Puntos Clave
- El fiscal de Tennessee, Jonathan Skrmetti, se sumó en octubre de 2025 a 23 fiscales generales en un amicus brief.
- La coalición pide a la Corte Suprema limitar la ciudadanía por nacimiento para hijos de padres sin estatus legal.
- Solicitan sustituir la regla de “mera presencia” por un test basado en domicilio y estatus legal parental.
(TENNESSEE, UNITED STATES) El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, se unió a un grupo de 23 fiscales generales de otros estados para presentar una petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos que busca revisar y restringir la interpretación de la cláusula de ciudadanía por la Decimocuarta Enmienda. En una maniobra coordinada, el grupo de fiscales presentó un amicus brief al máximo tribunal para cuestionar la idea de que la ciudadanía por nacimiento se otorga de forma automática a todos los niños nacidos en territorio estadounidense, incluso cuando los padres no están legalmente presentes en el país. La acción, anunciada a finales de octubre de 2025, marca un intento explícito por redefinir un principio central de la inmigración estadounidense y, por extensión, reconfigurar el alcance de la ciudadanía para las generaciones nacidas en el país.
La coalición de fiscales generales, que asciende a 24 representantes de estados, sostiene que los tribunales de menor jerarquía han interpretado de manera excesivamente amplia la Cláusula de Ciudadanía para garantizar la ciudadanía automáticamente a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, sin considerar el estatus migratorio de los padres. El amicus brief propone que la interpretación histórica y el propósito original de la Decimocuarta Enmienda exigen una conexión más significativa que la mera presencia accidental o la ilegalidad. En este sentido, la coalición sostiene que la ciudadanía por nacimiento debe derivarse de un vínculo sustantivo entre el menor y el país, como la residencia o domicilio legales de los padres en el momento del nacimiento, y no de una mera presencia física.
La redacción del amicus brief incluye una clara afirmación sobre el estándar que deberían aplicar los tribunales:
“Conferring United States citizenship requires a more meaningful connection than mere presence by happenstance or illegality. That connection, originalist evidence repeatedly instructs, was parental domicile”.
Esa cita figura textualmente en el documento que acompaña la moción ante la Corte Suprema, y ha sido utilizada por los fiscales para subrayar la necesidad de una revisión doctrinal del criterio actual que ha permitido la ciudadanía automática a millones de nacidos en territorio estadounidense.
El grupo de fiscales generales sostiene que existen excepciones ya reconocidas a la regla de la mera presencia —como los hijos de diplomáticos extranjeros o de combatientes enemigos— y que, en su interpretación, la Corte Suprema en el fallo United States v. Wong Kim Ark (1898) no habría dictaminado de forma inexorable que la ciudadanía por nacimiento se otorga a los hijos de padres que están ilegalmente presentes en el país. El amicus brief argumenta que ese fallo, leído en su contexto histórico, no debe interpretarse como un blindaje absoluto de la ciudadanía para todos los nacidos en EE. UU., especialmente cuando los padres no cumplen con un estatus de residencia o permiso. En otras palabras, la coalición propone volver a examinar el alcance de la Cláusula de Ciudadanía y la forma en que se aplica en la práctica contemporánea.
La acción legal llega en un momento de tensiones crecientes alrededor de la ciudadanía por derecho de nacimiento, que se ha mantenido como un pilar de la identidad legal estadounidense. Recientemente se han llevado a cabo movimientos ejecutivos y legislativos orientados a restringir este estatus, incluyendo una orden ejecutiva de 2025 que busca negar la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos cuando los padres estén presentes de forma no permitida o solo con autorización temporal limitada. Aunque estas medidas no han modificado aún la jurisprudencia, la coalición de fiscales generales deja claro que están dispuestos a presionar por un replanteamiento del estándar que se aplica a la ciudadanía por nacimiento, un tema que toca directamente el imaginario nacional y las vidas de familias que han construido sus vidas alrededor de la promesa de ciudadanía por derecho de nacimiento, o ciudadanía por nacimiento según la interpretación histórica de la Enmienda.
El interés de Tennessee en este asunto es claro: el fiscal general Jonathan Skrmetti figura entre los firmantes de la petición, que reúne a representantes de múltiples estados con visiones conservadoras sobre la inmigración. Aunque no se han reportado historias de casos individuales vinculados a este proceso en la cobertura reciente, el impacto potencial de la decisión podría extenderse a miles de familias cuyas circunstancias migratorias varían de un estado a otro y que podrían verse afectadas por una revisión doctrinal de la ciudadanía por nacimiento.
