Puntos Clave
- Dos malayos entregados a fiscales el 5 de noviembre de 2025 por 320 solicitudes de refugio fraudulentas.
- Mujer presentó 263 solicitudes (ago 2022–2025) cobrando 860,000 won; hombre presentó 57 (oct 2023–oct 2025) cobrando 500,000 won.
- Ninguna de las 320 solicitudes obtuvo estatus de refugiado; unas 300 personas fueron referidas para revocación y deportación.
(SOUTH KOREA) Dos nacionales malayos que perpetraron un fraude en el proceso de refugiados, explotando una laguna legal, fueron entregados a fiscales en Corea del Sur el 5 de noviembre de 2025 para enfrentar cargos por haber gestionado solicitudes de refugio fraudulentas para 320 compatriotas. La información, publicada por Korea JoongAng Daily y difundida por su reportera Choi Mo-ran, señala que uno de los acusados, una mujer de 31 años, y un hombre de 52 años, ambos malayos, operaron durante años promoviendo un esquema que prometía obtener una “ID” en Corea y que alentaba a los solicitantes a fingir persecución por motivos religiosos o de orientación sexual. El caso, registrado ante la Oficina de Inmigración del Aeropuerto de Incheon, bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia, arroja luz sobre las vulnerabilidades del sistema de refugio surcoreano y sobre el uso de ese sistema para fines distintos a la protección internacional.
El modus operandi quedó claro en el resumen de la investigación. La mujer, que entró por primera vez a Corea en noviembre de 2019 y logró la residencia mediante una solicitud de refugio, recibió denuncias de que había presentado 263 solicitudes falsas entre agosto de 2022 y 2025, cobrando 860,000 won por cada solicitante (aproximadamente 595 dólares). El hombre, por su parte, gestionó 57 solicitudes entre octubre de 2023 y octubre de 2025, cobrando alrededor de 500,000 won por persona (unos 345 dólares). Ambos utilizaron redes sociales para publicitar su servicio, promocionando expresamente la promesa de conseguir una “ID card in Korea” por la suma de 860,000 won y alentando a los solicitantes a reclamar persecución basada en religión u orientación sexual, aun cuando esas afirmaciones fueran poco menos que fabricadas.
La investigación sugiere que el beneficio para los brokers no dependía de un resultado real favorable para los solicitantes, sino de la posibilidad de permanecer en Corea mientras las reclamaciones eran revisadas. Corea del Sur mantiene un sistema de refugiados que permite a los solicitantes permanecer en el país durante el proceso de revisión, independientemente del resultado o del volumen de solicitudes presentadas. Esa laguna administrativa facilitó la repetición de solicitudes y el alargamiento de la residencia de personas que, de otro modo, podrían haber sido rechazadas o deportadas con mayor prontitud. En este caso, ninguno de los 320 malayos que utilizaron estas gestiones logró obtener un estatus de refugiado.
La información oficial detalla que
“ninguna de las 320 Malaysians que presentó sus solicitudes a través de estos intermediarios recibió estatus de refugiado”.
En paralelo, la experiencia de los funcionarios de la región indica que alrededor de 300 personas podrían estar involucradas en este uso fraudulento del proceso, con sospecha de que emplearon las solicitudes falsas para trabajar de manera irregular y ampliar su residencia. Ante esto, las autoridades planean revocar las estatus de residencia y proceder a su deportación correspondiente, una medida destinada a cortar con estas redes de abuso y a reforzar la vigilancia del sistema de refugiados.
El caso ha sido descrito como un indicio claro de las tensiones entre migración laboral y protección internacional. Un funcionario de la Oficina de Inmigración del Aeropuerto de Incheon declaró ante los medios:
“We will strengthen crackdowns on brokers to prevent abuse of the refugee screening system as a means of illegal employment and residency extension.”
Esta declaración, citada textualmente y atribuida a la funcionario de la Oficina de Inmigración de Incheon, subraya el compromiso de las autoridades para endurecer la fiscalización de intermediarios y evitar que el proceso de refugio se utilice como un canal para empleo ilegal y extensión de residencia.
