Puntos Clave
- La fuerza laboral agrícola cayó en 155,000 trabajadores entre marzo y julio de 2025 (≈7%).
- Pew estima 750,000 inmigrantes menos en la fuerza laboral entre enero y julio de 2025.
- Productores dicen que H-2A aumentó pero no cubre necesidades de trabajo durante todo el año.
(OREGON, UNITED STATES) Las deportaciones de Trump en 2025 han intensificado una crisis aguda en el sector agrícola de Estados Unidos: una escasez de mano de obra que amenaza la cosecha, eleva costos y expone a granjas, cooperativas y comunidades rurales a un aluvión de ajustes improvisados. En un año marcado por una retórica de endurecimiento migratorio y por la reducción de programas de parole humanitario, los productores advierten que los esfuerzos para cubrir los puestos de trabajo quedan cortos frente a la magnitud de la demanda estacional y, a menudo, de año completo. En Oregon, como en otros estados agrícolas clave, la realidad diaria se desarma a ritmo acelerado cuando los jornales se vuelven difíciles de asegurar y cada jornada de campo se convierte en un reto logístico y económico.
En el corazón de la crisis hay una experiencia humana que pocos pueden ignorar. Ian Chandler, director de operaciones de campo en un orchard de 300 acres al norte de Oregon, describe la situación con una claridad directa:
“We have a pretty good sized crop. Quality is good. It’s nice fruit… And this year, that flow of labor was disrupted.”
Chandler detalla que aproximadamente el 90% de su fuerza laboral son inmigrantes y, además, que incluso aquellos con estatus legal temen presentarse por la amenaza de las redadas de ICE. Esta advertencia desde una operación de frutas de gran tamaño subraya cómo la inestabilidad migratoria se traduce en una interrupción tangible de la producción: frutas que podrían madurar en el árbol y no llegan a la mesa de los consumidores, y trabajadores que dudan entre acudir al trabajo o quedarse en casa por temor a represalias administrativas o a la detención.
Las voces de los productores no se limitan a un caso aislado. John Painter, agricultor orgánico de ganado lechero en Westfield, Pensilvania, y votante de Trump en tres elecciones, subraya la frustración de una manera que muchos en el sector reconocen en privado:
“The whole thing is screwed up. We need people to do the jobs Americans are too spoiled to do.”
Sus palabras resuenan en un sector que ha dependido durante décadas de una mezcla de trabajadores migrantes y legales que aceptan empleos que, según argumentan los agricultores, los estadounidenses a menudo rechazan. Tim Wood, productor lechero y miembro de la junta de la Pennsylvania Farm Bureau, aporta otra dimensión a la conversación:
“People don’t understand that if we don’t get more labor, our cows don’t get milked and our crops don’t get picked.”
Estas declaraciones articulan de manera contundente el eslabón entre la mano de obra y la continuidad de las operaciones diarias, desde el ordeño de vacas hasta la recolección de hortalizas y frutos.
Detrás de estas preocupaciones personales, los datos oficiales pintan un cuadro sombrío para la economía agrícola. Entre marzo y julio de 2025, la fuerza laboral agrícola de Estados Unidos cayó en 155,000 personas, un descenso cercano al 7%, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Paralelamente, el Pew Research Center ha señalado que el total de trabajadores migrantes en el sector se redujo en unos 750,000 entre enero y julio de 2025. Estos números cobran un significado concreto cuando se observa que la industria estima una necesidad anual de aproximadamente 2,4 millones de trabajadores agrícolas para 2025. En otras palabras, la demanda de mano de obra supera con creces la oferta disponible, y esa brecha se ha visto ampliada por las políticas de deportaciones y por la retirada de mecanismos de entrada temporal que alguna vez amortiguaron el golpe.
El impacto no se reduce a cifras macroeconómicas; se traduce en decisiones operativas que alteran el paisaje rural:
“Crops are going unpicked, cows un-milked, and some farmers are considering selling their farms.”
En Illinois, la historia toma una forma más visible: cientos de trabajadores fueron removidos de la planta de procesamiento de JBS en Beardstown tras la reversión de programas de parole humanitario y por las redadas de ICE, con eventos que señalan una fractura abrupta en la cadena de suministro de proteínas y alimentos. En otras palabras, la economía regional y la seguridad alimentaria local quedan expuestas a virajes de política que, según los agricultores, llegan con un coste directo en la producción diaria y en la planificación de cosechas futuras.
