Puntos Clave
• Chicago demandó al DHS el 13 de mayo de 2025 por nuevas condiciones en fondos contra el terrorismo y migración.
• La demanda cuestiona requisitos que fuerzan a ciudades a cooperar con la ley migratoria para acceder a fondos UASI y SHSP.
• Recortes al programa TVTP del DHS y demoras en nuevas guías de financiación afectan preparación ante amenazas.
El 13 de mayo de 2025, Chicago dio un paso importante en la lucha por sus recursos cuando presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos 🇺🇸. Esta acción legal no surgió de la nada. Varios estados y ciudades se unieron a Chicago después de que, en marzo y abril de 2025, DHS presentara nuevas condiciones sobre la financiación del programa de contraterrorismo. Estas nuevas reglas rápidamente se convirtieron en el centro de un debate nacional sobre cómo se deben usar los fondos federales y quién decide cómo proteger a las comunidades.
Nuevas condiciones para acceder a fondos federales
El enfrentamiento se originó en dos documentos oficiales del DHS titulados “Términos y Condiciones Estándar,” publicados el 27 de marzo y el 18 de abril de 2025. Estos documentos cambiaron de forma abrupta los requisitos para que estados y ciudades reciban fondos federales destinados a la preparación ante desastres y el contraterrorismo. Ahora, quienes quieran acceder a ese dinero deben cumplir con dos demandas principales:
- Usar parte de sus recursos policiales y de seguridad para apoyar la aplicación de la ley migratoria federal, es decir, ayudar a encontrar y deportar a personas sin documentos.
- Dejar de operar cualquier programa que, según DHS, “beneficie a inmigrantes ilegales o incentive la inmigración ilegal”.
Para alcaldes y gobernadores, esto se traduce en una difícil elección: renunciar a ayuda clave para prepararse contra desastres—como respuestas a ataques o eventos de gran escala—o seguir sus propias prioridades locales en temas de inmigración. Chicago y otras partes alegan que estas nuevas condiciones funcionan casi como si “tomaran como rehén” a los fondos federales, forzando a las ciudades a ceder en algo tan básico como decidir sus políticas de crimen y castigo.
Además, la demanda sostiene que esta medida va mucho más allá de lo que permite la ley. Aunque el DHS administra estos fondos, las leyes originales del Congreso dicen claramente para qué se deben usar: ayudar a las ciudades y estados a luchar contra el terrorismo y estar listos frente a emergencias. Según Chicago, el DHS no tiene permiso para exigir cooperación en temas migratorios a cambio de ese dinero.
Programas y recursos que están en riesgo
Chicago basa su queja en los fondos concretos que recibe, incluyendo recursos muy importantes:
- La Iniciativa de Seguridad para Áreas Urbanas (UASI), que ayuda a Chicago a prepararse para casos de ataques masivos. Este dinero se usa para renovar máscaras de respiración para bomberos y equipos de rescate, mantener entrenamientos especializados en el Departamento de Bomberos y planear respuestas rápidas frente a ataques con tiradores activos.
- El Programa Estatal de Seguridad Nacional (SHSP), que funciona a nivel estatal y apoya a las autoridades en la lucha contra el terrorismo y la preparación para emergencias.
Cuando el DHS ata estas fuentes de financiamiento a la colaboración con su política migratoria, afecta directamente el funcionamiento de oficinas como la Oficina de Contraterrorismo de Chicago. Este organismo protege a la ciudad contra amenazas tanto internacionales como locales, trabaja para formar a la policía y coordina operaciones complejas. Quitarles recursos puede poner en riesgo no sólo la seguridad, sino también la vida de miles de ciudadanos.
El contexto de la financiación del contraterrorismo
No es la primera vez que se imponen recortes o se introducen condiciones en la financiación de programas de seguridad. Según información reciente, la administración del Presidente Trump ha congelado o reducido decenas de millones de dólares que estaban destinados a proyectos para prevenir actos violentos.