Para entender la importancia de esta batalla legal, es útil recordar la base constitucional que sustenta la ciudadanía en Estados Unidos. La Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, que garantiza que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción de ello, son ciudadanos de los Estados Unidos…”, ha sido históricamente interpretada como una promesa amplia de ciudadanía para todos los nacidos en el país. Esa interpretación se consolidó a lo largo de décadas, con el fallo histórico de Wong Kim Ark interpretando que la ciudadanía por nacimiento se aplicaba “de manera casi universal” a menos que hubiera excepciones expresas, como la de los hijos de diplomáticos. En el contexto actual, los fiscales generales argumentan que ese marco debe revisarse para evitar que se extienda la ciudadanía a personas nacidas de padres que no son legalmente residentes o que están en el país sin permiso en el momento del nacimiento.
La coalición de fiscales generales sostiene que la redacción de la enmienda y las señales históricas señalan una intención que no debe confundirse con una garantía automática en todas las circunstancias. Los documentos presentados ante la Corte buscan que el máximo tribunal ofrezca una definición más restringida de la ciudadanía por nacimiento, con énfasis en la necesidad de un lazo más sólido entre el ciudadano en formación y el país que vaya más allá de la mera presencia física. Este enfoque, sostienen, puede facilitar un debate más profundo sobre las políticas migratorias que afectan a millones de personas y sus familias, y podría tener consecuencias significativas para la composición demográfica de las comunidades en todo el país.
Entre las implicaciones prácticas de una decisión a favor de una interpretación más estrecha, los analistas señalan que podría afectar a niños nacidos en los Estados Unidos cuando los padres estén en el país de forma irregular, o cuando su estatus sea temporal y limitado. Este podría ser un punto de inflexión en el debate sobre la ciudadanía por nacimiento y su relación con las políticas de inmigración más amplias. La cuestión, que ya es objeto de un intenso escrutinio político, también se sitúa en el centro de una conversación sobre responsabilidad gubernamental, derechos civiles y las responsabilidades de los padres ante las autoridades migratorias, así como sobre cómo el país define su propia identidad legal para futuras generaciones.
El movimiento legal, que podría desembocar en una revisión de la postura judicial sobre la ciudadanía por nacimiento, se da en un contexto en el que algunas voces políticas sostienen que el estatus de ciudadanía debe estar más estrechamente ligado a la legalidad del estatus migratorio de los padres. En contraposición, defensores de la lectura amplia argumentan que la ciudadanía por nacimiento ha sido transformadora para la cohesión social y la integración de comunidades diversas. Si la Corte Suprema emite una nueva interpretación o una clarificación sustancial, el efecto podría sentirse en todo el sistema de inmigración, desde el reconocimiento de la ciudadanía hasta las reglas para la transmisión de derechos a las generaciones futuras.
En términos de proceso, la acción de los fiscales generales se presenta como un amicus brief ante la Corte Suprema, con un objetivo claro: obtener una declaración definitiva sobre el alcance de la Cláusula de Ciudadanía y la interpretación de la ciudadanía por nacimiento. Este tipo de intervención, que no implica directamente un caso presentando una demanda, busca influir en la deliberación de la Corte y en la dirección del razonamiento judicial. La coalición subraya que existen precedentes y argumentos históricos que respaldan su postura, y que una decisión en este sentido tendría efectos prácticos inmediatos para la administración de políticas migratorias y de ciudadanía en el país.
La cobertura de esta noticia ha destacado que, aunque la acción se enmarca en una disputa legal, no hay, por ahora, informes de impactos directos en familias específicas durante el periodo cubierto, ni de historias personales que expliquen el costo humano de una posible reforma constitucional de la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, el foco permanece en las implicaciones del debate: una redefinición de lo que significa” ciudadanía por derecho de nacimiento” podría reformular el tejido de la sociedad estadounidense y reconfigurar la manera en que se entiende la pertenencia y la membresía cívica para quienes llegan a Estados Unidos, nacen allí o crecen en su territorio bajo diversas condiciones de estatus migratorio.
