Puntos Clave
- El Proyecto de ley C-12 permitiría a IRCC y CBSA cancelar o suspender grupos de visas temporales por fraude.
- Documentos internos señalan a India y Bangladesh como de mayor riesgo; reclamos de asilo indios subieron a ~2.000 mensuales.
- En agosto de 2024, Canadá rechazó aproximadamente el 74% de las solicitudes de permiso de estudio de India.
(CANADA) Canadá se apresta a otorgar a sus autoridades migratorias poderes sweeping para cancelar grupos enteros de visas temporales, con un enfoque particular en solicitantes provenientes de India y Bangladesh, como parte del Proyecto de ley C-12 que actualmente está ante el Parlamento. Documentos internos obtenidos por CBC News y citados en múltiples informes señalan que Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) y la Canada Border Services Agency (CBSA), en colaboración con agencias estadounidenses no identificadas, están desarrollando mecanismos para identificar y revocar visas de visitante de forma masiva cuando se detecta fraude o mal uso, en vez de limitarse a decisiones individuales.

Los documentos describen una presentación interna al despacho de la ministra de Inmigración, Lena Diab, en la que se afirma que India y Bangladesh figuran como “desafíos específicos por país”. Las poderes propuestos, que se incorporan al Proyecto de ley C-12 (que evolucionó a partir del Proyecto de ley C-2) permitirían cancelar o rechazar visas enteras, por ejemplo, todas las visas de visitante temporal (TRV) de un país concreto, durante emergencias como pandemias, guerras o ante incidentes concentrados de fraude. Si bien las declaraciones públicas de la ministra Diab se han centrado en emergencias, los documentos internos sugieren que la intención va más allá: abordar el fraude y el uso indebido de visas temporales desde ciertas regiones, con India y Bangladesh citadas específicamente.
En números concretos, la preocupación abarca un aumento notable de solicitudes de asilo por parte de nacionales indios, que pasó de menos de 500 por mes en mayo de 2023 a alrededor de 2.000 por mes en julio de 2024, según las referencias oficiales. Además, el tiempo de procesamiento de visas para solicitantes indios se ha alargado, pasando de unos 30 días en julio de 2023 a unos 54 días en julio de 2024, y las aprobaciones para India cayeron de más de 63.000 en enero de 2024 a unas 48.000 en junio de 2024. En agosto de 2024, Canadá rechazó aproximadamente el 74% de las solicitudes de estudio procedentes de India, una tasa que refleja una mayor escrutinio y un endurecimiento de los criterios de aceptación. También se cita un aumento de casos de “no-board” (pasajeros impedidos de abordar vuelos) para solicitantes indios y dificultades para verificar documentos como indicios de un sistema bajo mayor presión.
Ravi Jain, abogado de inmigración radicado en Canadá, comenta un punto que los documentos internos señalan de forma clara:
“Instead of one-off refusals, entire groups or cohorts might be subject to cancellation rules.”
Añade:
“While the government insists the powers are not targeting specific nationalities, the documents suggest otherwise.”
Estas declaraciones muestran una tensión entre la retórica oficial de combatir el fraude y la percepción de que ciertas nacionalidades quedarían expuestas a medidas extraordinarias, una cuestión que ha encendido el debate entre defensores de derechos y organizaciones de la sociedad civil.
La respuesta oficial que se ha hecho pública proviene de IRCC, que dijo a CBC:
“The new authority is not intended to target any specific nationality and all decisions would be made in line with Canadian law.”
La cartera añadió que ha tomado “concrete steps” para reducir la actividad fraudulenta y los cruces fronterizos ilegales —incluido un endurecimiento en el filtrado de solicitudes de visa desde países con altas tasas de abuso—, pero las críticas persisten por la posibilidad de que se amplíe el poder para cancelar visas de forma masiva.
Más de 300 grupos de la sociedad civil han criticado la propuesta, advirtiendo que podría generar una especie de “máquina de deportación masiva” en lugar de un instrumento puramente preventivo frente al fraude de visa. Abogados y defensores advierten que, si bien no se admite públicamente un enfoque país-específico, los documentos internos son inequívocos al señalar a India y Bangladesh como naciones de mayor riesgo, lo que despierta preocupaciones sobre la equidad y las salvaguardas procesales.