Uno de los programas afectados ha sido el Programa de Subvenciones para la Prevención de Violencia Dirigida y Terrorismo (TVTP), administrado por el “Center for Prevention Programs and Partnerships” (CP3) del DHS. Desde 2020, el programa TVTP ha entregado casi 90 millones de dólares en cinco ciclos de subvención, ha capacitado a unas 38,000 personas y alcanzado a más de 28 millones de habitantes en 41 estados y la capital del país. No obstante, para marzo de 2025, este programa ya había perdido cerca del 20% de su personal debido a recortes. Incluso la publicación de la guía para aplicar a la financiación del año fiscal 2025 — prevista para la primavera — está en el aire debido a tantas disputas.
Estos datos muestran que el tema de la financiación del programa de contraterrorismo va mucho más allá de un simple desacuerdo entre Chicago y el gobierno federal. Está en juego la capacidad nacional para prevenir y responder ante actos de terrorismo o violencia masiva en muchas de las principales ciudades del país.
Argumentos legales de Chicago y aliados
La demanda presentada por Chicago y otros estados se apoya en principios de la Constitución que regulan cómo el gobierno federal puede interactuar con los estados y ciudades. Hay dos puntos principales:
- Las agencias del Poder Ejecutivo, como el DHS, sólo pueden actuar bajo el marco de autoridad que el Congreso les entrega. Ningún funcionario, aunque ocupe un cargo tan alto como el de Secretario de Seguridad Nacional, puede crear reglas que rebasen el límite puesto por la ley aprobada por los legisladores.
- El gobierno federal no puede usar su poder de controlar la entrega de dinero a los estados para obligarlos a adoptar políticas federales con las que no están de acuerdo. Esto incluye el ámbito muy delicado de la inmigración.
Para reforzar su argumento, Chicago afirma que, al imponer estas nuevas condiciones, el DHS ha actuado de manera “arbitraria y caprichosa”. Por ejemplo, no se ha citado ninguna autoridad legal específica que le permita condicionar el acceso a cada dólar federal a cambio de cooperación total en la aplicación de la ley migratoria. Además, acusan que las leyes que autorizaron justamente los fondos de emergencia y seguridad no mencionan en ningún momento temas de inmigración.
Lo que significa para la ciudad y el país
Esta demanda podría cambiar el equilibrio entre la política migratoria federal y la autonomía de autoridades locales para definir cómo protegen a sus habitantes. El caso de Chicago llama la atención por su tamaño y su situación. Es una ciudad con una población muy diversa, que incluye muchas personas inmigrantes. Además, cuenta con uno de los sistemas urbanos de emergencia y respuesta a desastres más desarrollados del país. Quitarle financiamiento en materia de seguridad no sólo la afectaría a ella, sino que sentaría un precedente peligroso para otras ciudades que dependen de los mismos fondos.
Algunos funcionarios de Chicago sostienen que, al condicionar la financiación del programa de contraterrorismo a la ayuda en la aplicación de la ley migratoria, el DHS pone en peligro miles de vidas. Por ejemplo, si una ciudad como Chicago no puede costear equipos modernos para su personal de emergencias, aumentan los riesgos en caso de un ataque, desastre natural o incidente masivo.
Por otro lado, quienes apoyan al DHS argumentan que los fondos federales deben usarse en coordinación con los objetivos del gobierno central en materia de inmigración y seguridad fronteriza. Creen que obligar a las ciudades a cooperar ayuda a combatir el ingreso de personas que consideran un riesgo para la seguridad nacional.
Ambas posturas muestran lo complicado que es balancear las prioridades federales y locales. En el fondo, se trata de un viejo debate: ¿quién decide cómo se usan los fondos en EE. UU.? ¿El gobierno en Washington, o las autoridades y ciudadanos en cada ciudad?
Impactos sobre los inmigrantes y la seguridad pública
Si el DHS gana el caso, Chicago y muchas otras ciudades podrían verse forzadas a cambiar su enfoque hacia la población inmigrante. Por ejemplo:
- Podrían suspender programas que hoy ayudan a personas sin documentos a acceder a recursos básicos o a protegerse frente a abusos.
- Las relaciones de confianza entre las fuerzas policiales y las comunidades migrantes podrían debilitarse, ya que más personas temerían reportar delitos al temer ser deportadas.
Al mismo tiempo, los equipos dedicados a la seguridad antiterrorista y la respuesta ante emergencias perderían fondos claves. Recursos escasos significan menos entrenamientos, equipos obsoletos y menos capacidad de reacción ante un incidente grave—aunque no tenga nada que ver con inmigración.