En el ámbito de la jurisprudencia y la política pública, este movimiento se sitúa junto a otros esfuerzos para revisar el alcance de la ciudadanía por nacimiento y su relación con la Decimocuarta Enmienda. Los políticos, académicos y abogados de ambas orillas del espectro han debatido durante años sobre si el principio fundacional de la ciudadanía debe permanecer como una promesa amplia de derechos para todos los nacidos en Estados Unidos, o si debe calibrarse para contemplar límites basados en el estatus legal de los padres y en la seguridad de las fronteras. El amicus brief de los fiscales generales, presentado a finales de octubre de 2025, no es la primera señal de una campaña para replantear este tema, pero sí representa una de las maniobras legislativas y judiciales más visibles en la semana que cerró octubre, cuando el país y los tribunales se preparan para el debate legal que podría reconfigurar la manera en que se define la ciudadanía en una nación cada vez más diversa.
El debate, por tanto, no es meramente teórico. Si la Corte Suprema adoptara una interpretación menos amplia de la ciudadanía por nacimiento, los efectos podrían extenderse a políticas de naturalización, criterios de elegibilidad y a la forma en que las comunidades inmigrantes interactúan con las instituciones del país. Mientras tanto, las fuerzas litigantes y políticas continúan ejerciendo presión para reformar, restringir o reafirmar la posición de la nación respecto a la ciudadanía por nacimiento, basada en lo que el grupo de fiscales generales describe como una lectura “originalista” de la Constitución.
Para el lector español y para la audiencia global, la cuestión trasciende la mera jurisprudencia: es una disputa sobre qué significa ser estadounidense y qué derechos envuelven los lazos de sangre, residencia y pertenencia. En Tennessee y en otros estados, la conversación sobre ciudadanía por derecho de nacimiento y su relación con la Decimo Cuarto Enmienda no solo define la interpretación legal, sino que también moldea los caminos de las familias que viven entre esperanzas y realidades migratorias, las ciudades que las acogen, y las futuras generaciones que crecerán mirando hacia una Constitución que, en cada ciclo, puede ser leída de manera distinta.
La conversación continúa, mientras el amicus brief, presentado por la coalición de fiscales generales, se instala como un capítulo más en una narrativa que ha visto a la administración y a los poderes judiciales en Estados Unidos debatir la frontera entre derechos civiles y control fronterizo. En la senda que se dirige a la Corte Suprema, el tema central permanece claro: ¿qué significa exactamente ciudadanía por nacimiento en un país cuyo desafío permanente es equilibrar seguridad, economía y derechos humanos? La respuesta podría salir de la propia defensa legal de la idea de que la ciudadanía debe estar condicionada por una conexión sustantiva, alimentada por la residencia legal de los padres, y no por el simple hecho de que alguien haya nacido en suelo estadounidense.
El único camino seguro para entender el alcance de esta disputa es seguir de cerca la evolución del caso ante la Corte Suprema y las respuestas de otros estados y actores políticos. Y, aunque a este momento no haya historias personales destacadas de familias afectadas por la acción, el propio tema ya está cediendo mucho espacio en el debate público: ¿qué tipo de ciudadanía se debe heredar, y a qué costo humano? Las respuestas, como suele ocurrir en la intersección entre derecho y política, probablemente exigirán años de interpretación judicial y posibles reformas legislativas, con la ciudadanía por nacimiento en el centro de una conversación que podría definir, para bien o para mal, el rostro de la nación en las décadas venideras.
Para quienes buscan contexto adicional de políticas y procedimientos relacionados con la ciudadanía, se recomienda consultar las fuentes oficiales sobre la ciudadanía estadounidense y sus fundamentos legales, incluyendo la información de inmigración disponible a través de agencias oficiales como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). En particular, los lectores pueden informarse sobre la naturaleza de la ciudadanía por nacimiento y su estatus en relación con la Decimo Cuarta Enmienda a través de recursos oficiales de USCIS, disponibles en la sección de ciudadanía por nacimiento de su sitio. USCIS Birthright Citizenship proporciona una visión general clara de cómo se aplica la normativa en la práctica y qué excepciones pueden contemplarse en situaciones específicas.
Además, para quienes estén siguiendo el desarrollo legal con mayor detalle, el amicus brief y las declaraciones de los fiscales generales ofrecen un marco para comprender la lógica de la coalición. El documento, que se ha presentado en nombre de 24 estados, detalla el argumento de que la interpretación actual de la ciudadanía por nacimiento podría requerir una revisión para alinearse con una visión histórica y constitucional que prioriza una conexión sustantiva entre el menor y el país a través de la residencia o el domicilio de los padres. En este sentido, la conversación no es meramente teórica, sino una discusión sobre la definición de derechos y la responsabilidad del Estado en garantizar una ciudadanía que, según ellos, se gana a través de un compromiso legal y práctico con la nación.
