Puntos Clave
- Encuesta Pew (2-8 junio 2025): 78% de republicanos aprueban, 81% de demócratas desaprueban el plan de deportaciones.
- El 60% desaprueba suspender la mayoría de las solicitudes de asilo; 59% rechaza terminar el TPS.
- Al 28 de agosto de 2025 ICE reportó casi 200,000 deportaciones en siete meses desde el regreso de Trump.
(UNITED STATES) Un debate político y social atraviesa el tejido del debate migratorio tras la publicación de la Encuesta del Pew Research Center, que muestra una división marcada entre los partidarios y detractores de la política migratoria del expresidente Donald Trump. Según la encuesta realizada del 2 al 8 de junio de 2025, una amplia mayoría de republicanos aprueba las medidas de inmigración impulsadas por Trump, mientras que la gran mayoría de demócratas las desaprueba. En particular, el 78% de los republicanos apoya el enfoque migratorio de Trump, con el 51% que expresa aprobación firme, frente a solo el 9% de los demócratas que aprueba y el 81% que lo desaprueba, 63% de ellos con desaprobación contundente. Estas cifras subrayan una polarización que no se había visto de forma tan clara en años recientes y que condiciona la discusión pública sobre qué herramientas de política migratoria deben emplearse, a qué ritmo y con qué límites.
La encuesta, que también indaga en percepciones sobre la aplicación de la ley migratoria, revela un mosaico de opiniones que se cruzan con actitudes hacia la seguridad fronteriza, el uso de la fuerza por parte de las agencias y la gestión de procesos como el asilo y la protección temporal. En el apartado de política migratoria, las personas entrevistadas mostraron una clara brecha de confianza en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley de inmigración, en particular cuando se trata de medidas que impactan comunidades enteras. En este marco, la evaluación de la ciudadanía sobre las políticas de Trump se ve influida por experiencias personales y por la cobertura mediática, que han dado lugar a un debate sostenido sobre qué significa “seguridad” y qué implica “justicia” para los inmigrantes y para los residentes de ciudades con grandes comunidades de origen diverso.
El informe subraya que, en general, la opinión pública está dividida de manera notable cuando se evalúan medidas concretas como la suspensión de la mayoría de las solicitudes de asilo, la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes que huyen de guerras o desastres, y el incremento de rondas de detenciones e inspecciones en lugares de empleo. Específicamente, el 60% de los encuestados desaprueba la idea de suspender la mayoría de las solicitudes de asilo, y el 59% se opone a terminar el TPS para quienes buscan refugio en Estados Unidos ante conflictos o desastres. En cuanto a las redadas en lugares de trabajo, el 54% se muestra en contra de ampliar estas operaciones. Estos números reflejan no solo una resistencia a ciertas tácticas de aplicación de la ley, sino una acumulación de preocupaciones sobre el impacto humano de esas políticas en comunidades que, a ojos de muchos, no deberían ser tratadas como meros blancos de acción policial.
Entre los hallazgos también figuran percepciones sobre las deportaciones y la dinámica fronteriza. El 79% de los republicanos y el 69% de los demócratas dicen que las deportaciones han aumentado en 2025, una lectura que sugiere que, pese a las diferencias partidarias, hay un acuerdo relativo en que la presión migratoria se intensifica. En cuanto a la llegada de migrantes que buscan asilo, el 58% de los estadounidenses cree que menos personas están cruzando la frontera para pedir asilo, cifra que podría interpretarse como una mezcla de desánimo y optimismo en distintos grupos sobre la capacidad de la frontera para gestionar flujos menores o, por el contrario, una aceptación de que la migración cambia de ritmo.
El tema de la frontera también está ligado a la cuestión del muro. El sondeo muestra que el apoyo a la expansión de barreras fronterizas es del 56% a nivel nacional, con una división marcada: 88% de los republicanos están a favor, frente a 27% de los demócratas. Esta disparidad no es nueva, pero subraya la persistencia de una de las líneas más visibles del programa político de mano dura en materia migratoria defendido por el bloque republicano, y su influencia continuada en la agenda pública y legislativa.
