Puntos Clave
- El DHS propuso el 3 de noviembre de 2025 ADN obligatorio y biometría ampliada para todos los solicitantes de inmigración.
- La propuesta abrió un periodo público de comentarios de 60 días y no establece exenciones por edad.
- Los datos biométricos podrían retenerse indefinidamente y compartirse con agencias federales, estatales, locales y algunas extranjeras.
(UNITED STATES) El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha propuesto un nuevo reglamento que, según el texto publicado en el Federal Register el 3 de noviembre de 2025, obligaría a la recopilación de DNA y datos biométricos ampliados para todos los solicitantes de inmigración, sin importar la edad ni el tipo de trámite. La propuesta abre un periodo de comentarios público de 60 días a partir de su publicación, lo que mantiene el tema en una fase de revisión antes de cualquier implementación. La noticia se acumula alrededor de un cambio de gran impacto: la movilización de una base de datos biométrica universal para every proporcionar de una vía de entrada y permanencia en el país, una medida que, según críticos y defensores, podría redefinir la forma en que se gestiona la identidad de los solicitantes de inmigración y la seguridad nacional.
La propuesta implica que todas las personas que presenten o estén asociadas a cualquier solicitud o procedimiento de beneficio migratorio —incluyendo solicitantes de visa, quienes buscan la residencia permanente, asilados, patrocinadores familiares y hasta niños e infantes que se encuentren en puntos de cruce o detención— deberán entregar una batería de datos biométricos. Entre ellos figuran muestras de ADN para verificación de identidad, confirmación de relaciones y, en algunos casos, evidencia de sexo biológico, junto con imágenes faciales, escaneos de iris y retina, huellas dactilares y palmarias, huellas de voz y firmas manuscritas. En palabras de las autoridades, la medida se ha planteado con la finalidad de reforzar la verificación de identidad y el control de antecedentes, así como para disuadir fraudes y facilitar la gestión de la información, en una lógica de mayor rigor para con los procesos migratorios.
El alcance no se limita a un primer cruce de datos. Según la propuesta, no existirán límites de edad; incluso los niños y los lactantes podrían someterse a fingerprinting y escaneos para prevenir el tráfico de personas y para confirmar de forma más fiable las reclamaciones de parentesco. Además, la recopilación biométrica no quedarática a la etapa inicial del trámite: podría haber revisiones biométricas continuas a lo largo de la estancia de los migrantes, los patrocinadores y los miembros de la familia en los Estados Unidos, no solo al inicio del proceso. La autoridad ampliada de DHS permitiría la colección de biometría no solo durante el procesamiento de las solicitudes, sino también cuando un no ciudadano sea detenido o arrestado por autoridades de inmigración. Y, en un giro que ha generado preocupación, los datos podrían mantenerse de forma indefinida y compartirse con agencias federales, estatales y locales, e incluso con algunas agencias de gobiernos extranjeros.
Comparada con la práctica vigente, la propuesta representa un giro sustancial. Hasta ahora, la extracción de ADN se limitaba a la verificación de relaciones familiares cuando la documentación era insuficiente y a ciertos programas de aplicación de la ley, con organismos como CBP e ICE recolectando ADN de no ciudadanos en custodia. La propuesta transforma esa recopilación en una parte rutinaria de los procesos de inmigración, una modificación de gran envergadura que podría alterar el equilibrio entre seguridad y derechos civiles.
En su justificación oficial, el DHS afirma que la ampliación de la recopilación biométrica permitirá “combatir la trata de personas, confirmar los resultados de los controles de antecedentes biográficos y disuadir el fraude”, además de fortalecer la gestión de identidades y la verificación de seguridad. Este mensaje forma parte de una percepción más amplia dentro de la administración de intensificar el escrutinio sobre las solicitudes de inmigración y ampliar la recopilación de datos de extranjeros, una línea que ha sido descrita por algunos observadores como parte de un esfuerzo más amplio para endurecer las políticas migratorias.