Para los solicitantes de TRV desde India y Bangladesh, las implicaciones son claras y potencialmente disruptivas: mayor escrutinio, demoras y una mayor probabilidad de rechazo o cancelación, incluso si la visa ya fue emitida. La potestad de cancelar visas en masa podría significar la revocación de visados ya otorgados, un riesgo que altera por completo la planificación de viajes de estudios, trabajo y turismo. Ante ello, las autoridades recomiendan a las personas y a sus representantes garantizar la veracidad y la exhaustividad de la documentación, mantener la vigilancia sobre las comunicaciones oficiales y buscar asesoría legal ante cualquier aviso inusual o indicios de cancelación.
En el plano interior, la respuesta política e institucional ha sido ambivalente: por un lado, la necesidad de una mayor seguridad y control ante el incremento de solicitudes provenientes de India y Bangladesh; por otro, la preocupación de que tales medidas afecten a millones de aspirantes y a las comunidades de la diáspora que ya viven en Canadá o esperan llegar para estudiar, trabajar o visitar. India figura entre los mayores proveedores de estudiantes y trabajadores temporales para Canadá, por lo que la reconfiguración de las reglas podría alterar sustancialmente las trayectorias migratorias y las planificaciones de quienes aspiran a cruzar el Atlántico hacia una economía canadiense que, a su vez, depende de esa movilidad.
Desde la perspectiva estratégica, los analistas señalan que India y Canadá siguen buscando consolidar sus lazos a pesar de tensiones recientes, con cambios en las altas comisiones y encuentros de alto nivel en 2024. En ese contexto, algunos funcionarios señalan que las reformas migratorias deben equilibrar la integridad del sistema con la necesidad de evitar daños desproporcionados a familias y estudiantes que ya comprometieron planes de estudio o empleo. En particular, las autoridades subrayan que cualquiera de los cambios podría extenderse a otros flujos migratorios, incluyendo rutas como Start-Up Visa o programas de habilidad federal, lo que amplía el alcance de cualquier reforma futura y plantea preguntas sobre salvaguardas para evitar abusos sin socavar los derechos de los solicitantes legítimos.
Más aún, el marco legislativo en torno al Proyecto de ley C-12 introduce cambios específicos al IRPA (Ley de Inmigración y Protección de Refugiados) que permitirían al ministro suspender o terminar procesos de categorías enteras de solicitudes cuando existan retrasos o señales de fraude que pongan en riesgo la integridad del programa. El proyecto no garantiza compensación por solicitudes canceladas, limitándose potencialmente a reembolsos de tasas, y no incluye salvaguardas explícitas o alivios transitorios para los solicitantes afectados. Los analistas señalan que la posibilidad de extender estas facultades a otros programas de inmigración podría redefinir de forma amplia el paisaje de la inmigración temporal y permanente en Canadá.
Dentro del contexto diplomático, la iniciativa llega en un momento de esfuerzos por reparar relaciones con India y con otros países, con el nombramiento de nuevos representantes y encuentros de alto nivel en 2024. En ese marco, los críticos advierten que un rasgo de politización de las políticas de visados podría socavar la confianza de los futuros migrantes y de sus países de origen. Los defensores de derechos de migrantes piden salvaguardas claras para evitar abusos de poder y garantizar procedimientos justos, incluyendo revisiones, transparencia en las decisiones y mecanismos eficaces para impugnar resoluciones.
En resumen, la posibilidad de que Canadá gane la capacidad de cancelar visas de forma masiva, con India y Bangladesh señaladas de manera explícita como países de alto riesgo en documentos internos, marca un giro significativo en la gobernanza de la migración temporal. Mientras el objetivo declarado es la lucha contra fraude de visa y la preservación de la integridad del sistema, la nueva arquitectura legal plantea preguntas sobre equidad, justicia procesal y estabilidad de los canales de movilidad internacional. Los solicitantes y actores de la diáspora india deben estar atentos a cambios inminentes en la práctica migratoria canadiense y a las comunicaciones oficiales de IRCC y CBSA, así como a las posibles modificaciones que podría introducir el Proyecto de ley C-12 en las próximas semanas o meses.
Para ampliar la conversación, las autoridades canadienses señalan la necesidad de que los postulantes se aseguren de que toda la documentación esté correcta y completa; incluso las inconsistencias menores pueden activar un escrutinio más riguroso. Se recomienda vigilar el progreso de las deliberaciones sobre el Proyecto de ley C-12 y las comunicaciones oficiales de IRCC o CBSA, así como considerar rutas alternativas de migración o la presentación temprana de solicitudes si se aplican a un país de mayor riesgo. En este contexto, la cancelación de visas Canadá, que podría afectar a grupos enteros, no solo a individuos, se presenta como una línea de política que podría redefinir el equilibrio entre eficacia administrativa y derechos de los solicitantes.