En el plano de aprobación general de la gestión de inmigración de Trump, el panorama es mixto. La calificación global de apoyo a Trump se ubica en el 41%, con un 47% que desaprueba su enfoque de inmigración. En el sondeo de Gallup, realizado en junio de 2025, el 35% aprueba la gestión de inmigración por parte de Trump, mientras que el 62% la desaprueba. Entre los republicanos, la aprobación es alta (85%), pero entre los demócratas apenas llega al 2%. Entre los hispanos, la aprobación alcanza el 21%, frente al 35% que es la media nacional, mostrando una brecha que amplía las tensiones dentro de la propia comunidad inmigrante.
Estas cifras no llegan en un vacío y el debate público se alimenta de voces directas de figuras y analistas que describen el pulso de la nación. El periodista Peter Baker, Corresponsal Jefe de la Casa Blanca para The New York Times, afirmó en un segmento de MSNBC que
“51% of the country say that Donald Trump’s immigration enforcement actions have gone too far”
y añadió que
“a lot of Americans are surprised by, or shocked by or upset about… the idea that it’s not just about murderers and rapists and criminals, but about, you know, everyday people who are trying to make a living… There are people in their communities that they know who have been affected, who they didn’t think of as being criminals.”
Estas palabras, citadas con precisión por sus contextos, subrayan el énfasis en que la política migratoria no solo afecta a “criminales” sino a personas comunes y corrientes que viven en comunidades que pueden no haberse imaginado como objetivo de acciones migratorias.
El Pew report destaca que estas evaluaciones están “largamente divididas a lo largo de líneas partidarias, con los republicanos en general apoyando y los demócratas oponiéndose”, una constatación que resuena con las cifras de aprobación y desaprobación, y que refuerza la convicción de que la política migratoria es uno de los campos más polarizados de la política estadounidense actual. En medio de este telón de fondo, la narrativa pública sigue evolucionando a través de nuevos datos, declaraciones y decisiones administrativas que buscan equilibrar la seguridad nacional con la compasión humanitaria y el respeto a los derechos fundamentales.
En el terreno práctico, el debate se ha visto impulsado por reportes y cifras que, si bien provienen de diferentes fuentes, se sostienen mutuamente para dibujar un cuadro de instrumentos de coerción y control. El despliegue de ICE —la agencia de control migratorio— ha sido objeto de amplias coberturas y críticas. Las discusiones públicas han girado en torno tanto a las tácticas operativas como a la transparencia de estas acciones, incluyendo el uso de máscaras por parte de los agentes durante las operaciones de enforcement. Aunque la Encuesta del Pew Research Center y otros resúmenes señalan que la mayoría de los estadounidenses considera inapropiado que los agentes de ICE lleven máscaras durante las acciones de aplicación de la ley, el porcentaje exacto no se especifica en las síntesis disponibles. Diversos análisis señalan que estas prácticas, junto con el uso de vehículos sin identificar y el modo de llevar a cabo redadas, han contribuido a tensiones y protestas en ciudades como Los Ángeles y otras urbes de gran concentración hispana y migrante.
El periodo reciente también ha estado marcado por movimientos y estimaciones que alimentan la conversación pública sobre la magnitud de la presión migratoria y la eficacia de las políticas de “tolerancia cero” o de endurecimiento. A finales de agosto de 2025, ICE reportó casi 200,000 deportaciones en siete meses desde que Trump regresó a la presidencia, un dato que, si se confirma, intensifica el debate sobre si las cifras de deportaciones se han vuelto sostenidas o si simplemente reflejan picos en períodos de mayor aplicación de la ley. En paralelo, la administración sostiene que 2 millones de inmigrantes ilegales han abandonado el país en 2025, de los cuales más de 400,000 serían deportaciones y un estimado de 1.6 millones serían autosalida o “self-deportations”. Estas cifras, aún en el plano de estimaciones, alimentan una conversación que cruza la política interna con las percepciones internacionales, y que de nuevo pone a prueba la credibilidad y la viabilidad de un “Programa de deportación de Trump” que se presenta como pilar de una política migratoria más rígida.
