Puntos Clave
• Mahmoud Khalil, residente legal, fue arrestado el 8 de marzo de 2025 por apoyar derechos palestinos.
• La jueza Comans autorizó la posible deportación bajo el artículo 237(a)(4)(C)(i); el plazo legal es hasta el 23 de abril.
• El caso plantea si la Primera Enmienda protege plenamente la libertad de expresión de los inmigrantes ante la deportación.
El caso de Mahmoud Khalil, un residente permanente legal en Estados Unidos 🇺🇸 y defensor de los derechos palestinos, ha generado un fuerte debate sobre hasta dónde llegan las protecciones de la Primera Enmienda cuando un inmigrante enfrenta la posibilidad de ser deportado. Khalil, estudiante de la Universidad de Columbia y titular de una “green card”, fue arrestado el 8 de marzo de 2025, según se indica, en respuesta a sus acciones y palabras públicas en favor de los derechos palestinos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) lo detuvo y trasladó a un centro en Luisiana, a más de 2.200 kilómetros de distancia de su esposa y sus abogados. Desde ese momento, el caso no solo ha pasado por varias instancias legales, sino que también ha puesto en el centro de atención la relación entre el derecho migratorio, la libertad de expresión y el papel de las autoridades estadounidenses.
Detalles clave del caso de Mahmoud Khalil

Para entender la importancia de este caso, es fundamental mirar de cerca lo que sucedió después de su detención. El 11 de abril de 2025, la jueza de inmigración Jamee Comans falló que Khalil podía ser deportado bajo la sección 237(a)(4)(C)(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta disposición establece que un no ciudadano puede ser expulsado si, según el Secretario de Estado, su presencia podría causar “consecuencias adversas en la política exterior”. En este caso, fue el Secretario de Estado Marco Rubio quien afirmó que la permanencia de Khalil en el país significaba un riesgo de ese tipo. La jueza aclaró que no tenía potestad para revisar esa afirmación y otorgó a los abogados de Khalil hasta el 23 de abril para preparar los documentos legales a fin de evitar su deportación.
Este argumento legal se usa pocas veces, ya que pone mucho peso en la opinión de un alto funcionario del gobierno y casi no deja espacio para que los tribunales examinen si esa opinión tiene un fundamento sólido, según informan los abogados de Khalil. Para ellos, si basta con que el gobierno diga que alguien representa un peligro por sus opiniones o acciones políticas para justificar una deportación, se corre el riesgo de callar a cualquiera que critique al poder. Esta preocupación se refleja en las palabras de uno de sus representantes, Marc Van Der Hout, quien dijo que si Mahmoud Khalil puede ser blanco de este tipo de medidas por hablar de los derechos de Palestina, entonces “esto le puede pasar a cualquier persona que toque un tema que la administración de Trump no apruebe”.
Problemas constitucionales y la Primera Enmienda
La parte más delicada de este caso está en la pregunta sobre si la Primera Enmienda —que protege la libertad de expresión y de reunión— cubre a todos los residentes legales cuando se enfrentan a procesos de deportación. El equipo legal de Khalil sostiene que sí. Para ellos, arrestar y tratar de deportar a Mahmoud Khalil solo por hablar en defensa de los derechos palestinos viola su derecho a la libertad de expresión y también su derecho al debido proceso.
En contraste, el gobierno se ampara en el llamado “poder plenario” en materia de inmigración. Esta doctrina, que tiene más de un siglo, afirma que el Congreso y el Poder Ejecutivo tienen un control casi absoluto en temas migratorios y que los tribunales deben intervenir lo menos posible. Pero este caso muestra que esa idea está siendo cada vez más revisada. El hecho de que la jueza Comans dijera que no podía auditar la decisión del Secretario de Estado pone en primer plano los límites de la revisión judicial cuando se mezclan política exterior, seguridad nacional y derechos civiles.
Puntos conflictivos y cambios en la posición del gobierno
Luego de la detención de Khalil, el caso tuvo varios momentos que generaron dudas sobre la actuación del gobierno. Uno de los hechos más relevantes ocurrió el 29 de abril de 2025, cuando un tribunal federal rechazó la idea del gobierno de que podía usar las leyes migratorias para evitar que Khalil cuestionara judicialmente su detención mediante un hábeas corpus. El juez decidió que, pese a lo que sostenían los abogados del Departamento de Seguridad Nacional, la justicia sí tenía autoridad para escuchar los argumentos de Khalil sobre si su arresto, ordenado según el Secretario de Estado, y la política utilizada eran inconstitucionales. Así, el tribunal abrió la puerta para que Khalil pueda seguir adelante con su demanda basada en violaciones a la Primera Enmienda.
