Puntos Clave
• El 16 de mayo de 2025, el Condado de Pima demandó al DHS y FEMA por más de 12 millones de dólares congelados.
• En abril de 2025, se terminaron tres subvenciones clave, obligando al cierre del refugio Casa Alitas.
• El Condado atendió a 517,000 solicitantes de asilo procesados legalmente con fondos federales desde 2019.
El Condado de Pima demanda al gobierno federal por fondos congelados para atención a solicitantes de asilo
El Condado de Pima, en el sur de Arizona, se encuentra en el centro de una batalla legal que podría cambiar la forma en que los gobiernos locales y federales colaboran en la atención a solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos 🇺🇸 con México. El 16 de mayo de 2025, el condado presentó una demanda federal, uniéndose a las ciudades de Chicago y Denver, contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). El objetivo: recuperar más de 12 millones de dólares en fondos federales congelados que estaban destinados a la atención humanitaria de personas que buscan asilo y que fueron procesadas legalmente por las autoridades migratorias.
Esta acción legal surge tras una serie de cambios abruptos en la política federal, que han dejado a miles de migrantes y a las comunidades fronterizas en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad. A continuación, se explica en detalle cómo se llegó a este punto, quiénes son los actores principales, cuáles son las consecuencias inmediatas y qué podría suceder en el futuro.
¿Qué ocurrió y por qué es importante?
En abril de 2025, el DHS notificó oficialmente al Condado de Pima la terminación de tres subvenciones clave que financiaban su programa de atención a solicitantes de asilo. Esta decisión, que afectó también a otras ciudades como Chicago y Denver, cortó de inmediato el flujo de recursos federales que permitían operar refugios y ofrecer servicios básicos a migrantes que habían sido liberados legalmente por la Patrulla Fronteriza (CBP).
La medida obligó al condado a cerrar su principal refugio, Casa Alitas, y a suspender todas las operaciones relacionadas con la atención a solicitantes de asilo. Según datos oficiales, desde 2019 hasta 2024, el condado había gastado más de 52 millones de dólares en fondos federales para atender a aproximadamente 517,000 personas en busca de asilo, brindando alojamiento temporal, alimentos, atención médica básica y transporte.
La demanda presentada busca el reembolso de más de 12 millones de dólares en gastos ya realizados, de los cuales 10.3 millones están pendientes de reembolso y 3.7 millones aún no han sido presentados formalmente para su reembolso. El condado argumenta que cumplió con todas las regulaciones y leyes federales, y que el cambio de reglas por parte del gobierno federal es arbitrario y pone en riesgo tanto a los migrantes como a las comunidades locales.
¿Cómo funcionaba el sistema de atención a solicitantes de asilo?
Hasta principios de 2025, el proceso era relativamente claro y estaba respaldado por fondos federales:
- Procesamiento legal: Los migrantes que llegaban a la frontera y solicitaban asilo eran procesados por la Patrulla Fronteriza. Aquellos que cumplían con los requisitos legales eran liberados temporalmente mientras se resolvía su caso migratorio.
- Transporte a refugios: En muchos casos, la propia Patrulla Fronteriza transportaba a los solicitantes de asilo directamente a los refugios operados por el condado, como Casa Alitas.
- Atención temporal: El condado ofrecía alojamiento por unos pocos días, alimentos, atención médica básica y ayuda para coordinar viajes hacia otros destinos en Estados Unidos 🇺🇸, donde los migrantes esperaban sus audiencias migratorias.
- Reembolso federal: Todos los gastos incurridos eran documentados y presentados a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a través del programa Shelter and Services Program, que funcionaba bajo un sistema de reembolso.
Este modelo permitió a las comunidades fronterizas manejar el flujo de personas de manera ordenada y humanitaria, evitando crisis de salud pública y problemas de indigencia.
¿Qué cambió en 2025?