La atención mediática y pública, por ahora, continúa centrada en los argumentos jurídicos, en las posturas de los estados participantes y en el contexto político más amplio que ha visto movimientos para restringir la ciudadanía por nacimiento en los últimos años. En Tennessee, como en otros estados, estos debates llegan a la vida cotidiana de las comunidades, de las escuelas y de los servicios públicos, donde las decisiones sobre la ciudadanía por nacimiento pueden influir en el estatus de los individuos y las familias desde el nacimiento hasta la mayoría de edad. Y, en última instancia, la clave está en cómo la Corte Suprema, al recibir este amicus brief y otros argumentos, decidirá interpretar la Cláusula de Ciudadanía en un siglo marcado por migraciones masivas, tensiones políticas y un mundo cada vez más interconectado.
La historia continúa, y con ella la pregunta de qué significa, en la práctica, ser ciudadano en Estados Unidos. Para los lectores que buscan claridad, la respuesta podría depender no solo de la lectura de la Decimo Cuarta Enmienda, sino de la interpretación que el país decida hacer ante un tribunal que ha sido históricamente el guardián de estas definiciones fundamentales. Mientras tanto, la coalición de fiscales generales mantiene su posición: que la ciudadanía por nacimiento debe requerir una conexión más profunda que la mera presencia, y que esa conexión está, según ellos, anclada en el domicilio de los padres y en su estatus legal al momento del nacimiento. En este sentido, la historia que se desarrolla en la arena legal no es sólo una disputa sobre palabras, sino una conversación sobre la identidad de una nación y la forma en que el país define la pertenencia para las generaciones futuras. Y, como suele ocurrir en temas de gran sensibilidad pública, cada avance en la jurisprudencia traerá consigo un conjunto de repercusiones que resonarán en comunidades, escuelas y familias a lo largo y ancho del país.
Las miradas, por ahora, se mantienen puestas en la Corte Suprema y en las respuestas de otros estados que podrían unirse a la coalición o sostener posiciones opuestas. Lo que está claro es que la lucha por la definición de ciudadanía por nacimiento, la interpretación de la Decimo Cuarta Enmienda y el papel de la amicus brief en la formación de políticas públicas seguirán siendo, durante un tiempo, un tema central del debate constitucional y de inmigración en Estados Unidos. Y para Tennessee, la pregunta continúa siendo: ¿qué peso debe tener la conexión real entre el niño y la nación cuando se decide la ciudadanía por nacimiento? Esa es la cuestión que el sistema judicial, las autoridades estatales y la opinión pública tendrán que valorar en los meses y años venideros. En el centro de todo, permanecen las palabras exactas de quienes impulsan el cambio y la promesa de un debate que, en última instancia, podría redefinir la manera en que Estados Unidos reconoce la ciudadanía de quienes nacen en su territorio o llegan a sus costas con una esperanza de un futuro que se escribe desde el primer aliento de la vida en suelo estadounidense.
Aprende Hoy
Decimo Cuarto Enmienda → Enmienda constitucional que incluye la Cláusula de Ciudadanía, definiendo la ciudadanía y la protección igualitaria.
Amicus brief → Documento presentado por terceros que ofrece información o argumentos para que los tribunales los consideren en un caso.
Wong Kim Ark (1898) → Fallo histórico de la Corte Suprema que se ha interpretado como otorgando ciudadanía a la mayoría de nacidos en EE. UU.
Regla de mera presencia → Interpretación que la presencia geográfica en el nacimiento por sí sola confiere la ciudadanía estadounidense.
Este Artículo en Resumen
El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, se sumó en octubre de 2025 a 23 fiscales generales para pedir a la Corte Suprema que aclare la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda. La coalición sostiene que la “mera presencia” ha sido aplicada demasiado ampliamente y propone que la ciudadanía al nacer dependa del domicilio y del estatus legal de los padres. Citando Wong Kim Ark, solicitan excluir a hijos de padres en el país sin autorización. Un fallo así cambiaría registros civiles y políticas migratorias.
— Por VisaVerge.com
