Puntos Clave
- La Corte Suprema de Texas el 1 de junio de 2025 permitió investigar Annunciation House.
- Las Americas recibió una solicitud de investigación civil el 4 de septiembre de 2024 sobre patrocinio.
- Jueces en julio–agosto de 2024 bloquearon intentos de Paxton de disolver ONG como FIEL Houston.
(EL PASO, TEXAS) En un movimiento que ha marcado un giro contundente en la vida de muchas organizaciones que trabajan con migrantes en Texas, el fiscal general del estado, Ken Paxton, lanzó una serie de acciones legales contra varias ONG de inmigración. Las iniciativas incluyen investigaciones, demandas y esfuerzos por revocar el estatus de organización sin fines de lucro, dirigidas a grupos como Las Americas Immigrant Advocacy Center, Annunciation House, FIEL Houston, Catholic Charities of the Rio Grande Valley y Team Brownsville. Paxton ha referido reiteradamente violaciones como “ayudar a la inmigración ilegal”, “tráfico de personas” o violaciones de leyes de protección al consumidor, en un esfuerzo que sus seguidores ven como una defensa de la seguridad y de la ley en la frontera, mientras que sus detractores lo señalan como un asalto a la labor humanitaria y a la libertad religiosa.
Las acciones han incluido solicitudes de información, demandas civiles y, en varios casos, intentos de desmantelar operaciones consideradas por Paxton como entidades que facilitan movimientos migratorios irregulares. En El Paso, Las Americas Immigrant Advocacy Center fue blanco de una solicitud de investigación civil el 4 de septiembre de 2024, cuando la oficina del fiscal general presentó una civil investigative demand para obtener información sobre su programa de patrocinio de migrantes, que ayuda a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a migrar legalmente a Estados Unidos. La organización, representada por el Texas Civil Rights Project, respondió presentando una demanda civil federal por derechos civiles, argumentando que las demandas de Paxton eran “baseless” y vulneraban sus derechos de Primera Enmienda.
“People have a heightened sense of security about their own work. The protection of clients is paramount”,
dijo Marisa Limón Garza, directora ejecutiva de Las Americas, en una declaración citada por el material fuente.
La oficina de Paxton ha utilizado la Ley de Prácticas Desleales de Comercio para fundamentar su investigación de Las Americas, un enfoque novedoso para atacar a una organización inmigratoria. Aron Thorn, abogado de Las Americas, describió la investigación como “retaliation” por la defensa que la ONG ha emprendido y por su vínculo con Annunciation House, que según Paxton ha sido objeto de acusaciones de tráfico de personas. En febrero de 2024, Paxton llegó a Annunciation House en El Paso exigiendo documentos confidenciales en 24 horas. La casa de acogida, que ha albergado migrantes desde 1978, se negó y presentó una demanda. Paxton escaló la ofensiva solicitando cerrar el refugio, calificándolo de “criminal enterprise” y alegando que estaba diseñado para “facilitar cruce de fronteras ilegales y para ocultar a extranjeros que se encuentran de forma ilegal.”
“There is no legal basis for closing a nonprofit that provides social services to refugees. Period”,
respondió el abogado de Annunciation House.
El fallo histórico de un tribunal marcó una batería de acontecimientos. El 2 de julio de 2024, el juez Francisco X. Dominguez falló que las demandas de Paxton violaban la Cuarta Enmienda, calificando sus acciones de “escandalosas e intolerables”. No obstante, el 1 de junio de 2025, la Corte Suprema de Texas falló a favor de Paxton, permitiendo que su investigación sobre Annunciation House continuara. Esta línea de decisiones judiciales ha dejado entrever una tensión persistente entre la defensa de la seguridad pública y la labor humanitaria que realizan estas organizaciones a la hora de asistir a migrantes, especialmente aquellos que han sido liberados por el Departamento de Seguridad Nacional.
