Puntos Clave
- La Quinta Corte falló en enero de 2025 que emitir permisos de trabajo DACA en Texas es ilegal, protecciones de deportación siguen.
- Texas alberga 86,140 beneficiarios de DACA; alrededor de 4,300 son trabajadores de la salud en riesgo de partir.
- Si se levanta la estancia parcial, titulares de DACA recibirían apenas 15 días de aviso antes de revocar permisos.
(TEXAS) Texas aguarda una decisión federal que podría revocar los permisos de trabajo de los beneficiarios de DACA, mientras muchos contemplan abandonar el estado para mantener su capacidad de trabajar legalmente. Un fallo en curso del sistema judicial, que ya ha visto un giro significativo en enero de 2025, ha encendido la preocupación entre decenas de miles de personas que viven con protección de deportación pero con una autorización de empleo en riesgo. En Texas, donde viven más de 86,000 beneficiarios de DACA a junio de 2025, la posibilidad de perder el permiso de trabajo se percibe como una amenaza directa a sus carreras, sus familias y sus comunidades; y entre los más expuestos están los trabajadores de la salud, con alrededor de 4,300 entre los 29,000 profesionales de este sector que, a nivel nacional, cuentan con DACA.
Valeria Herrera, una enfermera pediátrica de 27 años que trabaja en Austin, representa una cara humana de la incertidumbre que se cierne sobre el grupo. Herrera ha renovado su permiso de trabajo de DACA cinco veces desde que solicitó por primera vez en 2012 y estima haber gastado más de $11,000 en honorarios legales y costos de procesamiento para mantener su estatus. Originaria de Monterrey, México, que llegó a Estados Unidos con dos años, recuerda un periodo particularmente doloroso en su vida: la pérdida de su madre, una experiencia que, admite, le dio una nueva claridad sobre la gravedad de la situación migratoria que enfrentaba.
“Even though I knew I was an immigrant and had DACA, the magnitude of all that didn’t hit me until I lost my mom. She was very much in control of our situation, and she helped me fill out my first DACA application before she passed away,”
dijo Herrera, citada junto a su trayectoria en el cuidado infantil que ha marcado su vida profesional y personal. Frente a la posible revocación del permiso de trabajo, Herrera contempla mudarse a Colorado para continuar su carrera de enfermería si la medida se concreta, una salida que reflejaría la fractura de una vida construida en un estado que la protege de la deportación, pero que podría negarle el derecho a trabajar si se mantiene la decisión de limitar permisos en Texas.
Ivonne Cruz, una enfermera especializada que pidió ser identificada solo por parte de su nombre por razones de seguridad, describe el impacto directo de la propuesta:
“The argument that we’re taking away resources from the state, I think, is simply not true. As a teenage single mother, I was able to pay my way through school. So, I’m not here to take anything from anyone.”
Cruz, quien obtuvo un título de licenciatura con un promedio de 4.0 en la universidad comunitaria, advierte que la medida no solo afectaría su capacidad de trabajar, sino también su trayectoria académica y profesional, y subraya que su historia es la de muchas otras personas que logran sus metas a través de esfuerzos y dedicación.
La lucha jurídica que ha llevado a este estado de incertidumbre comenzó en 2018 cuando el fiscal general de Texas, Ken Paxton, junto con otros seis estados, demandaron a la administración federal para terminar con DACA, alegando ilegalidad y daños económicos para los estados. Desde entonces, el caso ha pasado por varias instancias judiciales y ha terminado en un punto de inflexión en enero de 2025, cuando la Quinta Corte de Apelaciones dictaminó que era ilegal que el gobierno federal emitiera permisos de trabajo a beneficiarios de DACA en Texas, aunque mantuvo las protecciones de deportación. Ahora, la decisión está en manos de un juez federal de Brownsville, Andrew Hanen, quien debe decidir cómo implementar ese fallo. Los procedimientos se encuentran temporalmente suspendidos por una interrupción federal provocada por un cierre de gobierno, lo que añade otra capa de complejidad a un proceso ya difícil.
Entre las cuestiones clave se encuentra el plan del Departamento de Justicia: permitiría a los beneficiarios de DACA en Texas perder la autorización para trabajar pero conservar la protección de deportación. En contraste, podrían trabajar legalmente en otros estados. Esa distinción ha motivado a muchos a considerar trasladarse para mantener su situación laboral y de residencia legal, una decisión que puede parecer energética y práctica para algunos, pero devastadora para otros que tienen lazos fuertes con comunidades y empleadores en Texas. La Texas Immigrant Legal Center ha destacado que si la corte levanta la actual “stay” parcial, los titulares de DACA recibirían apenas 15 días de aviso antes de la revocación de sus permisos de trabajo, un plazo mínimo para reorganizar su vida laboral y personal.
