Puntos Clave
- El DHS propuso el 3 de noviembre de 2025 recopilar huellas, fotos, iris, voz y pruebas de ADN para trámites migratorios.
- La regla eliminaría límites de edad y afectaría a más de 3 millones de personas al año, costo anual $288.7 millones.
- Incluye solicitantes, patrocinadores y personas en procesos de expulsión y formaliza una vigilancia biométrica continua hasta la naturalización.
(UNITED STATES) El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha informado formalmente su propuesta de ampliar de forma amplia la recopilación de datos biométricos en el proceso de inmigración, e incluir pruebas de ADN entre los requisitos para quienes buscan beneficios migratorios y para quienes participan en procesos de inmigración de forma general. La propuesta, publicada para comentarios públicos el 3 de noviembre de 2025, costaría alrededor de 288,7 millones de dólares al año y 2,5 mil millones de dólares en diez años, y afectaría a más de 3 millones de personas al año. El cambio elimina todas las restricciones de edad, de modo que niños e incluso recién nacidos podrían verse obligados a proporcionar ADN, huellas dactilares, imágenes faciales, escaneos de iris y huellas de voz.
La propuesta establece que la recopilación de biometría, incluidos ADN y otros datos, será obligatoria para todos los solicitantes de beneficios de inmigración, sin importar su edad o el tipo de solicitud. Esto incluye no solo a extranjeros, sino también a ciudadanos de Estados Unidos y residentes legales permanentes que patrocinan o están vinculados a presentaciones migratorias. Según el DHS, se ampliaría además el control continuo: los inmigrantes que obtengan beneficios quedarían sometidos a una vigilancia biométrica continua a lo largo de su estancia en el país hasta que obtengan la naturalización. En ese marco, el Ministerio podría requerir, solicitar o aceptar muestras de ADN en crudo y/o resultados de pruebas de ADN para verificar relaciones genéticas alegadas o no reclamadas, o para confirmar el sexo biológico; estos datos podrían utilizarse, almacenarse o compartirse para fines de adjudicación migratoria o para fines de aplicación de la ley.
La eliminación de las limitaciones de edad significa que niños y recién nacidos podrían ser sometidos a toma de huellas y pruebas de ADN en el marco de esfuerzos para prevenir el tráfico de personas y verificar reclamos de familia. El alcance se ampliaría también a personas en procedimientos de expulsión y a ciudadanos estadounidenses que patrocinan a familiares, a quienes ahora se les exigirían verificaciones de antecedentes como parte del cumplimiento de leyes de protección de menores y de matrimonio para evitar la explotación. Además, el DHS tendría la potestad de compartir datos biométricos con agencias federales, estatales y locales, así como con algunas agencias extranjeras. El periodo de comentarios públicos se mantiene en 60 días desde la publicación del texto en el Federal Register, el 3 de noviembre de 2025.
En la propia declaración oficial, el DHS explicó:
“Using biometrics for identity verification and management will assist DHS’s efforts to combat trafficking, confirm the results of biographical criminal history checks, and deter fraud.”
Estas palabras figuran entre los argumentos de los funcionarios del DHS para justificar la iniciativa, que también persigue “strengthen identity management, national security vetting, and fraud prevention”. El conjunto de medidas, aseguran las autoridades, no solo busca la seguridad nacional, sino también fortalecer la gestión de identidades y la detección de fraudes en un marco de control que, según sus defensores, sería más ágil y contundente que el existente.
El costo estimado se desglosa en 288,7 millones de dólares anuales, con una proyección de 2,5 mil millones en diez años. La cifra ha generado preocupación entre defensores de la privacidad y grupos de derechos de los inmigrantes, que señalan riesgos de privacidad, vigilancia sostenida y posibles usos de datos que no quedan suficientemente limitados en términos de retención y uso. En particular, la propuesta ha reavivado críticas por la posibilidad de que la recolección de ADN de niños migrantes, incluso de niños tan pequeños como cuatro años, represente una desviación amplia de normas legales y éticas y un salto significativo en los estándares actuales de protección de datos personales.