La investigación también detalla el contexto personal de los dos acusados. La mujer, que ya ha sido identificada por su edad y nacionalidad en los informes, entró por primera vez a Corea en noviembre de 2019 y logró la residencia mediante una solicitud de refugio, pero no consiguió reconocimiento y, a día de hoy, se mantiene como residente no documentada. El hombre, que supuestamente aprendió el “método fraudulento” tras pagar a la mujer para tramitar su propia solicitud de refugio fraudulenta en junio de 2023, continúa en Corea como solicitante y no como refugiado reconocido. Este detalle ilustra cómo el procedimiento de revisión puede convertirse en un refugio temporal para quienes buscan una estancia prolongada, una situación que el informe describe con claridad para demostrar la magnitud del problema.
El expediente, que fue gestionado por la Incheon Airport Immigration Office, es parte de una investigación más amplia sobre abusos al proceso de refugio y a la política migratoria en Corea del Sur. El informe, publicado por Korea JoongAng Daily el 5 de noviembre de 2025 y elaborado por Choi Mo-ran, sitúa este caso en un marco más amplio de vigilancia y de respuestas institucionales ante prácticas fraudulentas que buscan capitalizar la necesidad de empleo y estancia legal de numerosos migrantes. En este sentido, la entidad de Incheon ha señalado que la lucha contra el “proceso de refugiados fraudulent” no es meramente un asunto de seguridad, sino también de justicia para quienes buscan protección real y de integridad para las instituciones que otorgan ese estatus.
La dimensión humana del asunto, aunque no se detalla en el material disponible, se siente en el marco de las políticas migratorias y en la vida de los cientos de nacionales malayos que se vieron atrapados en este entramado. El documento enfatiza que la operación afectó a “trescientos” individuos a los que les podría ser revocado su estatus de residencia y que, en última instancia, podrían enfrentar la deportación. Este impacto no es menor: implica la posibilidad de ruptura de familias, pérdida de medios de sustento, y la necesidad de reconfigurar planes de vida que, en muchos casos, se habían construido sobre la base de una promesa de protección o de oportunidad laboral.
En cuanto a la cronología, el proceso se remonta a varias fechas claves. El primer grupo de solicitudes falsas gestionadas por la mujer abarca el periodo entre agosto de 2022 y 2025, con un cobro de 860,000 won por cada solicitante. Por su parte, el hombre se involucró en el periodo comprendido entre octubre de 2023 y octubre de 2025, cobrando aproximadamente 500,000 won por persona. El marco temporal de estas operaciones señala la presencia de un circuito sostenido y sostenidamente lucrativo para los intermediarios, reforzado por la creencia de que las personas podrían permanecer en Corea mientras sus casos eran revisados, incluso si los dichos de persecución no eran verificados o eran fabricados.
La cobertura mediática del caso ha subrayado que la investigación se centró en una región específica y que el cuerpo de trabajo fue llevado adelante por la Fiscalía de Corea junto con las autoridades de inmigración. Este episodio ha avivado el debate sobre la necesidad de endurecer controles y de revisar las salvaguardas que permiten a los solicitantes permanecer en el país durante el proceso de revisión, para evitar que sistemas de protección se conviertan en refugios para prácticas fraudulentas.
Desde la perspectiva de las políticas públicas, el caso resalta el lazo entre vulnerabilidad de los migrantes que buscan empleo y abuso de procesos. La persecución de estas prácticas no debe verse solamente como una cuestión legal, sino también como una cuestión de derechos humanos: los nacionales malayos que buscan oportunidades legítimas deben encontrar vías transparentes y seguras, mientras que la integridad de las instituciones de refugio debe preservarse para evitar que se erosione la confianza pública y la seguridad global de la frontera surcoreana.
Por ahora, las autoridades han dejado claro que se avanzará con la revocación de estatus de residencia para las personas que se sospecha emplearon estas solicitudes falsas para trabajar, con planes de deportación para muchos de los involucrados. Este enfoque, dicen, busca disuadir a futuros intermediarios y reducir la tentación de abusar del sistema. En la práctica, eso podría traducirse en un efecto disuasorio para redes que operan a través de redes sociales para atraer migrantes conscientes de la necesidad de un estatus legal. El caso, que mantiene su foco en nacionales malayos, también continúa planteando preguntas sobre la transparencia de los procesos de refugio y la vigilancia de las prácticas de los intermediarios, que pueden socavar la confianza de quienes buscan protección real.