A nivel práctico, la posibilidad de migrar para conservar el acceso a un permiso de trabajo y a una presencia legal plena cotiza entre las aspiraciones y temores de miles de familias. Moverse fuera de Texas podría restablecer el derecho a solicitar y mantener un permiso de trabajo y presencia legal, pero mudarse a Texas podría significar la pérdida de estos beneficios. Este debate no es meramente legal; tiene un impacto inmediato en las comunidades de salud, servicio social y base laboral, en un estado que, a través de su tamaño y su economía, se ha convertido en un polo central para la vida de los beneficiarios de DACA.
Las estadísticas subrayan la magnitud del fenómeno. En Texas hay 86,140 beneficiarios de DACA registrados a junio de 2025. De ese total, unos 4,300 forman parte del cuerpo de trabajadores de la salud a nivel estatal, y además, el país en su conjunto cuenta con 29,000 trabajadores de la salud que cuentan con DACA. En términos de costos personales, Herrera ha descrito explícitamente la magnitud de la inversión que ha hecho para sostener su estatus: “ha gastado más de $11,000 en honorarios legales y costos de procesamiento”. Este tipo de cifras no son simples indicadores de gasto; son francos recordatorios de la dedicación sostenida que muchos migrantes deben mantener para sostenerse, a la vez que se enfrenta a cambios legislativos que amenazan con desmantelar su seguridad laboral.
En el centro de la conversación está la pregunta de qué significa para la vida diaria de los beneficiarios de DACA en Texas: ¿qué sucede si la corte decide eliminar el permiso de trabajo? ¿Qué pasa si la gente se va a otro estado para conservar su empleo? ¿Qué sucede con la protección de deportación que, por ahora, sigue vigente en ciertos escenarios? En noviembre de 2025, la situación se describe como una “futura” en la que no hay cambios inmediatos para los titulares actuales de DACA en Texas, ya que los permisos de trabajo se mantienen válidos bajo la estancia parcial. Sin embargo, si esa estancia se levanta, los permisos podrían revocarse con 15 días de preaviso. Para los nuevos solicitantes de DACA en Texas, la protección de la acción diferida puede aplicarse, pero no se otorgan permisos de trabajo ni presencia legal, una realidad que complica la posibilidad de mantener una trayectoria profesional estable en el estado.
Para las familias, profesionales de la salud y estudiantes que ya están inmersos en el sistema educativo, las implicaciones son considerables. Cruz y Herrera, con sus historias personales, son apenas dos ejemplos de una amplia red de beneficiarios de DACA que, a falta de claridad futura, intentan prever el siguiente paso. Algunas personas han empezado a planificar mudanzas a estados cercanos que ofrecen un mercado laboral que podría absorber a profesionales cualificados que, de otro modo, podrían verse obligados a abandonar la profesión por falta de autorización de trabajo en Texas. El debate, sin embargo, no se limita a los efectos en el empleo. También está la cuestión de la seguridad familiar y la estabilidad de vivienda, de modo que muchas familias se ven forzadas a sopesar decisiones que podrían afectar otros aspectos de su vida, como la educación y el acceso a servicios sociales.
El argumento de los críticos y, por supuesto, de los sostenedores de la ley, es que la medida no busca negar recursos sino ajustar el marco legal a una interpretación de las políticas migratorias. Pero para los beneficiarios de DACA y para las comunidades que dependen de su trabajo, la posibilidad de perder permisos de trabajo en Texas representa un golpe directo a la economía local y a la salud pública, especialmente en comunidades que ya experimentan escasez de personal sanitario y de cuidadores. La conversación, por lo tanto, no es meramente legal; es profundamente humana. Es, en gran medida, una conversación sobre cómo un estado con una notable población de inmigrantes puede proteger a su gente cuando las normas federales cambian sin un marco claro para la vida cotidiana de quienes ya han sido protegidos de la deportación y que, a la vez, han construido su futuro alrededor de la posibilidad de trabajar legalmente.
El desafío ahora es doble. Por un lado, la necesidad de que las familias consulten a profesionales de inmigración para entender las posibles implicaciones de mudarse fuera de Texas, especialmente cuando se tiene en cuenta el futuro de los beneficios que se otorgan o retienen con DACA. Por otro lado, la urgencia de las autoridades estatales y federales de comunicar de forma clara y oportuna cualquier cambio en la política de permisos de trabajo, para evitar que los beneficiarios de DACA se vean atrapados entre la devoción de protecciones y la necesidad de empleo que sostiene a sus familias. En ese sentido, la recomendación de seguir asesoría legal especializada —para comprender las opciones de traslado y los posibles impactos en la residencia legal— se mantiene como una guía prudente en un momento en que las reglas podrían cambiar en cuestión de días.
