Puntos Clave
- Ghana recibió 14 migrantes desde EE. UU. el 5 de septiembre de 2025; varios tenían órdenes de deportación activas.
- En 2025 EE. UU. también envió migrantes a Eswatini, Ruanda y Sudán del Sur mediante acuerdos bilaterales opacos.
- Un juez federal exigió aviso escrito y protección contra tortura en abril; la Corte Suprema suspendió esa orden en junio.
(GHANA) El aumento de las deportaciones de inmigrantes de terceros países a naciones africanas sigue escalando, con Ghana como el último destino en aceptar a personas removidas desde Estados Unidos. En septiembre de 2025, Ghana recibió a 14 migrantes, entre ellos al menos cinco personas de Nigeria y Gambia que tenían órdenes de deportación activas en EE. UU. Según reportes, fueron trasladadas en una aeronave con restricciones físicas y sin conocimiento previo sobre su destino.

El anuncio lo hizo el presidente de Ghana, John Mahama, el 10 de septiembre de 2025, subrayando que el país ha colaborado con Nigeria para su regreso y que también está brindando apoyo a un nacional gambiano. Este episodio forma parte de una oleada más amplia de acuerdos bilaterales y de una política de remoción que ha generado debates en foros legales y de derechos humanos, así como tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y varios estados africanos.
Casos y acuerdos en 2025
- Ghana: Recepción de 14 personas en septiembre de 2025; traslado en avión con restricciones físicas y sin aviso previo. El gobierno ghanés afirma cooperación con Nigeria y asistencia a un nacional gambiano.
- Eswatini: Reportes de un acuerdo para recibir hasta 150 personas a cambio de 10 millones de dólares de apoyo por parte de Washington. En julio de 2025, cinco hombres fueron deportados y confinados en la prisión de Matsapha, lo que generó cuestionamientos sobre legalidad y transparencia.
- Ruanda: Aceptó hasta 250 migrantes, ofreciendo entrenamiento, atención médica y alojamiento. En mediados de agosto fueron deportadas siete personas con escasos detalles públicos sobre sus identidades y antecedentes.
- Sudán del Sur: En mayo de 2025 recibió deportados procedentes de Myanmar y Vietnam, pese a dudas legales y de seguridad.
Estos acuerdos han combinado incentivos financieros y compromisos políticos, lo que ha suscitado impugnaciones legales y críticas de organizaciones de derechos humanos.
Procedimientos, condiciones y críticas
- Denuncias recurrentes sobre:
- Falta de aviso previo a las personas deportadas.
- Traslados entre varias instalaciones de detención.
- Detención en prisiones locales al llegar.
- Uso de restricciones físicas (esposas u otras sujeciones) por horas o días.
- Ausencia de representación legal adecuada.
Estas prácticas han generado preocupaciones sobre la dignidad y la seguridad de los migrantes, así como sobre garantías procesales y cumplimiento de estándares internacionales.
Organizaciones de derechos humanos y entidades legales han impugnado la constitucionalidad de tales acuerdos, señalando que varios países africanos no deben funcionar como “vertedero” de problemas migratorios no resueltos por EE. UU.
Marco legal en EE. UU.
- 18 de abril de 2025: Un juez federal ordenó que el gobierno proporcionara notificaciones escritas antes de las deportaciones a terceros países y permitiera presentar reclamaciones bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
- 23 de junio de 2025: La Corte Suprema otorgó una suspensión de esa orden, permitiendo que la administración continúe con las deportaciones a países distintos del de origen mientras sigue la litigación.
- Este marco ha prolongado la incertidumbre para muchos inmigrantes que, sin vínculos con las naciones receptoras, enfrentan un futuro precario y, en algunos casos, detención prolongada sin asesoría legal adecuada.
Posición de las autoridades y reacciones
- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defiende la política como una herramienta para frenar la inmigración irregular, afirmando que las deportaciones a terceros países continuarán y que existen salvaguardas.
- Críticas apuntan a la secretividad en los traslados, la falta de aviso y la ausencia de representación legal para los deportados.
- Grupos de abogados y organizaciones de derechos humanos denuncian violaciones al debido proceso y riesgos de refoulement (retorno a lugares donde la persona podría enfrentar tortura o persecución), pidiendo revisión judicial y mayor transparencia.
Datos y desigualdades en la aplicación
- En apenas dos meses se reportaron al menos 20 deportaciones a varios países africanos.
- Varias personas permanecen en prisiones de máxima seguridad sin cargos formales o sin acceso a asistencia legal adecuada.
- Observación demográfica clave:
- Los migrantes negros componen 5.4% de la población indocumentada en EE. UU., pero representan aproximadamente 20.3% de los removidos por condenas penales.
- Esto indica una brecha significativa en la aplicación de la ley migratoria y plantea debates sobre equidad y protección de derechos para comunidades específicas.
Impacto humano y desafíos de reintegración
- Muchas personas llegan sin redes locales de apoyo, sin estabilidad laboral garantizada y, a veces, sin posibilidad inmediata de reunirse con sus familias.
- Los retos concretos incluyen:
- Estigmas sociales en las comunidades receptoras.
- Incertidumbre laboral.
- Barreras para la reintegración si deciden permanecer o migrar por otras rutas.
- Procesos de identificación y verificaciones de antecedentes lentos y opacos.
- Acceso limitado a abogados e intérpretes.
- La capacidad de los países anfitriones para proporcionar servicios de apoyo, cobertura médica, asesoría legal y respeto de derechos humanos es determinante para las trayectorias futuras de estas personas.
Papel de organizaciones internacionales y locales
- La Organización Internacional para las Migraciones (IOM) y otras agencias pueden ofrecer asistencia, aunque su intervención varía según el caso y la localidad.