El debate sobre soluciones permanentes se enreda con la realidad de las medidas temporales y sus límites. En el centro de la discusión figura el programa H-2A, promovido por la administración para llenar vacíos laborales de temporada. Sin embargo, los críticos señalan que este programa tiene límites claros para quien necesita mano de obra constante a lo largo de todo el año, como es el caso de las granjas que producen leche y otros productos de ciclo continuo. John Walt Boatright, director de asuntos gubernamentales en la American Farm Bureau Federation, sostiene:
“The H-2A program is not the sustainable solution, but it is a short-term solution. I do foresee the H-2A program continuing to increase in use, but by no means is that a measure of its popularity.”
Sus palabras apuntan a una realidad incómoda para el sector: el programa puede ser útil en picos estacionales, pero no aborda las necesidades de operaciones que requieren personal durante todo el año. Además, los agricultores señalan que la maquinaria burocrática y administrativa que acompaña a la H-2A eleva costos y crea demoras que minan la rentabilidad y la planificación de largo plazo.
La crítica se intensifica ante la ausencia de reformas sustantivas. A pesar de reconocer la crisis, no ha existido un movimiento legislativo significativo que proponga un marco estable para la fuerza laboral agrícola. Numerosos actores del sector han señalado que los cierres de gobierno federales, la falta de audiencias en el Congreso y la reticencia a aprobar reformas migratorias han dejado a las granjas, particularmente a las pequeñas, extremadamente vulnerables. En este contexto, los defensores de la seguridad alimentaria advierten que el “frío efecto” que describe la Administración —un conjunto de medidas que desalientan a los trabajadores a presentarse— está rompiendo la cadena de suministro de alimentos y, por extensión, afectando a comunidades rurales y urbanas por igual.
El tema no es meramente técnico; es una cuestión que toca la vida de miles de familias. En el ADN de la crisis hay historias de personas que, a pesar de buscar una vida mejor, deben navegar un sistema que aparece cada vez más fracturado. Los agricultores que intentan planificar una cosecha deben enfrentar costos crecientes: seguros, transporte, alquiler de maquinaria, herramientas de procesamiento y, sobre todo, salarios competitivos para atraer a quienes están dispuestos a trabajar en campos, granjas y plantas de procesamiento. En Montana, en Kansas, en Pennsylvania y en Oregon, los productores han reportado un incremento en los costos de producción asociado a la necesidad de contratar reemplazos temporales, a menudo a tarifas más altas o a turnos que requieren horas extra para cubrir ausencias inevitables.
La dinámica entre políticas migratorias y productividad agrícola ha forzado a muchos a replantearse el papel de los trabajadores migrantes en el corazón de la cadena alimentaria. En el debate público, una frase que se repite entre productores y sindicatos —con matices— es que la mano de obra migrante ha sido históricamente una columna de soporte para la agricultura de Estados Unidos y que, si se interrumpe, el sistema se tambalea. Pero lo más problemático, advierten, es la desigualdad de oportunidades para los trabajadores y la fragilidad de los procesos de contratación frente a un entorno regulatorio cambiante. En este escenario, hay quienes sostienen que las redadas de ICE no solo afectan a aquellos con estatus irregular, sino que crean un ambiente de miedo que disuade incluso a trabajadores con estatus legal de presentarse en las granjas y en las plantas, por temor a ser arrastrados por un programa de control migratorio que parece volátil y, a veces, impredecible.
Entre las posibles vías de solución, los agricultores y las organizaciones de productores enfatizan la necesidad de políticas que reconozcan la especificidad de la agricultura: demanda constante de mano de obra, ciclos de cosecha que no encajan en una única ventana estacional y la necesidad de contratos laborales que permitan una contratación flexible sin perder la seguridad para los trabajadores ni la rentabilidad para las empresas. También señalan la urgencia de simplificar trámites, reducir costos y acelerar procesos para aquellos programas que pueden ofrecer una respuesta a corto y medio plazo sin sacrificar la seguridad de los trabajadores. En términos prácticos, una reforma migratoria que incorpore medidas de estatus para trabajadores agrícolas estacionales y permanentes podría ayudar, pero requiere un consenso político que today no se observa con claridad en Washington.