A partir de febrero de 2025, el Condado de Pima dejó de recibir comunicaciones claras de FEMA sobre el estado de los reembolsos pendientes. En abril, el DHS envió una carta oficial terminando las subvenciones y argumentando que el programa del condado estaba proporcionando “apoyo a extranjeros ilegales”, a pesar de que todos los migrantes atendidos habían sido procesados y liberados legalmente por las autoridades federales.
Esta reinterpretación de las reglas federales, bajo la administración del presidente Trump, sorprendió a los funcionarios locales, quienes aseguran que siempre actuaron conforme a la ley y bajo la supervisión de las agencias federales. El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Pima, Rex Scott, declaró:
“Dependíamos de estos fondos asignados por el Congreso y cumplimos con cada regulación y ley. Ahora, bajo la segunda administración Trump, el gobierno federal está cambiando repentinamente las reglas, enviando comunicaciones confusas sobre los requisitos de reembolso junto con plazos arbitrarios para demandas ambiguas y contradictorias, y luego no responde durante meses sobre si van a cumplir con la ley federal.”
Impacto inmediato en el Condado de Pima y la región
La terminación de los fondos federales tuvo consecuencias directas y graves:
- Cierre de refugios: El condado se vio obligado a cerrar Casa Alitas y suspender todos los servicios de atención a solicitantes de asilo.
- Presión presupuestaria: El condado quedó con millones de dólares en gastos no reembolsados, lo que afecta su capacidad para financiar otros servicios públicos esenciales.
- Riesgo humanitario: Sin refugios ni apoyo, los migrantes liberados legalmente por la Patrulla Fronteriza corren mayor riesgo de quedarse sin hogar, exponiéndose a peligros y problemas de salud pública.
- Desconfianza institucional: La falta de comunicación y los cambios abruptos en la política federal han generado desconfianza entre los gobiernos locales y las agencias federales, dificultando la cooperación en futuras crisis humanitarias.
Perspectivas de los diferentes actores
La disputa involucra a múltiples partes, cada una con preocupaciones y argumentos distintos:
- Condado de Pima: Busca el reembolso de servicios humanitarios que considera obligatorios y denuncia una extralimitación del gobierno federal.
- Chicago y Denver: Se han unido a la demanda, enfrentando problemas similares de falta de fondos y políticas cambiantes.
- DHS y FEMA: Argumentan que el programa apoyaba a “extranjeros ilegales” y han cambiado las prioridades de financiamiento, aunque los migrantes atendidos estaban legalmente en el país.
- Comunidades locales: Temen un aumento de la indigencia, problemas de salud pública y presión sobre los recursos locales.
- Expertos en políticas públicas: Advierten que estos cambios pueden desalentar la cooperación entre gobiernos locales y federales, debilitando la capacidad de respuesta humanitaria.
Según análisis de VisaVerge.com, la falta de claridad y la incertidumbre financiera podrían llevar a que menos gobiernos locales estén dispuestos a colaborar en el futuro, lo que agravaría las crisis humanitarias en la frontera.
Contexto histórico: ¿Cómo se llegó a este punto?
- 2019: El gobierno federal comenzó a otorgar subvenciones a condados fronterizos como Pima para ayudar a gestionar el aumento de solicitantes de asilo liberados por la Patrulla Fronteriza.
- 2019–2024: El Condado de Pima gastó más de 52 millones de dólares en fondos federales para atender a más de 517,000 solicitantes de asilo, brindando atención temporal y transporte.
- 2023–2024: El programa Shelter and Services Program de FEMA continuó financiando estos esfuerzos. En agosto de 2024, se aprobaron casi 19 millones de dólares para el condado.
- Febrero 2025: FEMA notificó posibles retenciones de reembolso, citando nuevas interpretaciones de las reglas.
- Abril 2025: El DHS terminó oficialmente tres subvenciones clave, deteniendo todos los fondos y provocando el cierre de los refugios.
