzo: una resistencia que busca no solo defender a las personas en el presente, sino cambiar, a través de la práctica cotidiana y la organización, las condiciones que permiten que estas situaciones ocurran.
En el plano institucional, las dinámicas entre gobiernos locales y federales continúan siendo tensas. Los frentes judiciales que surgieron en Los Ángeles y que tuvieron eco en otras ciudades muestran un patrón común: cuando las autoridades dan pasos que los tribunales pueden tildar de irregulares, los movimientos de defensa de derechos migrantes responden con campañas legales y movilización social. Esta interacción entre la acción comunitaria y la revisión judicial parece haber dejado una marca duradera en la percepción pública de qué significa “seguridad” en el contexto de las políticas de inmigración de EE. UU. A medida que 2025 avanzaba, las comunidades aprendían a actuar con rapidez ante cualquier indicio de operativo de ICE, a documentar incidentes, a compartir información para evitar detenciones y a sostener a las familias afectadas durante procesos que a menudo se prolongan por meses o años.
Las iniciativas de mutual aid que sustentan estas campañas son particularmente significativas, porque se presentan como una respuesta directa a la sensación de abandono institucional: comida repartida, refugio temporal, asesoría legal y espacios seguros para las personas en riesgo. En Chicago y Los Ángeles, estas redes se volvían un refugio práctico ante la ansiedad causada por rumores de operativos o detenciones, y al mismo tiempo una forma de presión social para exigir un trato más humano. En esas redes, la resistencia no es una explosión aislada de acción, sino un proyecto sostenido que se alimenta de la colaboración entre vecinos, organizaciones comunitarias y voluntarios que comparten información en tiempo real para blindar a las familias. En palabras de los organizadores, la idea es simple, pero poderosa: la seguridad que buscan las comunidades migrantes no vendrá de una promesa gubernamental de protección, sino de la capacidad colectiva de cuidarse y de sostenerse mutuamente en momentos de amenaza.
Con este trasfondo, el movimiento transciende las fronteras de Chicago y Los Ángeles, y se transforma en un referente para las comunidades que enfrentan un contexto de mayor represión o mayor presencia de autoridades. Las prácticas de resistencia comunitaria —con sus redes de ayuda mutua, sus estrategias de respuesta rápida y su cooperación transfronteriza entre ciudades— se presentan como un modelo de defensa de derechos humanos ante políticas que, según los organizadores, amenazan la estabilidad y la dignidad de familias enteras. Y aunque las tensiones entre autoridades y comunidades continúan, la experiencia de estas ciudades subraya una certeza central: la contundente realidad de que la seguridad y la protección de las personas migrantes depende, en gran medida, de la capacidad de las comunidades para unirse, apoyar a sus miembros y exigir rendición de cuentas a quienes deben garantizar su bienestar.
Para quienes siguen de cerca estas historias, el legado de 2025 parece claro: la solidaridad de barrio, la acción coordinada y la firme defensa de los derechos humanos pueden, en la práctica, cambiar el curso de la vida de miles de personas. Operaciones de ICE, resistencia comunitaria y ayuda mutua no son palabras vacías en este relato; son el motor que impulsa una ola de conocimiento práctico, redes de apoyo y voluntad colectiva para enfrentar una política migratoria que, a ojos de muchos, necesita una revisión radical. Y mientras la batalla legal continúa, las comunidades de Chicago y Los Ángeles, con el impulso que nace de la experiencia compartida y de las victorias parciales obtenidas en los tribunales, mantienen viva la posibilidad de un futuro en el que la seguridad no se mida en detenciones, sino en la capacidad de las personas para vivir con dignidad y libertad. Para quienes entienden esa lógica, la resistencia no es solo un gesto de protesta; es una práctica cotidiana de cuidado, defensa y esperanza que, en última instancia, fortalece a toda la sociedad.
Enlaces relevantes y recursos oficiales pueden consultarse para entender el marco institucional de estas dinámicas y las vías de apoyo disponibles: la página oficial de ICE ofrece información sobre sus operaciones y procedimientos; y para quienes buscan información legal o formularios, las plataformas oficiales de inmigración como ICE y, cuando sea pertinente, recursos como Form I-485 proporcionan orientación verificada sobre el proceso de regularización y residencia en Estados Unidos. Estas herramientas institucionales existen en un marco de derechos y responsabilidades que las comunidades buscan complementar con su propia red de apoyo y defensa, uniendo fuerzas para avanzar hacia una seguridad que reconozca la dignidad de cada persona.
Aprende Hoy
ICE → Agencia federal de Estados Unidos encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y realizar redadas.
Know Your Rights → Talleres comunitarios que enseñan derechos legales y cómo actuar ante encuentros con autoridades migratorias.
Ayuda mutua → Intercambio comunitario de recursos —comida, refugio, dinero— para apoyar a personas afectadas por detenciones.
Respuesta rápida → Grupos voluntarios que monitorean actividad de ICE, emiten alertas y se movilizan con rapidez para ayudar a vecinos.
Este Artículo en Resumen
En 2025, redes comunitarias en Chicago y Los Ángeles usaron ayuda mutua, equipos de respuesta rápida y formación legal para desafiar operativos de ICE. La detención del 12 de septiembre en Chicago y las redadas del 6 de junio en Los Ángeles desencadenaron movilizaciones y juicios que limitaron arrestos sin causa probable y declararon ilegal el despliegue militar. Las ciudades intercambiaron tácticas, hotlines y recursos para prevenir detenciones, apoyar a familias y documentar abusos.
— Por VisaVerge.com