La situación actual no se limita a un solo estado, ni a una sola cadena de suministro. La interconexión entre la población inmigrante, el mercado laboral y la seguridad alimentaria crea una red de consecuencias que se extiende a lo largo de las granjas y las comunidades rurales. Los observadores señalan que la incertidumbre alimenta una espiral de costos que, en última instancia, se traslada a los consumidores, a las comunidades de trabajadores y a las familias que dependen de una renta estable para sobrevivir y sostener sus hogares. En Oregon y en otros estados agrícolas, el pulso de la agricultura late con fuerza, pero se mantiene expuesto a un clima político que, por ahora, no ofrece una salida sostenible a la escasez de mano de obra.
Para la industria, la magnitud de la crisis se confirma con cifras y proyecciones. Se prevé que el déficit de trabajadores agrícolas alcance un umbral que, si no se aborda, podría traducirse en pérdidas significativas de producción, al menos en los próximos años. Los productores advierten que, sin una intervención clara, se corre el riesgo de que más granjas cierren o vendan sus operaciones, con efectos de largo alcance para las economías rurales y para la seguridad alimentaria de la nación. En paralelo, la administración mantiene su narrativa sobre las medidas necesarias para proteger las fronteras y reducir la inmigración irregular, pero la pregunta que persiste entre los agricultores y las comunidades afectadas es si esas políticas podrán coexistir con un sector agrícola que, por décadas, ha dependido de trabajadores inmigrantes para sostener la producción de alimentos, desde el campo hasta la mesa.
El debate sobre “deportaciones de Trump” y sus efectos en la economía agrícola está lejos de resolverse. Mientras tanto, las granjas y cooperativas se adaptan con soluciones pragmáticas: ampliar el uso de programas de temporada cuando es viable, ajustar las políticas de contratación para encontrar trabajadores dispuestos a desplazarse a zonas de temporada alta, y buscar apoyos en organismos estatales y federales para enfrentar costos operativos crecientes. Pero la realidad persiste: sin una vía clara para la estabilidad de la fuerza laboral agrícola, y sin un marco legislativo que reconozca y responda a las necesidades de un sector que funciona en ciclos rígidos, el sistema corre el riesgo de quedar atrapado en una espiral de costos crecientes, caídas en la producción y tensiones entre agricultores y comunidades que ven la cosecha como un pilar de su sustento.
La cobertura de la crisis ha resonado en el lenguaje de los agricultores y en los informes de analistas, que advierten que la solución no es simple ni rápida. En su conjunto, los datos y las declaraciones recogidas en el año 2025 señalan una realidad que se repite en cientos de granjas: la necesidad de mano de obra estable y confiable para garantizar que el alimento llegue a las mesas estadounidenses. En ese marco, las palabras peligrosas y las promesas de política pública deben convertirse en acciones concretas que apunten a un marco migratorio que sea tanto humano como funcional para uno de los sectores más dependientes de la economía del país.
El tema, sin embargo, va más allá de la economía agrícola. Es una conversación sobre el tejido social de comunidades que han construido su sustento en la presencia de trabajadores migrantes y sus familias, sobre caminos de vida que cruzan fronteras para, en última instancia, alimentar a millones. Es, en esencia, un debate entre seguridad, empleo y dignidad humana, con un componente práctico que se mide en camiones de campo, en ordeños nocturnos y en las horas que los trabajadores dedican a cosechar la fruta de un país que, en muchas de sus regiones, depende de la labor de personas que, a veces, deben vivir entre la amenaza de ser deportadas y la necesidad de ganarse la vida.
Para aquellos que buscan soluciones tangibles, la pregunta crucial es si el gobierno logrará articular un marco más estable en un escenario de escasez de mano de obra agrícola y de políticas migratorias que han desconcertado a quienes trabajan en el sector. En el corto plazo, la industria continuará operando con la presión de un calendario de cosechas que no espera, con costos que se elevan y con una demanda de servicios que no se reduce. En el medio y largo plazo, el éxito dependerá de cuán rápido y cuán precisamente se diseñen políticas que protejan a los trabajadores y al mismo tiempo aseguren que la producción de alimentos no se vea comprometida por la incerteza política. Este es el dilema central que se celebra cada temporada, cuando la cosecha llama y la gente llama a trabajar, a pesar de la sombra de las deportaciones de Trump, a pesar de la necesidad de un enfoque más equilibrado frente a la escasez de mano de obra agrícola y a la persistente amenaza de las redadas de ICE.