Entre las voces que acompañan el debate, el DHS ha señalado explícitamente que
“Using biometrics for identity verification and management will assist DHS’s efforts to combat trafficking, confirm the results of biographical criminal history checks, and deter fraud.”
En este punto, varias voces del ámbito legal y de derechos civiles han reaccionado con cautela, si no con alarma. Richard T. Herman, Esq., abogado de inmigración, señaló:
“Collecting DNA from immigrants isn’t just about security — it’s about control. Once your genetic data is in a federal database, you can never truly delete it.”
Este comentario sintetiza una preocupación recurrente sobre la permanencia de datos genéticos y el acceso a ellos a perpetuidad. Por otra parte, Stevie Glaberson, investigador y defensor de derechos civiles, añadió:
“US border authorities’ widespread collection of DNA raises serious constitutional concerns and represents an abuse of power that threatens civil rights.”
Estas opiniones destacan una líneas de debate en torno a la privacidad, el alcance constitucional y el marco de derechos civiles ante un sistema de vigilancia tan amplio.
El debate legal y de privacidad se ha intensificado en torno a este cambio, que además implica una reversión de políticas de la era de la Administración anterior, que habían considerado inviable la recopilación masiva de ADN entre detenidos migratorios. Expertos legales advierten de posibles impugnaciones en tribunales sobre derechos a la privacidad, protección de datos genéticos y límites de poder gubernamental, con proyecciones de que la propuesta podría llegar incluso a la Corte Suprema en algún momento. Organizaciones de defensa de la privacidad, como la Electronic Frontier Foundation (EFF), han catalogado la propuesta como “genetic surveillance” —una intrusión sin precedentes en la esfera de la intimidad personal. En este marco, algunos analistas recordaron la jurisprudencia de Maryland v. King (2013), que sostuvo la toma de muestras de ADN de personas arrestadas como un registro razonable; sin embargo, existen diferencias sustancial cuando se trata de detenciones migratorias, que son civiles y no penales, lo que levanta preguntas sobre la aplicación de la Cuarta Enmienda.
La práctica propuesta obligaría a solicitantes de inmigración y patrocinadores a prepararse para entregar una amplia gama de datos biométricos, incluyendo ADN, para todos los trámites migratorios. Los niños y los lactantes estarían sujetos a la recopilación biométrica, y los patrocinadores, incluso cuando sean ciudadanos estadounidenses, tendrían que someterse a nuevas verificaciones de antecedentes. Además, la retención indefinida de perfiles biométricos eleva la preocupación por la gestión de la información y su eventual uso fuera de los escenarios de inmigración. En los documentos oficiales, se detalla que la recopilación podría extenderse a lo largo de la estancia en los Estados Unidos y no limitarse al periodo de procesamiento de la solicitud; y que, en caso de ser finalizada, la norma incluiría redes de consulta que permitirían el acceso y uso de datos por múltiples agencias a diferentes niveles de gobierno, lo que agrava las discusiones sobre límites y salvaguardas necesarias para la protección de datos sensibles.
El proceso de aprobación también aporta un componente práctico. El reglamento fue publicado el 3 de noviembre de 2025 y, como parte de su marco, el periodo de comentarios está abierto durante 60 días. DHS invita a la retroalimentación a través del Portal Federal de Reglamento Electrónico, lo que significa que la participación pública podría influir en el texto final de la norma. En caso de que se apruebe, la implementación se realizará de acuerdo con directrices de DHS, y se anunciarán detalles adicionales en los canales oficiales. Para quienes buscan orientación específica sobre casos concretos, DHS sugiere consultar con abogados de inmigración o enviar consultas a través de los canales oficiales, marcando la relevancia de un asesoramiento profesional para navegar un sistema que, de confirmarse, afectaría a decenas de millones de personas a lo largo de años.