Diversos actores han enfatizado que el programa no solo afectaría a individuos que buscan asilo o visados, sino que también podría alcanzar a ciudadanos estadounidenses que actúan como patrocinadores de familiares, quienes podrían verse sujetos a controles biométricos y a verificaciones más exhaustivas. El plan, según los documentos oficiales, está diseñado para un proceso de revisión y cribado que se mantiene en un continuo durante la estancia de la persona en el país, y que podría extenderse hasta la naturalización, si es que se logra. En la práctica, esto podría traducirse en una vigilancia de por vida para ciertos titulares de beneficios, a menos que se resuelva su estatus con la naturalización, lo que para muchos implicaría años de exposición a revisiones biométricas periódicas y a posibles solicitudes de datos adicionales.
El intento de ampliar el uso de pruebas de ADN y otros datos biométricos no sale de la nada; se inscribe en un marco histórico de cambios regulatorios que ya han visto momentos de auge y retroceso. Este esfuerzo revive y expande una regla similar que ya fue anunciada en septiembre de 2020, aunque fue retirada en mayo de 2021 durante la administración de Biden. Ahora la propuesta se presenta en un contexto político que ya ha sido asociado por algunos observadores con un endurecimiento de las políticas de control migratorio, un movimiento que algunos analistas describen como parte de esfuerzos más amplios para incrementar la vigilancia sobre inmigrantes y sus familias.
Las críticas no se han hecho esperar. Organizaciones defensoras de la privacidad y de los derechos de los inmigrantes advierten sobre riesgos de privacidad, sobre la posibilidad de un sistema de seguimiento extenso y sobre la ausencia de límites claros en cuanto al uso y la retención de datos. En particular, la posibilidad de recolectar y almacenar ADN de menores migrantes ha sido señalada por críticos como un paso drástico y problemático desde el punto de vista ético y legal, con la preocupación de que tales prácticas podrían normalizar una vigilancia que afecte a generaciones futuras. Los contrargumentos señalan además que, a pesar de las promesas de seguridad, la mayor parte de los casos de uso de ADN en el proceso migratorio podría generar más preguntas que respuestas, sin una garantía de que la información no se utilice con fines prohibidos o con fines de ordenamiento migratorio que no tenga relación con la verificación de identidad o de relaciones biológicas.
Para las comunidades afectadas, el cambio promete, en teoría, una verificación más robusta de identidades y relaciones, pero también plantea incertidumbres sobre la vida diaria de quienes ya viven bajo un marco de regularidad migratoria. Familias que han vivido años en el país podrían enfrentar una serie de revisiones y verificaciones sistemáticas que, en la práctica, pueden traducirse en demoras, tensiones y una sensación constante de que cada trámite puede desencadenar una nueva recogida de datos biométricos. Si bien el DHS sostiene que la iniciativa fortalecería la seguridad y la integridad de los procesos, las comunidades de defensa de derechos humanos advierten que la centralidad de la biometría podría erosionar el principio de consentimiento y la protección de datos personales, especialmente cuando se trata de menores de edad.
En términos de implementación, la propuesta sugiere que la recolección abarca a todas las personas implicadas en el proceso, incluyendo a quienes se encuentran en procedimientos de expulsión, así como a ciudadanos estadounidenses que patrocinan a familiares y que estarían sujetos a controles de antecedentes como parte de las obligaciones asociadas con leyes de protección infantil y matrimonios en el ámbito migratorio. En la práctica, esto significa que, si se aprueba, millones de casos podrían obligarse a entregar datos biométricos de forma continua a lo largo de años. La autoridad también podría compartir estos datos con agencias estatales y locales, y, en algunos casos, con agencias extranjeras, abriendo un abanico de preguntas sobre cooperación transfronteriza y salvaguardias de uso de información sensible.