Para ampliar el marco informativo, cabe señalar que el tema se ha discutido ampliamente en foros oficiales y en el ámbito público, con distintas proyecciones sobre la dinámica entre migración, empleo y seguridad alimentaria. En particular, el programa H-2A ha estado en el centro de las discusiones, aunque sus límites para operaciones que requieren trabajo durante todo el año siguen siendo un punto de fricción entre agricultores y legisladores. Quienes lo defienden señalan que, aunque no sea la solución final, puede funcionar como una válvula de escape temporal ante picos estacionales; quienes lo critican acusan de que su complejidad y costo lo vuelven inaccesible para muchos empleadores, y de que no aborda necesidades estructurales como las de las granjas lecheras, que demandan una fuerza laboral continua.
En este contexto, la conversación pública se intensifica en torno a una pregunta central: ¿qué tipo de reformas migratorias pueden sostener la producción de alimentos, la seguridad de los trabajadores y la viabilidad de las granjas a lo largo del tiempo? La respuesta, desde la voz de los agricultores y de las asociaciones que los representan, parece exigir una mezcla de reformas que reduzcan la burocracia, amplíen el acceso a mano de obra para operaciones de año completo y ofrezcan rutas claras para la integración de trabajadores migrantes en la economía rural. Pero, por ahora, el año 2025 continúa mostrando que la brecha entre las necesidades del sector y las respuestas de la política pública es amplia, y que la carga de resolverla recae, de manera más visible que nunca, sobre las granjas, los trabajadores y las familias que dependen de una cosecha que no puede permitirse el lujo de esperar.
Para mantener el enfoque en la información tal como llega desde el terreno, conviene retornar a las cifras: 155,000 trabajadores agrícolas menos entre marzo y julio de 2025; 750,000 inmigrantes menos en la fuerza laboral entre enero y julio de 2025; y una proyección de necesidad de 2,4 millones de trabajadores agrícolas para 2025. Estas cifras confirman que la crisis no es una fluctuación pasajera, sino un fenómeno estructural que exige una respuesta política y operativa que aún no se ha materializado en medidas concretas. En Oregon y en otras zonas de cultivo, la vida diaria de quienes trabajan la tierra y cuidan el ganado continúa, pero cada temporada parece traer un nuevo ajuste, una nueva negociación entre el deseo de mantener la producción y la realidad de un sistema migratorio que continúa evolucionando sin una solución de largo plazo.
Para aquellos que siguen de cerca la política migratoria y su impacto en la economía rural, el mensaje es claro: la continuidad de la producción de alimentos depende de decisiones que vayan más allá de la retórica y que traduzcan la preocupación por la seguridad nacional en políticas que protejan a los trabajadores y, a la vez, aseguren la sostenibilidad de las granjas. Mientras tanto, las voces de los agricultores —como la de Ian Chandler—, y las de quienes trabajan las tierras día a día, continúan llamando la atención sobre una verdad simple: sin mano de obra confiable, sin un marco migratorio claro y sin un enfoque que reconozca las necesidades de un sector que opera durante todo el año, la seguridad alimentaria de la nación puede verse comprometida.
Para quienes buscan información oficial, el programa H-2A y otras vías de empleo temporal para trabajadores agrícolas se discuten en las páginas oficiales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Aquellos interesados pueden consultar recursos oficiales sobre el programa H-2A para comprender sus requisitos, costos y procesos, disponibles en el sitio oficial del Departamento de Trabajo. En particular, para más detalles sobre las condiciones y limitaciones de este programa, puede consultarse la página oficial de H-2A visa program. La conversación continúa, con una necesidad apremiante de soluciones que armonicen las prioridades de seguridad nacional, la viabilidad económica de las granjas y la dignidad de quienes trabajan la tierra, día tras día, temporada tras temporada.
Aprende Hoy
H-2A → Visa temporal para empleadores agrícolas que contratan trabajadores extranjeros por temporadas específicas.
ICE → Agencia federal de EE. UU. encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y realizar redadas.
Form I-129 → Petición ante USCIS que empleadores presentan para solicitar trabajadores no inmigrantes temporales.
Pew Research Center → Organización independiente que publica datos y análisis sobre tendencias demográficas y laborales.
Este Artículo en Resumen
Las medidas de deportación y la intensificación de las redadas en 2025 redujeron drásticamente la mano de obra agrícola: 155,000 empleos menos en agricultura entre marzo y julio, y 750,000 inmigrantes menos en la fuerza laboral entre enero y julio. Los agricultores reportan cosechas en riesgo, ordeños difíciles y despidos en plantas de procesamiento. Aunque crecen las solicitudes H-2A, el programa resulta insuficiente para cubrir necesidades continuas y la falta de reformas legislativas agrava la crisis.
— Por VisaVerge.com