Entre las consideraciones técnicas de la propuesta, el documento describe que la base de datos biométrica podría incorporar la “DNA” y otros rasgos para una verificación de relación y para demostrar el sexo biológico en ciertos casos. En paralelo, la retención indefinida y el intercambio con agencias de otros niveles de gobierno, así como con algunos gobiernos extranjeros, presentan un mosaico de escenarios en los que la seguridad, la vigilancia y la protección de datos deben convivir con derechos individuales y libertades civiles. En este sentido, los defensores de derechos humanos y privacidad han pedido que cualquier implementación esté sujeta a salvaguardas estrictas, auditorías y límites claros sobre el uso de la información genética y biométrica, a la vez que las autoridades subrayan que las mejoras de verificación buscan prevenir estafas y facilitar procesos jurídicos transparentes.
En la práctica, si la norma se aprueba tal como está redactada, los solicitantes y patrocinadores deberán prepararse para entregar una clase de datos biométricos que hasta ahora no era universal en el flujo de inmigración. Los cambios son explícitos: la recolección de ADN pasaría de un mecanismo de verificación en casos limitados a un requisito rutinario para todos los trámites de inmigración, y la base de datos biométrica podría expandirse para incluir no solo la identidad, sino también relaciones familiares y antecedentes penales biográficos, con un alcance que podría alcanzar a cada solicitante de inmigración y a sus patrocinadores. En el horizonte, la cuestión de la privacidad y la protección de datos permanece como un eje de tensión entre seguridad nacional y derechos individuales, un tema que podría escalar a discusiones judiciales y a debates públicos a medida que se acerque la fecha límite para presentar comentarios y, en su eventual implementación, se desplieguen mecanismos prácticos para su ejecución.
Para entender el marco práctico, es relevante observar que la propuesta también define de manera exhaustiva el conjunto de datos que se podrían recolectar: ADN, imágenes faciales, iris y retina, huellas dactilares y palmarias, voz y firma. Cada uno de estos componentes aparece descrito como parte de un ecosistema de verificación de identidad, antecedentes y verificación de relaciones entre solicitantes y patrocinadores. En este sentido, la idea de un registro biométrico universal para solicitantes de inmigración y sus patrocinadores —con una retención indefinida y un alcance que podría extenderse más allá de las fases iniciales del procesamiento— ha encendido un debate sobre la seguridad, la libertad y la integridad de los datos personales. Los defensores de políticas de seguridad sostienen que, sin duda, la recopilación de datos biométricos de forma tan amplia permitirá identificar con mayor precisión a individuos y relaciones, y que el mayor escrutinio podría desalentar irregularidades y fraudes. Los críticos, por su parte, advierten que la recopilación de ADN, incluso para fines de seguridad, podría convertirse en una forma de vigilancia de largo plazo que vulnera derechos civiles y libertad de movimiento, especialmente cuando el acceso a la información genética queda fuera de un marco claramente limitado por salvaguardas, supervisión independiente y límites constitucionales.
En el balance de información disponible, la propuesta marca una línea de alto impacto para los solicitantes de inmigración y sus familias. Si se aprueba y se implementa, la obligación de DNA obligatorio, junto con la recopilación de datos biométricos ampliados, podría convertirse en una norma que afecte a millones de personas y a las dinámicas de la migración familiar, mientras las autoridades buscan nuevos modos de gestionar riesgos y seguridad. En cualquier caso, el periodo de comentarios de 60 días permitirá que partes interesadas, desde organizaciones de derechos civiles hasta firmas de abogados y comunidades migrantes, presenten argumentos, pruebas y experiencias para influir en la versión final del reglamento. La narrativa central de este proceso es clara: estamos ante un cambio significativo en la forma en que se imagina la identidad y la trazabilidad de los solicitantes de inmigración en los Estados Unidos, con un mecanismo de control y verificación que pretende abarcar no solo el primer trámite, sino toda la trayectoria migratoria en el país.