Desde la perspectiva de las personas afectadas, el pulso de las comunidades y las historias de familias y trabajadores que viven bajo estas políticas es una parte central de la cobertura de este tema. Mientras que para algunos los mensajes de endurecimiento y la promesa de frenar la inmigración ilegal pueden verse como una necesidad de seguridad y orden, para otros se sienten atrapados entre la legalidad y la posibilidad de contribuir a la economía y la vida comunitaria. En ese cruce de realidades, la Encuesta del Pew Research Center revela una nación que se siente dividida, y que pregunta a sus dirigentes qué significa realmente gobernar con una política migratoria que equilibre la seguridad con la dignidad.
En el marco de la cobertura internacional de estos temas, algunos analistas señalan que la polarización no es exclusiva de Estados Unidos. Si bien el foco está en el país y en la gestión de un programa que algunos describen como una reacción a flujos migratorios históricos y contemporáneos, la discusión resuena en foros globales donde la migración es una realidad para millones. En esa conversación, el “Programa de deportación de Trump” se ha convertido en un símbolo de la lucha entre control fronterizo y derechos humanos, entre seguridad nacional y la necesidad de protección para quienes huyen de conflictos o de desastres. La Encuesta del Pew Research Center aporta una visión importante sobre cómo esa lucha se percibe dentro de Estados Unidos, y cómo la clase política debe responder para avanzar hacia una política migratoria que no agrave la fractura social, sino que ofrezca un marco claro, legal y humano para las personas que buscan una vida más segura.
A estas alturas, se confirma que la conversación pública ya no puede separarse de la experiencia diaria de millones de estadounidenses y de personas que buscan asilo, protección y una oportunidad para construir un futuro. El peso de las cifras presentadas por Pew, complementadas por otros sondeos y por la narración de personas que viven en zonas con alta densidad migrante, obliga a los responsables políticos a examinar qué significa realmente una política de mano dura en la era de la globalización y de la movilidad humana constante. Las preguntas que quedan sin respuesta, y que probablemente definirán la próxima fase de la política migratoria, no son solo técnicas o presupuestarias: son éticas y pragmáticas, y afectan la vida de ciudadanos que, en muchos casos, no se sienten representados ni escuchados en un debate que parece crecer en intensidad sin una solución clara.
En este contexto, temas como el uso de máscaras por parte de las fuerzas de seguridad, la forma de comunicar las políticas de asilo y TPS, y el modo de medir el impacto de las deportaciones en las comunidades de origen y de destino seguirán siendo ejes centrales de la conversación pública. Mientras tanto, el público continúa observando, evaluando y votando, con un ojo en las cifras y otro en las historias humanas que acompañan cada cifra. En palabras del propio Pew, las evaluaciones están “largamente split along partisan lines, with Republicans broadly supportive and Democrats opposed,” y ese marco de lectura seguirá condicionando cada nueva medida administrativa o cada nueva política propuesta en el ámbito de la política migratoria. La mezcla de cifras, testimonios y declaraciones oficiales crea un paisaje complejo, pero también legible, para quienes buscan entender qué significa, a día de hoy, gobernar una nación con una frontera amplia, una economía global interconectada y una sociedad cada vez más diversa.
Para quienes siguen de cerca estas dinámicas, una cosa parece clara: la conversación no va a disiparse fácilmente. Los datos de 2025 muestran una nación profundamente polarizada, con una mayoría de republicanos que apoya un enfoque contundente y una mayoría de demócratas que se opone a muchas de esas medidas. En medio de ese choque, la palabra clave que reaparece con frecuencia es la política migratoria: cómo se diseña, cómo se aplica, a quién beneficia y a quién perjudica. Y, en el análisis de fondo, el debate sobre la humanidad de aquellos que cruzan fronteras con la esperanza de una vida mejor será, como ahora, un componente clave de cualquier discusión sobre seguridad, economía y derechos humanos en Estados Unidos.