Otro hecho importante es que el gobierno cambió de versión sobre cómo se realizó la detención. El 24 de abril de 2025, la administración de Trump admitió que arrestaron a Khalil sin una orden judicial, aunque antes habían dicho lo contrario. Además, para justificar su detención, argumentaron que Khalil no había colaborado y representaba peligro de fuga. Sus abogados niegan esto último y afirman que hay videos grabados por la esposa de Khalil que demuestran que él fue cooperativo y que la detención fue arbitraria. Esto ha despertado dudas sobre la transparencia y honestidad del proceso llevado adelante por el Departamento de Seguridad Nacional.
Quiénes representan a Mahmoud Khalil
La defensa de Mahmoud Khalil tiene un equipo diverso y experimentado, incluyendo a:
- Amy Greer, del despacho Dratel + Lewis
- Marc Van Der Hout y Johnny Sinodis, en la parte de inmigración
- Abogados de organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), CLEAR y el Centro de Derechos Constitucionales en el caso de hábeas corpus
Este equipo legal ha presentado varios argumentos ante los tribunales. En primer lugar, señalan que Khalil fue arrestado y retenido de forma que vulnera sus derechos constitucionales, incluyendo su derecho a expresar sus opiniones políticas de forma libre y a un proceso justo antes de ser privado de su libertad o su residencia en Estados Unidos 🇺🇸.
Además, piden la liberación inmediata de Khalil hasta que se resuelvan en los tribunales tanto el caso federal como el de inmigración. Argumentan que mantenerlo detenido, separado de su familia y abogados, representa una injusticia y causa un daño difícil de reparar, sobre todo porque Khalil tiene arraigo en el país y no hay pruebas firmes de que vaya a huir del proceso legal.
El debate sobre el poder plenario y los derechos de los inmigrantes
El caso de Mahmoud Khalil es observado de cerca por quienes estudian la ley migratoria y los derechos civiles en Estados Unidos 🇺🇸. Hay un debate sobre hasta qué punto el gobierno puede limitar los derechos constitucionales de los inmigrantes usando el argumento del “poder plenario”. A lo largo de la historia, los tribunales han validado el uso amplio de los poderes del Congreso y el Ejecutivo en migración, pero, al mismo tiempo, han afirmado que ciertos derechos básicos, como el debido proceso y la libertad de expresión, no pueden desaparecer simplemente por no ser ciudadano.
En este sentido, juristas y académicos están atentos a si el caso de Khalil puede abrir una nueva vía para que los tribunales analicen más a fondo las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional y del Secretario de Estado cuando se alega que un inmigrante fue discriminado por ejercer derechos protegidos como la libertad de expresión.
Noor Zafar, abogada principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes en la ACLU, resumió la importancia de este caso afirmando que es “un rechazo a los intentos del ejecutivo de usar las leyes migratorias para debilitar las protecciones de la Primera Enmienda por motivos políticos”.
Impactos y posibles consecuencias para otros inmigrantes
Lo que ocurra en este caso puede afectar a miles de residentes legales y otros inmigrantes en Estados Unidos 🇺🇸. Si los tribunales confirman que el gobierno puede arrestar y tratar de deportar a un residente permanente legal solo por sus opiniones políticas, podría crecer el miedo entre quienes participan en protestas, organizaciones o movimientos sociales. Esto puede llevar a que muchas personas decidan no expresar sus ideas por temor a posibles represalias, afectando el debate público y la vida democrática del país.
Por otro lado, si las cortes deciden que las protecciones de la Primera Enmienda y del debido proceso sí deben ser tenidas en cuenta incluso en casos migratorios complejos, se establecería un precedente de que el gobierno no puede actuar de manera arbitraria para callar voces disidentes. Esto también serviría como guía para jueces y autoridades sobre cómo equilibrar el interés nacional en controlar la inmigración con la obligación de respetar los derechos de las personas bajo la ley de Estados Unidos 🇺🇸.