A la luz de estos acontecimientos, la vida de los beneficiarios de DACA en Texas se acorta a la necesidad de adaptarse a un paisaje jurídico que podría redibujar el mapa de sus derechos laborales. Los números de junio de 2025 —86,140 beneficiarios de DACA en Texas, con 4,300 empleados de servicios de salud entre ellos— iluminan la escala de la realidad: no solo se trata de un fallo judicial; es una cuestión de personas reales que trabajan, estudian, cuidan a otros y, en muchos casos, mantienen a sus familias con esperanzas de un futuro que, por el momento, depende de una decisión que podría cambiarlo todo. La promesa de un permiso de trabajo, que ha constituido para muchos una clave de estabilidad, se encuentra en el filo, y las historias de Herrera y Cruz ponen rostro a ese dilema.
El debate continúa con un fuerte componente humano. Es crucial recordar que, más allá de las cifras, hay hombres y mujeres que han invertido años de su vida en la educación, el entrenamiento y el servicio comunitario, y que ahora podrían vertebrar su vida en otro estado para sustentar su empleo. Herrera, que ha agregado a su historial la experiencia de haber perdido a su madre y, a la vez, haber seguido adelante con su labor de enfermería, personifica esa tensión entre pertenencia y migración. Cruz, que ha mostrado una trayectoria académica impecable y un compromiso notable con la atención sanitaria, resalta la dimensión de oportunidad y de miedo que se entrelazan con cada decisión que debe tomarse ante un posible cambio en las políticas de DACA.
A la luz de estas experiencias, la comunidad legal y los defensores de los derechos de los inmigrantes sostienen que la respuesta más realista para muchos beneficiarios de DACA es buscar asesoría profesional continua y evaluar las opciones de reubicación con cautela. Las autoridades señalan que la situación es fluida y que el resultado de la consulta legal puede marcar una diferencia contundente en las decisiones personales y familiares. En el marco de ese proceso, existe un reconocimiento explícito de que las personas afectadas deben entender no solo los aspectos de empleo, sino también las implicaciones para su estatus migratorio, su capacidad para permanecer en los Estados Unidos y la posibilidad de seguir trabajando de forma legal cuando se desplace a otros estados.
Para quienes buscan información oficial, existen recursos y guías que explican el estado actual de DACA y sus implicaciones. El portal oficial de DACA, gestionado por USCIS, ofrece la información pertinente sobre el programa, sus alcances y los requisitos aplicables para quienes ya gozan de protección frente a la deportación y para los nuevos solicitantes. Quienes necesiten orientación específica pueden acudir a ese recurso y, de ser posible, consultar con abogados especializados en inmigración para entender las rutas y las opciones disponibles en el contexto de Texas y de otros estados. En medio de la incertidumbre, la recomendación de buscar asesoría profesional y de mantenerse al tanto de las resoluciones judiciales se mantiene como una guía prudente para quienes se ven obligados a decidir entre quedarse o mudarse en busca de continuidad laboral y estabilidad familiar.
Para el lector que se pregunta qué significa todo esto para la vida cotidiana de un beneficiario de DACA y para las comunidades de Texas, la respuesta es que el futuro está sujeto a una serie de asuntos que aún no están cerrados. Las decisiones judiciales, las acciones del Departamento de Justicia y las realidades del mercado laboral convergen para dibujar un panorama que podría endurecer la forma en que se accede al trabajo y a la residencia legal para un grupo de personas que ya han demostrado su compromiso con las comunidades a las que sirven. En esa intersección entre derecho y vida real, las historias de Herrera y Cruz sostienen la memoria de por qué DACA existía en primer lugar: para proteger a quienes, a pesar de la adversidad, han buscado un camino para contribuir a la sociedad y a las comunidades en las que viven.
Por ahora, las noticias llegan con matices de cautela y de previsión. No hay un anuncio inmediato que cambie de golpe la vida cotidiana de los beneficiarios de DACA en Texas; los permisos de trabajo se mantienen durante la vigencia de la estancia parcial, pero la posibilidad de revocación con 15 días de aviso, en caso de que la corte decida eliminar la protección, es un recordatorio de que lo que está en juego es mucho más que una etiqueta legal. Es la capacidad de trabajar, de sostener a una familia y de continuar sirviendo a comunidades que necesitan con urgencia médicos, enfermeros, docentes y trabajadores que, a pesar de las circunstancias, han construido su vida en un país que les ofreció la posibilidad de un futuro mejor. A la luz de ese panorama, la prioridad para las personas afectadas es la información, la asesoría profesional y la claridad en las políticas que deben definir, con precisión y responsabilidad, el alcance de la protección y de los permisos de trabajo en un estado tan central para la vida de los beneficiarios de DACA y para el tejido social y laboral de todo el país. Para quienes buscan un marco claro, el camino pasa por comprender los cambios, las implicaciones para los permisos de trabajo y la manera en que la protección de deportación se entrelaza con la posibilidad de seguir trabajando en Texas o en otro estado. En medio de un proceso que aún no está cerrado, las historias de Herrera y Cruz recuerdan que las palabras en los papeles y las decisiones en las cortes tienen un impacto directo en la vida diaria de la gente.