FIEL Houston, organización que apoya a jóvenes y familias inmigrantes, también fue objeto de escrutinio. Paxton buscó disolver la organización, alegando un supuesto uso indebido de su estatus para fines políticos. Cesar Espinosa, director ejecutivo de FIEL, reaccionó viendo la acción como una sorpresa:
“It comes to us as a surprise that suddenly we are being targeted by the Attorney General of Texas in an attempt to take away what has been a beacon of hope for thousands of Houstonians for the last 17 years.”
En agosto de 2024, el juez Ravi K. Sandill denegó la solicitud para suspender las operaciones de FIEL, marcando la tercera derrota en dos meses para Paxton en su intento por clausurar ONG basadas en su defensa de la labor de incidencia pública. El fallo se produjo pese a la presión del fiscal general para desmantelar la organización; la respuesta judicial señaló que la acción carecía de un cimiento sólido para cerrar un ente que presta servicios sociales.
Catholic Charities of the Rio Grande Valley fue otro blanco importante. Paxton acusó a la organización de violar leyes de inmigración y de tráfico de personas. Sin embargo, el juez de distrito J.R. “Bobby” Flores falló en favor de la organización, señalando que no había evidencia de malversación o de violaciones de la ley, y que Catholic Charities “only assists migrants legally released by the Department of Homeland Security.” Estas palabras subrayan el tema delicado: la línea entre apoyo humanitario autorizado y acusaciones de facilitar irregularidades migratorias es a menudo fina y depende del marco legal vigente y de cada caso específico.
Team Brownsville, un pequeño refugio y organización de ayuda humanitaria en la frontera, también enfrentó la frustrante posibilidad de un depositorio previo a una demanda. La Asociación de Derechos Civiles de Texas argumentó que Paxton no presentó la evidencia necesaria y que no cumplió con los requisitos legales para tal acción, y el esfuerzo concluyó sin éxito. Estas batallas jurídicas han consumido tiempo y recursos considerables, en medio de un entorno de migración tenso y de una negociación legislativa y ejecutiva que parece no dar tregua a la presión de las opiniones públicas.
El conjunto de estas acciones se inscribe en un contexto más amplio: Paxton ha seguido una directiva de 2022 del gobernador Greg Abbott que le ordenó investigar ONG supuestamente involucradas en el transporte ilegal de migrantes. Este marco de acción ha recibido llamado de atención por líderes religiosos y defensores de derechos humanos. Srta. Marie Lucey, OSF, describió los ataques como “outrageous and heartless”, mientras que Susan Gunn, de la Maryknoll Office for Global Concerns, advirtió:
“This is an attack on religious liberty and if the attorney general succeeds, it will set a dangerous precedent against anyone who puts their faith in action by welcoming the stranger as Jesus taught us.”
Aun con estas voces en contra, Paxton no ha visto un triunfo claro en la mayor parte de sus iniciativas judiciales, ya que los jueces estatales, en su mayoría, han rechazado sus intentos de clausurar estas organizaciones, si bien la Corte Suprema de Texas ha permitido que algunas investigaciones prosigan.
Los impactos son palpables en el terreno: las ONG reportan medidas de seguridad reforzadas y una revisión más prudente de sus operaciones, sobre todo en zonas sensibles como Ciudad Juárez, México, que se ha convertido en un punto crítico para la gestión de la migración y que ha visto incrementos en la actividad de ayuda y en los procedimientos de registro y supervisión. En términos prácticos, la tensión ha forzado a estas organizaciones a reconfigurar su trabajo diario, desde la protección de los derechos de los migrantes hasta la prestación de comida, refugio y asesoría legal, con costos que ascienden a la inversión en seguridad y a la administración de casos en un entramado legal que parece diseñado para obstaculizar, más que para facilitar, la labor humanitaria.
Las disputas han atraído atención nacional e internacional, con figuras y círculos religiosos que piden calma y claridad en la aplicación de la ley, destacando el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la frontera y su función de salvaguardar a personas que buscan refugio y una vida digna en Estados Unidos. Incluso en este marco, la narrativa de Ken Paxton, de las organizaciones de inmigración y de la noción de “solicitud de investigación civil” ha logrado ampliar el debate sobre hasta qué punto es lícito para una oficina estatal ejercer control sobre entidades que, si bien pueden ser objeto de escrutinio, sostienen a comunidades enteras con recursos y servicios fundamentales.