Entre las cifras y las proyecciones, la narrativa oficial continúa defendiendo un marco de seguridad y de lucha contra el fraude de visa. Pero las voces de la sociedad civil y de los abogados advierten de que la forma en que se implementen estos poderes podría determinar si el sistema de migración de Canadá se percibe como justo y equitativo, o como una maquinaria que expulsa a comunidades enteras sin un debido proceso claro. En estas condiciones, el debate público y político sobre el Proyecto de ley C-12 no es solo un debate técnico; es, para miles de familias, una pregunta sobre qué significa exactamente poder cancelar en masa una visa y cuánta protección legal existe para evitar abusos.
Si se aprueba, el nuevo marco podría ampliar su alcance a diferentes flujos de entrada y modificar drásticamente las expectativas de los postulantes de India y Bangladesh, que ya cuentan con una de las comunidades más grandes en Canadá. En ese sentido, la historia reciente de la movilidad entre India y Canadá parece entrar en una nueva fase, donde la seguridad y la integridad del sistema migratorio conviven con el desafío de mantener rutas abiertas para la educación, el empleo y la reunificación familiar. A la espera de la evolución parlamentaria de C-12, las autoridades señalan la importancia de la vigilancia, la transparencia y la responsabilidad, mientras los solicitantes deben prepararse para un entorno de mayor severidad en la revisión de visas.
Para las personas que buscan información práctica, el portal oficial del gobierno canadiense continúa siendo la fuente principal para entender las reglas actuales de visas y programas, y para consultar cualquier actualización sobre Bill C-12 y sus implicaciones. Quienes estén evaluando opciones de viaje o migración deben considerar también la posibilidad de consultar asesoría legal especializada y mantener un registro claro de todos los documentos presentados, ya que la suma de pequeños detalles podría marcar la diferencia entre una aprobación y una cancelación futura.
En definitiva, Canadá se encuentra ante una encrucijada normativa: reforzar el control frente al fraude de visa y a las irregularidades, pero al costo de una mayor rigidez sobre rutas de movilidad ya frágiles para miles de aspirantes. El desenlace de este debate, y la eventual entrada en vigor de C-12, determinará no solo cuántas visas puedan ser canceladas en bloque, sino cuánto contarán la confianza y la previsibilidad en uno de los corredores migratorios más dinámicos y sensibles del mundo. Y en las oficinas de IRCC y CBSA, así como en las embajadas y consulados de Canadá alrededor del mundo, las respuestas a preguntas concretas de los solicitantes y las comunidades siguen siendo determinantes para el día a día de quienes buscan oportunidades legítimas en Canadá.
Para ampliar la cobertura, el lector puede consultar información oficial sobre procesos migratorios y cambios legislativos relevantes a través del portal gubernamental de Canadá, que ofrece guías y actualizaciones sobre visas temporales y las reformas que están en curso. Entre las referencias de interés, la documentación pública sobre requisitos de visado temporal y las actualizaciones de política migratoria pueden proporcionar claridad adicional sobre las salvaguardas y límites de cualquier futura acción de cancelación en masa.
Aprende Hoy
Proyecto de ley C-12 → Propuesta legislativa canadiense para ampliar las facultades ministeriales sobre suspensión o cancelación de grupos de solicitudes migratorias.
TRV (Visa de Residencia Temporal) → Permiso para visitas temporales a Canadá por turismo, estudio, trabajo o reunificación familiar.
IRCC → Immigration, Refugees and Citizenship Canada, departamento federal que gestiona inmigración y ciudadanía.
CBSA → Canada Border Services Agency, agencia responsable del control fronterizo, aduanas y aplicación de inmigración.
Este Artículo en Resumen
El Proyecto de ley C-12 permitiría a IRCC y CBSA suspender o cancelar cohortes de visas temporales para enfrentar fraude y proteger la integridad del programa. Documentos internos citan a India y Bangladesh como nudos críticos, mostrando un aumento de reclamos de asilo y demoras en trámites. La medida podría revocar visas ya emitidas y ofrece reembolsos limitados; defensores piden salvaguardas, transparencia y recursos de apelación antes de implementar cancelaciones masivas.
— Por VisaVerge.com