Los abogados y defensores de derechos civiles esperan que el caso contribuya a aclarar cómo deben funcionar los límites y controles sobre el poder del Departamento de Seguridad Nacional y de las máximas autoridades del país respecto de quienes viven legalmente en su territorio pero no son ciudadanos.
Desafíos personales y familiares
No menos importante es el impacto que este proceso tiene en la vida personal de Mahmoud Khalil y de quienes lo rodean. Según sus abogados, la distancia física y la falta de acceso fácil a su familia y al asesoramiento legal dificultan su defensa y aumentan el costo emocional del proceso. Además, la incertidumbre sobre su futuro y el riesgo de ser enviado a otro país ponen bajo presión a su familia y a su red de apoyo.
En muchos casos similares, el Departamento de Seguridad Nacional traslada a los detenidos a centros alejados de sus hogares o de sus abogados, una práctica que, aunque legal, complica la preparación de la defensa y puede hacer que los detenidos se sientan aislados y vulnerables. Esto ha llevado a llamados de organizaciones y expertos para revisar estos procedimientos y buscar alternativas que respeten mejor los derechos humanos y los principios de justicia.
Reacciones y seguimiento
El caso de Mahmoud Khalil ha provocado muchas reacciones tanto en medios tradicionales como en plataformas en línea. Muchas organizaciones de derechos civiles han emitido comunicados exigiendo la liberación de Khalil y cambios en la forma en que se interpretan las leyes migratorias. Los expertos también han pedido mayor transparencia al Departamento de Seguridad Nacional y a otras agencias involucradas.
Además, el seguimiento judicial de este caso puede ser complejo y largo. Las próximas etapas incluirán más audiencias tanto en tribunales federales como en de inmigración, así como análisis detallado de los hechos por parte de los jueces. Se espera que cualquier fallo sea revisado también en instancias superiores, dada la importancia constitucional y política de lo que está en juego.
Para las personas interesadas en seguir de cerca la evolución del caso o conocer sus derechos frente a procedimientos similares, existen fuentes oficiales y sitios en línea confiables, como la propia web oficial del Departamento de Seguridad Nacional, que ofrece información sobre leyes y procesos migratorios vigentes.
Conclusión y próximos pasos
El caso de Mahmoud Khalil, como destaca el análisis de VisaVerge.com, muestra que las decisiones migratorias pueden tener impactos profundos en derechos fundamentales, no solo de un individuo, sino para todo un grupo social. Lo que está en juego aquí es la posibilidad de que la Primera Enmienda sirva como escudo para proteger a los inmigrantes que expresan opiniones políticas, o si, por el contrario, el gobierno puede seguir usando el argumento del poder plenario y la protección de la política exterior sin apenas controles judiciales.
Por ahora, el proceso sigue en manos de los jueces. Khalil y su equipo jurídico seguirán luchando tanto para evitar la deportación como para sentar un precedente que amplíe las garantías para otros residentes legales. Para miles de inmigrantes y para la sociedad estadounidense en general, lo que ocurra en este caso marcará el futuro del equilibrio entre las políticas migratorias, los derechos civiles y la libertad de expresión en Estados Unidos 🇺🇸. Estar atentos a la evolución de este caso permitirá entender mejor el rumbo de estos derechos y cómo pueden afectar la vida y participación pública de quienes, como Khalil, han hecho de este país su hogar.
Aprende Hoy
Primera Enmienda → Es parte de la Constitución de EE. UU., protege la libertad de expresión, de prensa, religión, asamblea y petición.
Residente Permanente Legal → Persona no ciudadana autorizada a vivir y trabajar indefinidamente en Estados Unidos; titular de la green card.
Poder Plenario → Doctrina jurídica que otorga al gobierno federal amplias y casi absolutas facultades en temas migratorios, restringiendo revisión judicial.
Hábeas Corpus → Recurso legal que permite cuestionar ante un juez si la detención de una persona es legal o no.
Artículo 237(a)(4)(C)(i) → Parte de la Ley de Inmigración que permite deportar si el Secretario de Estado ve riesgo en política exterior.
Este Artículo en Resumen
El caso de Mahmoud Khalil enfrenta la política migratoria y la libertad de expresión en Estados Unidos. Su arresto y posible deportación por defender los derechos palestinos ejemplifican los riesgos para inmigrantes. Lo que decida la justicia podría fortalecer o debilitar las garantías constitucionales para miles de residentes legales en el país.
— Por VisaVerge.com
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