Puntos Clave
• Nueva York y 19 estados demandan al DOT por condicionar fondos a la aplicación de la inmigración.
• Están en riesgo más de $5 mil millones anuales en infraestructuras cruciales para Nueva York.
• Los demandantes afirman que la medida viola la división de poderes y afecta proyectos esenciales estatales.
El 13 de mayo de 2025, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto a fiscales generales de otros 19 estados, presentó una demanda contra el Departamento de Transporte de Estados Unidos (Departamento de Transporte o DOT). El motivo fue una reciente política que busca condicionar la entrega de fondos federales para el transporte a la participación de los estados en la aplicación de leyes de inmigración. Este proceso legal ha captado la atención nacional, pues afecta a millones de residentes y a proyectos de infraestructura vitales en Nueva York y otros estados.
¿Por qué Nueva York y otros estados están demandando al Departamento de Transporte?
La decisión del Departamento de Transporte, anunciada el 24 de abril por el Secretario de Transporte Sean Duffy, implica que cualquier estado que no coopere con las normas federales de inmigración podría ver suspendido el acceso a fondos federales de transporte. Esta medida surge como parte de la agenda de inmigración defendida por el presidente en funciones, y ha sido vista por muchos estados, incluyendo Nueva York, como un intento de forzar la aplicación de leyes federales a nivel estatal. Según los fiscales generales, este mandato pone en juego inversiones esenciales en carreteras, puentes, transporte público y seguridad vial.
Los demandantes sostienen que la nueva política del DOT viola la división de poderes que establece la Constitución de Estados Unidos. Según la demanda, el dinero que se pretende condicionar fue aprobado por el Congreso, que en ningún momento exigió que los estados cooperen en la aplicación de la inmigración como requisito para recibir estos fondos. Los fiscales generales denuncian que el gobierno federal intenta apropiarse de la potestad del Congreso en la asignación de fondos públicos, subrayando la frase “secuestro del poder”, en detrimento de las comunidades de inmigrantes y los proyectos de infraestructura crítica.
Este es un tema que toca directamente a los residentes de Nueva York, quienes podrían ver afectado el mantenimiento de carreteras, el funcionamiento del transporte público y la seguridad en las vías si la aplicación de la inmigración se convierte en un requisito indispensable para acceder a recursos federales.
¿Qué fondos están en riesgo?
En la demanda se detallan los principales programas federales afectados por la nueva condición del Departamento de Transporte. Entre ellos destacan:
- El Programa de Carreteras de Asistencia Federal, que distribuye más de $100 mil millones cada año para mantenimiento de caminos, mejoras de seguridad y reparaciones de puentes.
- Los programas de subvenciones de la Administración Federal de Tránsito, esenciales para los sistemas de transporte público.
- El Programa de Eliminación de Cruces Ferroviarios de la Administración Federal de Ferrocarriles, que financia mejoras de seguridad.
- El Programa de Mejoras Aeroportuarias de la Administración Federal de Aviación, que costea ampliaciones y mejoras de seguridad en los aeropuertos.
Para Nueva York, esta situación es especialmente preocupante, pues cada año el estado recibe más de $5 mil millones en fondos del Departamento de Transporte. Esta cantidad se divide así: $2.8 mil millones para carreteras, $2.3 mil millones para transporte público, $215 millones para mejoras ferroviarias, $18.8 millones para seguridad vial y $8.7 millones para aeropuertos.
Un corte de estos fondos podría paralizar proyectos fundamentales para la movilidad y la economía. También podría frenar avances en seguridad, infraestructura y ampliación de servicios de transporte, afectando a millones de usuarios que dependen de ellos todos los días.
¿Cuál es la posición del gobierno federal?
La administración sostiene que la aplicación de la inmigración debe formar parte de los requisitos para recibir fondos federales. El Secretario de Transporte, Sean Duffy, fue claro en su anuncio al afirmar: “Si reciben fondos públicos, deben cumplir las leyes federales. Hagan cumplir nuestras reglas de inmigración, terminen con las políticas de diversidad, equidad e inclusión que discriminan y protejan la libertad de expresión”.