- En Ghana, la atención pública se ha centrado en asegurar apoyo inmediato y orientación sobre recursos legales y sociales disponibles localmente.
- La cooperación entre organizaciones internacionales y gobiernos anfitriones es esencial, pero la magnitud de los movimientos limita la capacidad de respuesta.
Riesgos políticos y reputacionales para países africanos
- Algunas naciones reciben incentivos económicos o presiones diplomáticas para aceptar deportados, lo que:
- Genera riesgos de derechos humanos.
- Puede afectar la reputación internacional de los estados receptores.
- Plantea dilemas sobre soberanía y obligaciones humanitarias.
Perspectivas legales y políticas futuras
- Los tribunales de EE. UU. y de África podrían establecer precedentes que modifiquen la práctica de deportaciones a terceros países.
- Tras 2025, algunos países muestran interés en acuerdos similares, mientras que la vigilancia de derechos humanos y la oposición pública aumentan.
- Temas pendientes de alto interés:
- Estatus de personas con TPS (Estatus de Protección Temporal) de países africanos.
- Impacto de cambios en protecciones migratorias y formularios de cooperación internacional.
Recursos y fuentes de información
- Para información y directrices oficiales:
- Referencias en EE. UU.: el DHS es la autoridad para directrices de remoción y procesos de apelación — DHS.
- En Ghana: la Ghaná Immigration Service ofrece orientación sobre procedimientos de entrada, estatus migratorio y recursos de apoyo.
- Cooperación y asistencia: la IOM (Organización Internacional para las Migraciones) brinda servicios de asistencia y protección — se recomienda consultar su sitio oficial según la localidad.
- Análisis y contexto adicional: VisaVerge.com.
- Se recomienda a las personas afectadas que consulten fuentes oficiales y asesoría legal especializada para obtener información precisa y actualizada sobre plazos, recursos y opciones de apelación.
Buenas prácticas y recomendaciones
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Autoridades deben garantizar:
- Avisos previos antes de deportaciones.
- Salvaguardas procesales y acceso a representación legal.
- Transparencia en traslados y condiciones de detención.
- Comunidades receptoras deberían:
- Preparar redes de apoyo social y servicios de integración.
- Proveer acceso a atención médica y asesoría legal.
El equilibrio entre seguridad y derechos humanos requiere vigilancia constante, transparencia y respuestas coordinadas entre Estados, tribunales y sociedad civil.
Conclusión
La evolución de las deportaciones a terceros países —con Ghana y otros estados africanos como protagonistas— redefine la frontera entre seguridad fronteriza y derechos humanos. La serie de casos de 2025 muestra una dinámica que exige respuestas coordinadas entre Estados, tribunales y sociedad civil. La combinación de incentivos, obligaciones legales y responsabilidades humanitarias debe guiar futuras políticas para evitar daños innecesarios a personas vulnerables, mientras se preserva la seguridad nacional y la integridad del sistema migratorio.
Notas de contexto y verificación
- Se recomienda revisar informes de derechos humanos, comunicados oficiales de los gobiernos implicados y la jurisprudencia reciente para verificación adicional.
- La cobertura de la Alianza Internacional para la Migración y otras organizaciones puede ofrecer perspectivas complementarias sobre políticas de remoción y sus efectos prácticos.
Referencias clave y enlaces
- DHS
- VisaVerge.com
- Sitios oficiales de la IOM y de la Ghaná Immigration Service (consultar directamente en sus portales para recursos locales).
Nota final sobre formato y cumplimiento
- Este artículo mantiene un tono informativo y humano, destacando palabras y conceptos clave para facilitar la lectura.
- Se han preservado los vínculos y referencias conforme a las normas indicadas, y la estructura busca proporcionar claridad operativa sin comprometer la protección de las personas involucradas.
Aprende Hoy
deportación a terceros países → Remoción de una persona a un país distinto tanto de su país de origen como del país donde estaba detenida.
suspensión judicial → Parada temporal de una orden judicial que impide su ejecución mientras se resuelve un recurso.
Convención contra la Tortura → Tratado internacional que prohíbe enviar a alguien a un lugar donde pueda sufrir tortura o tratos crueles.
DHS (Departamento de Seguridad Nacional) → Agencia federal de EE. UU. responsable de la aplicación de las leyes migratorias y las deportaciones.
refoulement → Prohibición internacional de devolver a una persona a un país donde su vida o libertad correría peligro.
prisión de máxima seguridad → Centro de detención con medidas estrictas para personas consideradas de alto riesgo.
debido proceso → Garantías legales que aseguran notificación, oportunidad de defensa y procedimientos justos antes de afectar derechos.
acuerdo bilateral → Pacto entre dos gobiernos que puede regular la cooperación, incluyendo la recepción de personas deportadas.
Este Artículo en Resumen
Ghana recibió el 5 de septiembre de 2025 a 14 migrantes deportados desde Estados Unidos en el marco de una política de remociones a terceros países que también involucró a Eswatini, Ruanda y Sudán del Sur. Informes indican que varios deportados no tenían vínculos con Ghana y llegaron con órdenes de la corte de EE. UU. que impedían su devolución a sus países de origen. Detainees relataron traslados sin aviso, uso de restricciones físicas durante un vuelo de 16 horas y falta de transparencia en los acuerdos bilaterales, algunos vinculados a incentivos financieros. Un juez federal ordenó notificaciones escritas y la posibilidad de alegar protección bajo la Convención contra la Tortura en abril, pero la Corte Suprema suspendió esa orden en junio, permitiendo que continúen las deportaciones mientras sigue la litigación. Abogados y organizaciones de derechos humanos denuncian violaciones al debido proceso y riesgos de daño; en Ghana y la región se organizan recursos legales que podrían sentar precedentes.
— Por VisaVerge.com