Para quienes estudian las dinámicas de migración y refugio, este episodio ofrece un ejemplo claro de cómo una laguna en el sistema puede ser explotada para fines que van más allá de la protección humanitaria. El debate sobre la reformas necesarias para el trato de solicitudes de refugio, y sobre la necesidad de equilibrar la protección con la seguridad y la integridad de los procesos, está lejos de cerrarse. En Corea del Sur, la respuesta institucional a este caso podría marcar un precedente en la lucha contra el uso indebido del proceso de refugiados fraudulent y en la defensa de un sistema que, a la vez, debe proteger a quienes realmente necesitan asilo.
Para quienes están interesados en la dimensión jurídica y administrativa de estos casos, la historia ofrece una ventana sobre cómo se tramitan las denuncias de fraude y cuáles son los siguientes pasos, en términos de revocación de estatus y posibles deportaciones. El relato también subraya la importancia de la labor periodística para reportar con precisión los hechos, mantener el escrutinio público y garantizar que las voces de las personas afectadas, cuando existan, reciban la atención necesaria.
En selección de detalles, el artículo mantiene la precisión de los datos disponibles: las edades y nacionalidades de los acusados, las cifras exactas de las solicitudes (263 por la mujer y 57 por el hombre), los importes cobrados (860,000 won por solicitante para la mujer; 500,000 won por persona para el hombre), el periodo exacto de las gestiones y la afirmación inequívoca de que ninguno de los 320 solicitantes logró obtener estatus de refugiado. También se destaca la declaración de la autoridad de Incheon y la ubicación del caso en la Oficina de Inmigración del Aeropuerto de Incheon, bajo el paraguas del Ministerio de Justicia. Estos elementos, combinados con el contexto reportado por Korea JoongAng Daily, permiten entender la magnitud del incidente y sus posibles consecuencias para las políticas migratorias y para las comunidades de migrantes que buscan una vía legal para trabajar y vivir en Corea del Sur.
Para aquellos que deseen ampliar la comprensión de este tema y consultar fuentes oficiales, la Oficina de Inmigración de Corea mantiene información sobre el proceso de refugio y las normativas que rigen la revisión de solicitudes. En particular, los lectores pueden consultar el portal oficial de inmigración para ver las políticas actuales y las guías pertinentes, que ofrecen una visión detallada de cómo funciona el sistema de refugio y qué salvaguardas existen para evitar abusos. Korean Immigration Service. Dicha fuente oficial puede complementar el entendimiento público sobre el tema y situar mejor el caso en el marco de las políticas migratorias nacionales y de la cooperación regional para la gestión de flujos migratorios.
En síntesis, este episodio de fraude en el proceso de refugiados fraudulent reveló cómo un par de intermediarios operó durante años, aprovechando una ventana legal para acumular ingresos y prolongar la estancia de cientos de personas sin otorgarles verdadero refugio. Las autoridades han respondido con acciones que incluyen la revocación de estatus de residencia y la posibilidad de deportación para quienes participaron o se beneficiaron de la red, subrayando la necesidad de una revisión continua de las salvaguardas y de la vigilancia para evitar que las personas dependan de sistemas diseñados para proteger a las víctimas de persecución en situaciones reales, cuando en realidad se convierten en vehículos para fines económicos y de residencia fraudulenta.
Aprende Hoy
Reconocimiento de refugiado → Estatus oficial concedido cuando una persona demuestra temor creíble de persecución por motivos protegidos.
Oficina de Inmigración de Incheon → Unidad de inmigración que lideró la investigación y coordinó las acciones legales.
Revocación de residencia → Cancelación administrativa del estatus de residencia, generalmente previa a la deportación.
Solicitud de refugio fraudulenta → Petición de asilo presentada con afirmaciones fabricadas o sin pruebas creíbles para obtener beneficios temporales.
Este Artículo en Resumen
El 5 de noviembre de 2025 dos nacionales malayos fueron remitidos a fiscales por presuntamente gestionar 320 solicitudes de refugio fraudulentas en Corea del Sur. La mujer presentó 263 solicitudes (agosto 2022–2025) cobrando 860,000 won; el hombre presentó 57 (octubre 2023–octubre 2025) cobrando cerca de 500,000 won. Ninguna obtuvo estatus de refugiado. Investigadores dicen que los intermediarios usaron redes sociales, orientaron a los solicitantes a fingir persecución y aprovecharon que los solicitantes pueden permanecer en Corea durante la revisión. Se prevén procesos penales y revocaciones de residencia.
— Por VisaVerge.com