Además, la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, reforzó el argumento diciendo que “las ciudades y estados que impidan el arresto de inmigrantes ilegales criminales no deben recibir fondos federales. El Presidente ha sido claro respecto a eso”.
Desde el punto de vista del ejecutivo, la seguridad nacional debe estar por encima de preferencias estatales. Creen que entregar dinero federal sin la cooperación en la aplicación de la inmigración sería un error que pondría en riesgo a los ciudadanos y alentaría la presencia no autorizada de inmigrantes.
El debate sobre la “aplicación de la inmigración” y la financiación federal
En esencia, el corazón de la disputa es el vínculo entre el dinero federal para el transporte y el involucramiento de los estados en detener y entregar a inmigrantes indocumentados. Nueva York y otros estados sostienen que las leyes federales de inmigración deben ser responsabilidad federal, y no pueden obligar a las policías locales o estatales a intervenir en temas de inmigración sin violar su autonomía y el mandato del Congreso. Consideran que usar fondos públicos como palanca, en lo que algunos llaman “coacción”, para que los estados se alineen con políticas federales, desbalancea el sistema que protege la división de poderes.
Por otro lado, la administración actual argumenta que no se puede premiar a estados que en su opinión “rompen la ley” e impiden que se apliquen las reglas migratorias, especialmente cuando existen recursos para emergencias o planes de transporte a gran escala.
Un contexto de endurecimiento de la política migratoria
Esta demanda no ocurre en aislamiento. Es parte de una serie de medidas y acciones legales que buscan delimitar los alcances del gobierno federal en el tema migratorio. El mismo 13 de mayo, el grupo de 20 fiscales generales presentó otra demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional, denunciando que la secretaria Kristi Noem amenazó con cortar fondos para emergencias si no hay cooperación con la aplicación federal de la inmigración.
Estos desafíos legales se producen en medio de una campaña federal para reforzar el control migratorio. El presidente en funciones ha promovido una política de deportaciones mucho más estricta: de acuerdo a datos recogidos en la demanda, más de 130,000 inmigrantes sin papeles han sido deportados desde el inicio de su mandato, y las detenciones en la frontera sur han caído en un 93%.
La presión para que estados y ciudades sean parte activa de la aplicación de la inmigración va en aumento, y la amenaza de perder financiamiento afecta tanto a grandes urbes como Nueva York como a poblaciones más pequeñas con recursos limitados.
Impacto para Nueva York y sus residentes
Nueva York no es solo un punto de tránsito. Es una metrópoli donde viven millones de inmigrantes y donde la diversidad forma parte clave de su identidad. La posibilidad de que se recorten fondos por el desacuerdo en la aplicación de la inmigración preocupa a líderes sociales, trabajadores y residentes por igual.
Muchos temen que, si se imponen estas condiciones:
- Las reparaciones de carreteras y puentes se retrasarán, exponiendo a los conductores a situaciones peligrosas.
- El transporte público podría ver recortes o demoras en la expansión de rutas esenciales, afectando a estudiantes, trabajadores y personas mayores.
- Las mejoras en seguridad vial y ferroviaria podrían postergarse, aumentando el riesgo de accidentes.
- El crecimiento de aeropuertos podría frenarse, limitando el acceso y la competitividad internacional.
Estos escenarios no solo suponen retrasos y molestias para los usuarios, sino que pueden tener efectos negativos sobre el empleo, la economía y la calidad de vida general.
Lo que piden los fiscales generales
El grupo liderado por Nueva York solicita a la corte que frene la decisión del Departamento de Transporte, argumentando que la Constitución no permite usar fondos ya aprobados por el Congreso como medio para forzar la colaboración estatal en la aplicación de la inmigración.