Más allá de las cifras y las citas, lo que está en juego es el equilibrio entre una ambición de seguridad y un compromiso con la protección de datos personales. Viendo la dimensión de la propuesta, la pregunta más apremiante para millones de solicitantes de inmigración y sus familiares es cuánto de este poder de vigilancia permanecerá proporcional y regulado a la vez que se garantiza un acceso equitativo a procesos justos y sin excesos. Si la propuesta se materializa, la vida de familias que buscan reunirse, de niños que podrían ver afectadas sus reclamaciones de parentesco y de patrocinadores que ya viven entre Estados Unidos y sus países de origen, cambiaría en un marco de una seguridad más amplia y un riego de privacidad que no debe darse por sentado. Mientras tanto, diferentes actores sociales y jurídicos esperan con atención el desarrollo de un debate público que podría terminar en un conjunto de salvaguardas y límites críticos para evitar abusos.
Para quienes necesiten consultar el documento original o desear presentar comentarios, DHS indica que el proceso está abierto y que los interesados pueden aportar a través del Portal Federal de Reglamento Electrónico. En paralelo, el documento oficial detalla que el reglamento propone una recolección y retención de datos de manera que podría incluir criterios y protocolos para su uso compartido con agencias de otros niveles de gobierno y con determinados gobiernos extranjeros, lo que incrementa la necesidad de transparencia, supervisión y límites robustos para la protección de derechos fundamentales. A modo de guía, el propio DHS ha subrayado que la iniciativa se enmarca en un esfuerzo más amplio por reforzar la verificación de identidad y el control de antecedentes, con una visión de largo plazo que busca reducir vulnerabilidades en las cadenas migratorias y mejorar la seguridad de la nación.
En cuanto a la experiencia práctica para solicitantes de inmigración, la idea de medicamentos de biometría para adultos y niños sugiere que la recopilación de ADN y datos biométricos se consolidaría como un estándar. En términos de impacto, los solicitantes de inmigración y patrocinadores deben prepararse para respuestas más rápidas a verificación de identidad, así como para posibles revisiones de antecedentes a lo largo del proceso de residencia o estatus migratorio. En un marco más amplio, el debate entre seguridad y privacidad continúa, con voces que advierten que la expansión de las capacidades de recopilación de ADN podría plantear tentaciones y abusos si no se implementa con salvaguardas claras, supervisión independiente y límites constitucionales bien definidos.
Para cerrar, el proceso de revisión pública y el eventual resultado de este reglamento podrían revelar un cambio duradero en la democracia de procesos migratorios de los Estados Unidos. Con la recopilación de ADN obligatorio, la recopilación de datos biométricos y un marco de retención indefinida, el DHS pretende reforzar la capacidad de verificación y lucha contra la trata de personas, duplicando la intensidad del escrutinio de los solicitantes de inmigración. Pero ese fortalecimiento podría traer consigo una sombra en la que la privacidad de individuos y comunidades se vean condicionadas por una base de datos compartida entre múltiples agencias, y potencialmente entre países, con el riesgo de abusos si no se implementa con límites claros, transparencia y responsabilidad.
Para seguimiento, el texto de la propuesta puede consultarse en el repositorio oficial de normativa y se invita a la ciudadanía a participar con comentarios durante el periodo de 60 días. El proceso de revisión, junto con las respuestas a las preguntas más sensibles sobre DNA obligatorio, recopilación de datos biométricos y solicitantes de inmigración, continuará siendo un tema central en las discusiones sobre seguridad, derechos civiles y gobernanza de datos en el marco de la política migratoria de los Estados Unidos. Quien esté interesado podrá encontrar más información a través del portal oficial de reglamentación y, como referencia adicional, el propio DHS ha señalado que la participación ciudadana es un elemento clave para conformar una regulación que, en su alcance, podría reconfigurar la relación entre el Estado y los datos personales de las personas que buscan una vida mejor en el país.