En términos de resultados tangibles, se observa que la campaña de Paxton ha generado un efecto de mayor vigilancia institucional y una discusión más amplia sobre la necesidad de transparencia y supervisión de ONG que operan en la frontera. Los líderes comunitarios y académicos advierten que, mientras se persiguen irregularidades, se deben proteger los principios de derechos civiles y libertad religiosa, para evitar impactos desproporcionados sobre los migrantes que dependen de estas redes de apoyo para su seguridad y su acceso a servicios básicos. En este marco, la figura de Paxton y su equipo continúa influyendo en el debate público, y su posición persiste en la agenda política de Texas, incluso cuando los tribunales han reducido el alcance de sus acciones en varios casos, y cuando otras instituciones judiciales han establecido líneas rojas claras sobre límites de intervención.
El ojo público se ha mantenido fijo en la interacción entre políticas estatales, justicia civil y trabajo de ONG que operan en la frontera. Las declaraciones de Paxton y las respuestas de las organizaciones afectadas han formado una conversación continua sobre el alcance de la autoridad estatal frente a entidades que, según sus defensores, brindan una red de seguridad para personas que llegan buscando protección. En todos los casos citados, la narrativa se ha construido a partir de la interacción entre las autoridades estatales, las ONGs y las comunidades que reciben servicios, con un hilo conductor: ¿qué significa, en términos prácticos, la intervención del estado en organizaciones que operan en una zona saturada por la presión migratoria y por la exigencia de derechos humanos?
El debate también se ha visto alimentado por voces religiosas y de derechos humanos que advierten sobre el potencial efecto disuasorio de las investigaciones en ONG que ofrecen refugio, asesoría legal y servicios básicos. En paralelo, algunos analistas señalan que el caso ha puesto en primer plano la necesidad de establecer límites claros entre vigilancia legítima y hostigamiento político, especialmente cuando las organizaciones realizan labores de defensa de derechos civiles y de asistencia humanitaria ante crisis migratorias que en el largo plazo podrían definirse por políticas públicas más complejas y por la interacción de la seguridad, la inmigración y la fe.
En términos prácticos, las ONG informan que el pulso judicial y administrativo ha elevado la atención que prestan a la seguridad de sus instalaciones, la confidencialidad de datos de migrantes y la necesidad de salvaguardar a trabajadores y voluntarios. La atención mediática y política que ha acompañado el periodo 2024-2025 ha colocado a estas organizaciones en el centro de un debate nacional sobre la relación entre el estado y la sociedad civil, y la manera en que la justicia debe equilibrar la necesidad de investigar posibles irregularidades con la obligación de no entorpecer la labor de auxilio y acogida a personas vulnerables. A cada paso, las autoridades y las ONG han tenido que explicar, justificar y, a veces, corregir sus métodos ante el escrutinio público.
Para quienes siguen de cerca el tema, la pregunta central permanece: ¿cuál es el límite entre la labor de control que corresponde a una autoridad civil y la posibilidad de que ese control se convierta en una forma de intimidación para quienes trabajan al servicio de migrantes? En Texas, este tema continúa evolucionando, con cada decisión judicial que define el alcance de la autoridad del fiscal general frente a organizaciones que, según Paxton, operan en un terreno resbaladizo entre el cumplimiento de la ley y la necesidad de proteger a las personas que buscan refugio. Con la atención de medios nacionales e internacionales, y con una amplia variedad de voces que claman por claridad y justicia, Ken Paxton, las organizaciones de inmigración y las comunidades a las que prestan ayuda siguen en el centro de una historia que no se limita a la frontera sino que toca la esencia de cómo una sociedad decide tratar a quienes llegan buscando una vida mejor.