En cuanto a la política de implementación, se advierte que la regla aún no está en vigor. Después de la finalización del periodo de comentarios públicos, que se especifica como de 60 días a partir del 3 de noviembre de 2025, el proceso de implementación podría extenderse durante varios meses o incluso más, dependiendo de la respuesta de actores públicos y privados, así como de las consideraciones legales y administrativas que deban resolverse antes de la entrada en vigor. Quienes deseen impugnar o proponer cambios en la norma tienen la posibilidad de presentar comentarios durante ese periodo, una etapa que el DHS ha descrito como una oportunidad para la retroalimentación de académicos, defensores de derechos civiles, organizaciones de migrantes y comunidades afectadas.
El impacto humano de la propuesta se ve con particular claridad cuando se observa que la eliminación de límites de edad abre la puerta a que niños, incluso infantes, sean objeto de pruebas de ADN y de verificación biométrica. Para muchos observadores, esto representa un cambio radical en el enfoque de gestión de la identidad y la seguridad en el marco migratorio, con posibles efectos a largo plazo para la forma en que las familias migrantes entienden su estancia en Estados Unidos. Por su parte, quienes defienden la propuesta sostienen que cada paso hacia un control más riguroso de antecedentes y verificación de identidad reduce las posibilidades de fraude y facilita la detección de redes de tráfico, ya sea de personas o de cruce de documentos, asegurando que los procesos de beneficios migratorios respondan a criterios de seguridad y fiabilidad más sólidos.
Entre las muchas preguntas que quedan hay un debate claro sobre el balance entre seguridad y derechos individuales. Los proponentes señalan que la recopilación de datos biométricos proporcionaría una base sólida para combatir el tráfico de personas, confirmar los resultados de cribados de antecedentes y disuadir el fraude, citando las propias palabras del DHS. Al mismo tiempo, los críticos señalan que la ampliación de la captura de ADN y otros datos biométricos podría tener efectos desproporcionados en comunidades vulnerables y crear una infraestructura de vigilancia que sea difícil de revertir o restringir una vez establecida. La conversación pública, acompañada de un periodo de comentarios, será crucial para definir si el programa se ajusta a estándares éticos, legales y prácticos que acepten un enfoque más fuerte de control de la inmigración sin sacrificar derechos fundamentales y salvaguardias de privacidad.
En cuanto a la forma de participar, el DHS invita a actores interesados a presentar comentarios durante el periodo de 60 días que comienza con la publicación. Aunque la acción no está en vigor todavía, los interesados pueden decidir activar el debate público y presentar preocupaciones, sugerencias o apoyo a las medidas propuestas. En el ámbito práctico, parte de la discusión se centra en cómo podrían implementarse los cambios en la infraestructura existente de control de fronteras, adjudicación de casos y cooperación con agencias de seguridad, dado que la propuesta prevé la recopilación y el intercambio de datos entre múltiples entidades a nivel federal, estatal y local y, en ciertos casos, con entidades extranjeras.
Si se aprueba finalmente, el DHS podría exigir pruebas de ADN y otros datos biométricos para millones de personas cada año, un salto que habría de integrarse con herramientas como la verificación de identidad y el control de antecedentes. En ese contexto, la propuesta también plantea preguntas sobre la disponibilidad de recursos para la infraestructura de laboratorio, la seguridad de los datos y las garantías de que la información se utilice exclusivamente para fines de migración y seguridad y no para usos no previstos. En particular, la dimensión de costos —288,7 millones de dólares anuales— y la proyección de 2,5 mil millones de dólares en diez años deben ser evaluadas frente al impacto en la vida de las familias que ya viven en Estados Unidos y que podrían verse sometidas a revisiones biométricas de forma repetida a lo largo de años.