Para quienes deseen seguir las actualizaciones y las cifras oficiales, las agencias gubernamentales publican datos y comunicados que pueden ayudar a entender el alcance de las operaciones y sus efectos en terreno. A título informativo, el portal oficial del gobierno ofrece recursos y actualizaciones sobre las políticas de inmigración y sus implicaciones. En este marco, la cobertura de medios confiables continúa rastreando el pulso de una nación que, como se refleja en la Encuesta del Pew Research Center, permanece dividida, pero también determinada a encontrar un camino que combine el imperativo de seguridad con el compromiso de atender a las personas que buscan refugio, trabajo y dignidad en un país de profundas tradiciones de movilidad.
Para las familias afectadas y para los profesionales que trabajan en el campo de la migración, estos hallazgos subrayan la necesidad de claridad y consistencia en la política migratoria, y de un marco que proteja a las comunidades sin sacrificar la seguridad. En la práctica, eso exige comunicación transparente, procesos justos y procedimientos que respeten los derechos humanos en cada paso. El debate técnico y jurídico continuará, pero la experiencia diaria de quienes viven con estas políticas—quienes trabajan en ciudades con enormes comunidades inmigrantes, quienes dependen de servicios migratorios para regular su estatus, y quienes temen por la seguridad de sus familiares—seguirá siendo el eje emocional y humano de la conversación pública. En última instancia, la pregunta es si la nación podrá construir una política migratoria que, con firmeza, responda a las preocupaciones de seguridad y cumpla, al mismo tiempo, con sus responsabilidades éticas y legales hacia quienes buscan una vida mejor. Mientras tanto, la discusión continúa, impulsada por datos, voces y la persistente necesidad de una solución que, más que slogans, produzca resultados tangibles y humanos. Para quienes siguen el pulso de la política migratoria, el próximo tramo parece depender tanto de la habilidad para comunicar y kalenderizar políticas como de la voluntad de escuchar las experiencias de millones de personas que esperan una respuesta justa. Y en ese cruce entre números y historias, la realidad de la política migratoria de Estados Unidos sigue evolucionando, con cada encuesta, cada declaración oficial y cada relato humano que llega a las redacciones de todo el mundo.
Fuentes: Pew Research Center, análisis de cobertura de The New York Times y reportes de última hora deICE. Para quienes buscan más información oficial, el portal de ICE ofrece actualizaciones y recursos institucionales sobre las operaciones de aplicación de la ley migratoria y la gestión de casos; ICE sirve como punto de referencia para entender las políticas y procedimientos vigentes en materia de inmigración.
Aprende Hoy
Pew Research Center → Organización no partidista que realiza encuestas y estudios sobre opinión pública y temas sociales.
Estatus de Protección Temporal (TPS) → Estatus migratorio temporal para nacionales de países afectados por conflicto armado, desastres naturales o condiciones extraordinarias.
ICE (Immigration and Customs Enforcement) → Agencia federal de EE. UU. encargada de la aplicación de la ley migratoria y de las deportaciones.
Autoexpulsión (self-deportation) → Salida voluntaria del país por parte de una persona sin estatus legal, en lugar de una deportación formal.
Este Artículo en Resumen
La encuesta Pew (2-8 junio 2025) muestra una división partidaria marcada: 78% de republicanos aprueban el enfoque migratorio de Trump y 81% de demócratas lo desaprueban. Mayorías rechazan suspender asilo (60%), terminar TPS (59%) y ampliar redadas laborales (54%). La mayoría prefiere que los agentes de ICE no usen máscaras en redadas. ICE reportó casi 200,000 deportaciones en siete meses hasta el 28 de agosto de 2025.
— Por VisaVerge.com