Para los inmigrantes, el tema no es sólo legal. La seguridad pasa a ser algo incierto, tanto en sentido físico como en cuanto a sus derechos y acceso a ayuda pública. Para el público en general, la discusión afecta su tranquilidad al saber si las autoridades de Chicago tienen lo necesario para responder en caso de un atentado o desastre.
Perspectiva histórica y el futuro de la financiación
El conflicto entre políticas migratorias y la autonomía local no es nuevo. Históricamente, Estados Unidos 🇺🇸 ha visto debates sobre si los estados están obligados a cumplir con cada mandato federal, especialmente en materias delicadas como inmigración. Pero la situación actual, analizada por VisaVerge.com, demuestra que el control financiero puede ser un arma poderosa para dirigir la conducta de ciudades y estados enteros.
El resultado de este caso legal podría sentar nuevas reglas que afectarán no sólo a Chicago, sino también a otras urbes que reciben fondos federales. El simple anuncio de estas nuevas condiciones llevó a muchas autoridades locales a preguntarse cómo podrán modificar sus propios proyectos de seguridad y asistencia.
Mientras se resuelve la disputa en los tribunales, la incertidumbre permanece sobre cuándo y cómo se entregarán los fondos prometidos. Esta situación también podría demorar nuevos ciclos de subvenciones como los del programa TVTP, afectando la manera en que comunidades enteras se preparan para enfrentar amenazas nuevas y conocidas.
Recursos y dónde encontrar más información
Para quienes busquen información oficial sobre la financiación de programas para la seguridad, el Departamento de Seguridad Nacional ofrece detalles actualizados sobre fondos y requisitos. En su página dedicada a los Programas de Subvenciones TVTP, se pueden consultar bases de aplicación, ciclos de fondos pasados y los lineamientos más recientes.
Mientras tanto, otras organizaciones y medios especializados como VisaVerge.com continúan siguiendo de cerca la evolución de este caso y sus posibles repercusiones tanto para inmigrantes como para la seguridad de las ciudades.
Resumen y próximos pasos
En resumen, Chicago ha decidido enfrentar en la corte las nuevas condiciones del DHS que ligan la financiación del programa de contraterrorismo a su cooperación en la aplicación de la ley migratoria. Argumentan que el DHS no tiene autoridad para exigir esto y que pone en peligro la seguridad de la ciudad. El resultado del caso podría impactar la forma en que ciudades y estados de todo el país equilibran las necesidades de seguridad pública con sus propias políticas hacia los inmigrantes.
Queda por verse cómo responderán los tribunales y si el DHS mantendrá las condiciones o modificará su postura. Lo cierto es que el debate sobre la financiación federal, la autonomía local y la protección de los derechos de todos los residentes—incluidos los inmigrantes—seguirá siendo un tema de gran importancia para Chicago y el resto de Estados Unidos 🇺🇸 en los próximos años.
Aprende Hoy
Departamento de Seguridad Nacional (DHS) → Agencia federal de EE. UU. responsable de la seguridad pública, incluyendo política migratoria y respuesta a emergencias.
Iniciativa de Seguridad para Áreas Urbanas (UASI) → Programa de subvenciones que apoya a grandes ciudades en la preparación y respuesta a amenazas terroristas.
Programa Estatal de Seguridad Nacional (SHSP) → Subvención federal que fortalece la prevención del terrorismo y la preparación ante emergencias a nivel estatal.
Programa TVTP → Fondo del DHS dedicado a prevenir violencia dirigida y terrorismo, apoyando capacitación y proyectos comunitarios.
Arbitrario y Caprichoso → Estándar legal para señalar decisiones gubernamentales tomadas sin fundamento ni justificación adecuada; se impugna en tribunales.
Este Artículo en Resumen
Chicago presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional el 13 de mayo de 2025 por nuevas reglas que condicionan fondos de seguridad al apoyo migratorio. La ciudad argumenta que los requisitos afectan programas esenciales, arriesgan la preparación ante emergencias, y limitan la autonomía local, creando un precedente nacional en materia de fondos y apoyo a inmigrantes.
— Por VisaVerge.com
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