Para quienes requieren un contexto práctico y legal, la norma, si llega a su fase final, establecería un estándar que sería aplicable a futuros trámites y podría implicar una revisión de procedimientos de verificación, así como posibles ajustes en la forma en que se gestionan las solicitudes de inmigración de personas y familias enteras. En el plano de derechos constitucionales, la conversación continúa, y la necesidad de una supervisión independiente y salvaguardas claras se vuelve central para garantizar que la seguridad no se convierta en una justificación para una intrusión excesiva en la esfera de la intimidad. En resumen, la noticia de este reglamento propone una redefinición de lo que significa ser un solicitante de inmigración en los Estados Unidos: no solo una persona que busca una oportunidad, sino un conjunto de datos biométricos y un rastro que podría acompañarle durante toda su vida en el país, a menos que se impugne o se ajuste de forma convincente en el transcurso de la discusión pública.
Para más información oficial y para revisar el texto completo, las autoridades señalan que el proyecto de reglamento está disponible en el portal correspondiente y se invita a que los interesados presenten comentarios durante el periodo de 60 días. En un mundo en el que la tecnología y la migración se entrelazan cada vez más, la pregunta sobre DNA obligatorio y recopilación de datos biométricos no es meramente técnica: es una cuestión de principios sobre hasta dónde llega el control del Estado y cuáles son los límites entre seguridad y derechos individuales para los solicitantes de inmigración y sus familias. Este desarrollo, que comenzó como una propuesta en el Federal Register, podría marcar un hito en la historia de la política migratoria de Estados Unidos, si se materializa, abriendo un nuevo capítulo en el que la identidad personal, los datos genéticos y la seguridad se trenzan en una sola narrativa de vigilancia y protección nacional.
Enlaces oficiales y recursos para seguimiento se pueden encontrar en el portal de reglamentación federal y en la página del DHS, y, como referencia adicional para lectores que buscan contexto legal, la propuesta se apoya en el marco regulatorio existente que rodea la verificación de identidad y la lucha contra actividades ilícitas. Para quienes deseen consultar el registro, este enlace ofrece el texto en el Federal Register: Federal Register notice. En cuanto a las políticas de biometría del DHS, se recomienda revisar también las publicaciones oficiales y las guías de implementación que el departamento vaya difundiendo a lo largo del proceso de comentarios y eventual implementación.
Este análisis mantiene el foco en lo que ya se sabe con claridad: la propuesta de DNA obligatorio, la recopilación de datos biométricos y las implicaciones para los solicitantes de inmigración y sus familias. A medida que transcurran las próximas semanas, los periodistas seguirán de cerca las reacciones de expertos, defensores de la privacidad y las comunidades afectadas, así como las respuestas de los legisladores y las entidades judiciales que podrían jugar un papel decisivo en el futuro de este controvertido intento de ampliar la vigilancia biométrica en el proceso de inmigración.
Aprende Hoy
ADN → Material genético que en este contexto se propone usar para verificar identidad y confirmar relaciones familiares.
Biometría → Medidas físicas o de comportamiento, como huellas, rostro, iris o voz, usadas para la verificación de identidad.
Federal Register → Publicación oficial del gobierno de EE. UU. donde se publican reglamentos propuestos para comentarios públicos.
Periodo de comentarios → Ventana de tiempo (aquí 60 días) durante la cual el público puede presentar observaciones al reglamento propuesto.
Este Artículo en Resumen
El DHS propuso el 3 de noviembre de 2025 un reglamento que requeriría ADN obligatorio y la recopilación ampliada de biometría para todos los solicitantes de inmigración, sin límite de edad. La medida abre 60 días de comentarios y abarca ADN, imágenes faciales, escaneos de iris y retina, huellas y huellas palmarias, voz y firmas. DHS dice que busca prevenir fraude y trata; defensores de privacidad alertan sobre retención indefinida, intercambio amplio de datos y posibles impugnaciones judiciales.
— Por VisaVerge.com