Para entender la magnitud de las demandas y sus posibles consecuencias, es importante recordar algunos elementos clave: el conjunto de ataques y defensas representa un ensayo de gran tamaño sobre la dinámica entre el poder estatal y la filantropía, entre la acción gubernamental y la labor voluntaria, entre la seguridad pública y la ayuda humanitaria. En cada caso, las palabras de quienes defienden estas ONG y las de Paxton, así como las decisiones de los jueces, non solo definen el resultado legal inmediato, sino que también dibujan un mapa de las tensiones entre seguridad y compasión que caracterizan la política migratoria de Texas. Y aunque los veredictos judiciales han mostrado variaciones significativas, la narrativa global sugiere que este episodio no se cerrará pronto: las organizaciones de inmigración continúan insistiendo en su derecho a operar y a defender a los migrantes, mientras que Paxton mantiene su promesa de escrutar, investigar y, cuando sea posible, desmantelar lo que él considera estructuras que facilitan la llegada irregular de personas a Estados Unidos.
En términos de futuras repercusiones, la dinámica entre Paxton y estas ONG podría influir en cómo otras entidades configuran sus operaciones para evitar enfrentamientos legales y, al mismo tiempo, cumplir con sus misiones de servicio y defensa de derechos. Las organizaciones que han sido objeto de estas acciones —Las Americas Immigrant Advocacy Center, Annunciation House, FIEL Houston, Catholic Charities of the Rio Grande Valley y Team Brownsville— continúan su labor, ajustando protocolos y fortaleciendo alianzas para enfrentar un entorno legal que, para muchos observadores, ha cambiado de manera radical en un corto periodo. Mientras tanto, las implicaciones para Ken Paxton y para el futuro de la interacción entre el estado y las ONG de inmigración siguen intercambiándose en los tribunales y en los foros públicos, con la atención siempre puesta en los migrantes que llegan, en su mayoría, buscando una salida a la incertidumbre que marca sus vidas y las de las comunidades que los acogen.
Para quienes quieran ver una visión más amplia de este tema desde perspectivas oficiales y civiles, vale la pena consultar recursos sobre programas humanitarios y de patrocinio bajo la jurisdicción federal, que ofrecen un marco para comprender las dinámicas entre la supervisión gubernamental y la labor de las organizaciones de ayuda. En ese sentido, la información oficial disponible en sites gubernamentales sobre programas humanitarios puede proporcionar contexto adicional para entender cómo se encajan estas acciones en la política migratoria de Estados Unidos. USCIS – Humanitarian Programs ofrece orientación sobre estos mecanismos y su uso legítimo para asistir a migrantes que entran en el país bajo marcos legales y acordados. Esto podría ayudar a entender los límites de las actuaciones del estado y la necesidad de salvaguardar los derechos de las personas a las que estas organizaciones sirven, incluso cuando las autoridades, como Ken Paxton, persiguen una visión de mayor control y cumplimiento de la ley.
Aprende Hoy
Solicitud de investigación civil → Herramienta legal estatal que exige documentos y testimonios durante una investigación civil.
Ley de Prácticas Desleales de Comercio → Norma texana de protección al consumidor usada de forma inusual contra actividades de ONG migratorias.
Programas de patrocinio y libertad condicional → Procesos federales que permiten entrada temporal de migrantes aprobados con patrocinadores y verificaciones de DHS.
Cuarta Enmienda → Protección constitucional contra registros e incautaciones irrazonables invocada por jueces que frenaron a Paxton.
Este Artículo en Resumen
Ken Paxton lanzó una campaña legal amplia contra ONG que asisten migrantes en la frontera, usando citaciones, solicitudes de investigación civil y demandas por supuesta ayuda a la inmigración ilegal. El 1 de junio de 2025 la Corte Suprema de Texas permitió proseguir la pesquisa sobre Annunciation House tras fallos previos en su contra. Las Americas recibió una CID el 4 de septiembre de 2024; otras organizaciones como FIEL Houston y Catholic Charities han impedido cierres judiciales. Las ONG dicen que las acciones ponen en riesgo la privacidad de clientes y obstaculizan servicios esenciales, mientras que los tribunales han ofrecido resultados mixtos.
— Por VisaVerge.com