Para quien desee información oficial sobre DACA y sus derechos, el portal oficial de DACA de USCIS ofrece respuestas y guías actualizadas sobre el programa, sus límites y sus excepciones. El programa no sólo protege a las personas frente a la deportación, sino que en algunos contextos puede permitir ciertos derechos de empleo, ya definidos por la ley federal y las decisiones judiciales. Aunque la situación en Texas es particularmente sensible por el fallo de la Quinta Corte de Apelaciones y la posible implementación por la Corte de Hanen, la ruta informativa y legal disponible para los beneficiarios de DACA continúa siendo un elemento crucial para la toma de decisiones. En esa línea, la posibilidad de que un migrante en Texas pueda planificar su futuro con una claridad mayor depende de la rapidez con la que las autoridades y los sistemas judiciales comuniquen cambios y de qué forma se implementen las decisiones judiciales a nivel local.
Para las familias que viven en la frontera entre la seguridad y la vulnerabilidad, los datos hablan de una comunidad que no es homogénea en sus posiciones. Cada historia, cada decisión de migración o de permanencia, se teje con la experiencia de años de estudio, de trabajo y de dedicación a las comunidades que se benefician de su labor. Los beneficiarios de DACA, como Herrera y Cruz, no son solo números: son profesionales que han invertido años de su vida en la educación, en la formación médica y en el servicio a otros, a menudo a expensas de sacrificios personales significativos, que ahora esperan que el marco legal a su alrededor ofrezca una ruta estable para el presente y el futuro. Y mientras esa ruta aún se está definiendo, la urgencia de consultar a profesionales legales y de mantenerse informados es, para muchos, la única manera de evitar que la incertidumbre se convierta en una realidad cotidiana de precariedad laboral.
En síntesis, Texas vive un momento decisivo para sus beneficiarios de DACA: un juego de equilibrio entre protección de deportación y permisos de trabajo que podría redefinir la forma en que estos residentes contribuyen a la economía y a la vida social del estado. Con 86,140 beneficiarios de DACA en Texas y 4,300 de ellos trabajando en el sector de la salud, el estado no solo alberga a una parte importante de la fuerza laboral migrante, sino que también depende de su presencia para sostener comunidades que ya enfrentan escasez de personal. El resultado de la próxima decisión judicial y las acciones de las autoridades federales y estatales definirán si estas personas pueden continuar su labor en Texas, o si, para preservar su empleo, deberán buscar oportunidades en otros estados. Frente a esa realidad, las voces de Herrera y Cruz son un recordatorio claro de que las políticas migratorias no se quedan en los tribunales: se traducen en la vida diaria de quienes hacen posible que hospitales, clínicas escolares y centros comunitarios funcionen. Y en ese cruce entre la norma y la vida real, los beneficiarios de DACA siguen esperando, con resiliencia, que la ley les permita seguir trabajando en las comunidades a las que sirven. Para información oficial sobre DACA y sus derechos, consulte el portal oficial de DACA de USCIS: DACA – USCIS.
Aprende Hoy
DACA → Acción diferida para los llegados en la infancia; protege contra la deportación a personas traídas a EE. UU. de niños.
Estancia parcial → Orden judicial temporal que suspende por ahora la aplicación de un fallo para mantener beneficios existentes.
Quinta Corte de Apelaciones → Tribunal federal que cubre Texas y emitió en enero de 2025 la decisión sobre permisos de trabajo.
Este Artículo en Resumen
La Quinta Corte dictaminó en enero de 2025 que el gobierno no puede emitir permisos de trabajo a beneficiarios de DACA en Texas, manteniendo a la vez las protecciones contra la deportación. El juez Andrew Hanen en Brownsville decidirá cómo aplicar el fallo tras una pausa por el cierre federal; una estancia parcial permite que los permisos actuales sigan vigentes. Texas alberga unos 86,140 beneficiarios, incluidos aproximadamente 4,300 trabajadores sanitarios, y el plan del DOJ que limita permisos en Texas ha motivado mudanzas y advertencias sobre avisos de solo 15 días.
— Por VisaVerge.com