La demanda califica la política federal como “un intento ilegal de obligar a los estados a cumplir la agenda del presidente a cambio de fondos que ya han sido asignados por el Congreso”.
Es importante destacar que, como informa VisaVerge.com, la demanda también cuestiona si poner en riesgo fondos dedicados a infraestructura para promover la aplicación de la inmigración es una medida justa o si viola principios democráticos básicos. El resultado de la demanda podría sentar un precedente para futuras disputas sobre el uso y condicionamiento de fondos federales.
Otras voces y puntos de vista
Existen diferentes opiniones en el debate. Algunos funcionarios, principalmente del gobierno federal, creen que la única forma de asegurar la ley es exigir que todos los estados colaboren en la aplicación de la inmigración, usando los recursos como incentivo o penalización. Consideran que esto fortalece la protección de los ciudadanos.
Otros líderes, principalmente a nivel estatal y local en lugares como Nueva York, piensan que forzar a los estados a elegir entre proteger a sus comunidades inmigrantes o mantener la infraestructura es injusto. Argumentan que los recursos para el transporte y la seguridad vial no deberían estar ligados al cumplimiento de funciones de inmigración que no corresponden a las autoridades estatales.
¿Qué puede pasar ahora?
El caso ha iniciado un proceso judicial que probablemente se extienda durante meses. Mientras tanto, los fondos actualmente en curso no están en peligro inmediato, pero el Departamento de Transporte podría decidir retener nuevos recursos o aplazar proyectos en espera de una decisión judicial. Esto mantiene la incertidumbre en Nueva York, donde proyectos como arreglos de carreteras, mejoras en el metro o modernización de aeropuertos están pendientes de financiamiento.
El resultado final dependerá de la interpretación de los jueces sobre la autoridad del gobierno federal para condicionar fondos y sobre el verdadero alcance de la autonomía estatal en materia de aplicación de la inmigración. Quienes deseen consultar fuentes oficiales sobre la distribución de fondos federales y las reglas actuales pueden visitar el sitio del Departamento de Transporte de EE. UU..
Reflexiones finales
El enfrentamiento legal entre Nueva York y el Departamento de Transporte pone en evidencia la complejidad de combinar políticas públicas de transporte con la aplicación de la inmigración. Para los residentes del estado y los usuarios de sus sistemas de movilidad, el desenlace determinará si los recursos para caminos, tránsito y seguridad deben depender de políticas migratorias federales, o si cada estado tiene derecho a decidir cómo colaborar en la aplicación de la inmigración sin amenazas sobre su infraestructura.
Mientras la demanda avanza, millones de neoyorquinos y habitantes de otros estados siguen dependiendo de carreteras seguras, transporte público funcional y servicios aeroportuarios modernos. El debate servirá como referencia para futuras tensiones entre el poder federal y la autonomía local en temas tan importantes como la seguridad, la movilidad y la inclusión de comunidades inmigrantes en la vida de Estados Unidos.
Aprende Hoy
División de poderes → Principio constitucional que distribuye la autoridad entre ramas del gobierno para evitar abusos.
Aplicación de la inmigración → Procedimientos para hacer cumplir leyes migratorias, controlar el ingreso y permanencia de extranjeros.
Fondos federales → Recursos económicos otorgados por el gobierno nacional para proyectos estatales o locales específicos.
Demandante → Parte que presenta una demanda judicial contra otra entidad para proteger derechos o intereses.
Programa de Carreteras de Asistencia Federal → Iniciativa que asigna miles de millones para mantenimiento y seguridad de rutas y puentes en EE.UU.
Este Artículo en Resumen
Una nueva política federal pone en riesgo miles de millones en fondos de transporte para Nueva York si el estado no coopera en inmigración. Veinte estados demandan al Departamento de Transporte, calificando la medida de abuso. El resultado definirá el futuro de infraestructuras y el equilibrio federal-estatal en EE.UU.
— Por VisaVerge.com
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