A medida que transcurra el periodo de comentarios, las organizaciones de defensa de derechos humanos y las comunidades de migrantes seguirán observando con detalle las respuestas de DHS y las posibles enmiendas que puedan evitar que la biometría, y especialmente el ADN, se convierta en un mecanismo de vigilancia permanente sin salvaguardias claras. En este marco, se mantiene la promesa de que la propuesta podría mejorar la seguridad y la eficiencia de la verificación de identidad, pero también se mantiene la preocupación por el consentimiento, la retención de datos y el alcance de la vigilancia en una economía y una sociedad en la que la movilidad humana es cada vez más compleja.
Para quienes quieran profundizar o actuar en el marco de este proceso de revisión, el texto propone que el público tenga la posibilidad de aportar comentarios a través de canales oficiales durante el periodo de 60 días a partir del 3 de noviembre de 2025. Si se desea conocer el texto completo de la regla propuesta o las instrucciones para presentar comentarios, es posible consultar las publicaciones oficiales, y para quien maneja las cuestiones administrativas, entre los recursos se incluye la página de Form I-485 como un instrumento operativo en el marco de los procesos de inmigración de beneficios, que está disponible en la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos: Form I-485. Asimismo, para quienes deseen revisar el proceso en el contexto regulatorio, la referencia al registro federal de la propuesta permanece como marco de consulta pública en el Federal Register, disponible para consulta general en la web oficial del gobierno. La conversación pública, de este modo, podría dar forma a una política que, de aprobarse, acompañaría a la política migratoria de la nación en los años venideros, con un enfoque centrado en la seguridad, la verificación y la integridad de los procesos, pero también en un escrutinio constante de cómo se balancean los derechos de las personas con las necesidades de seguridad nacional.
En última instancia, la pieza central de la historia es la realidad humana detrás de estas cifras y políticas: millones de personas, familias y patrocinadores, que se verían inmersos en un sistema de control biométrico más amplio y más intrusivo, frente a la promesa de una mayor integridad y seguridad del sistema. La propuesta no es puramente técnica; es una decisión que podría cambiar la manera en que las identidades y relaciones migratorias se verifican, se almacenan y se comparten. A la vez, es una invitación a la sociedad civil, a las comunidades afectadas y a los responsables políticos a debatir un equilibrio que permita a Estados Unidos mantener un sistema de inmigración que sea a la vez seguro, eficiente y respetuoso de la dignidad de las personas. Mientras tanto, las organizaciones que luchan por la privacidad y la protección de datos advierten que se deben establecer salvaguardias claras para evitar abusos, y que cualquier incremento en la recopilación de ADN y otros datos biométricos debe venir acompañado de límites estrictos en su uso y retención, y de mecanismos de rendición de cuentas que hagan efectivo ese equilibrio. En un país donde la movilidad humana es una constante, el debate sobre prueba de ADN, datos biométricos y beneficios de inmigración se mantiene como una conversación decisiva sobre qué tipo de sociedad y qué tipo de frontera quiere construir Estados Unidos.
Aprende Hoy
Biometría → Medidas físicas o de comportamiento usadas para identificar personas, como huellas dactilares, fotos faciales, iris, voz y ADN.
Vigilancia continua → Controles de identidad y antecedentes repetidos durante la residencia o estatus migratorio hasta la naturalización.
Expulsión → Procedimiento en tribunales migratorios destinado a deportar a una persona del país.
Patrocinador → Ciudadano o residente permanente que presenta una petición o respalda la solicitud de un inmigrante.
Este Artículo en Resumen
El Departamento de Seguridad Nacional propuso el 3 de noviembre de 2025 ampliar la recopilación de datos biométricos en procesos migratorios, eliminando límites de edad e incluyendo pruebas de ADN. La medida abarcaría solicitantes, patrocinadores y personas en procesos de expulsión, afectando a más de 3 millones de personas al año y costando 288,7 millones de dólares anuales. DHS justifica la iniciativa como prevención de fraude y tráfico; defensores de la privacidad advierten sobre retención, uso y compartición de datos, y la recolección de ADN de menores.
— Por VisaVerge.com