- Mayo 2025: El condado, junto con Chicago y Denver, presentó una demanda federal para recuperar los fondos y desafiar la legalidad de la congelación.
Implicaciones legales y políticas
La demanda presentada en el Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois podría sentar un precedente importante sobre el alcance de la autoridad federal para cambiar la interpretación de fondos ya asignados por el Congreso. Los funcionarios locales y expertos legales sostienen que las agencias ejecutivas no pueden anular la voluntad del Congreso, que destinó estos fondos específicamente para la atención humanitaria de migrantes procesados legalmente.
Por otro lado, las agencias federales argumentan que la nueva política prioriza otros enfoques y que el apoyo a migrantes en proceso de deportación no es consistente con sus prioridades actuales, aunque esto contradice la práctica de los últimos años.
¿Qué puede pasar a continuación?
- Proceso judicial: El caso está ahora en manos de la justicia federal. Si el tribunal falla a favor del condado, podría obligar al gobierno federal a reembolsar los fondos y limitar su capacidad para cambiar las reglas de manera retroactiva.
- Precedente nacional: Otros condados y ciudades que enfrentan situaciones similares podrían beneficiarse de un fallo favorable, fortaleciendo la cooperación federal-local en futuras crisis.
- Situación de los migrantes: Mientras no se resuelva el litigio ni se restablezcan los fondos, es poco probable que el condado reabra sus refugios, dejando a los migrantes sin apoyo y trasladando la carga a organizaciones no gubernamentales o comunidades locales.
- Política migratoria: El resultado del caso podría influir en la forma en que el gobierno federal maneja la asignación de fondos humanitarios y la colaboración con gobiernos locales en la frontera.
Ejemplo práctico: ¿Qué sucede con un solicitante de asilo ahora?
Antes del cambio de política, una familia que cruzaba la frontera y era procesada legalmente por la Patrulla Fronteriza podía ser llevada a Casa Alitas, donde recibía alojamiento, alimentos y ayuda para contactar a familiares en otras ciudades. Ahora, esa misma familia podría ser liberada en la calle, sin recursos ni información, aumentando el riesgo de quedarse sin hogar y de enfrentar situaciones peligrosas.
Recursos oficiales y dónde obtener información actualizada
Para quienes deseen conocer más detalles sobre la situación y la historia del programa de atención a solicitantes de asilo en el Condado de Pima, se recomienda consultar los siguientes recursos oficiales:
- Información del Condado de Pima sobre la frontera suroeste:
pima.gov/3011/Southwest-Border-Information-FAQs - Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA):
fema.gov - Departamento de Seguridad Nacional (DHS):
dhs.gov
Conclusión y próximos pasos para las comunidades afectadas
La demanda del Condado de Pima contra el gobierno federal representa mucho más que una disputa por fondos: es un reflejo de los desafíos que enfrentan las comunidades fronterizas al tratar de equilibrar la seguridad, la legalidad y la humanidad en la gestión de la migración. La decisión final del tribunal podría definir el futuro de la cooperación entre los gobiernos locales y federales en la atención a solicitantes de asilo y sentar las bases para una política migratoria más clara y justa.
Mientras tanto, las comunidades locales deben prepararse para un periodo de incertidumbre, buscar apoyo en organizaciones civiles y mantenerse informadas a través de fuentes oficiales. Para quienes trabajan en la atención a migrantes, es fundamental documentar todos los gastos y procedimientos, y estar atentos a los cambios en las reglas de reembolso y financiamiento federal.
Acción recomendada:
Si usted es parte de una organización o gobierno local que brinda servicios a solicitantes de asilo, revise cuidadosamente los requisitos actuales de FEMA y DHS, consulte con asesores legales sobre la documentación necesaria y manténgase informado sobre el avance del litigio, ya que el resultado podría afectar directamente la viabilidad de sus programas.
Para información adicional y actualizaciones, visite la página oficial del Condado de Pima sobre la frontera suroeste: pima.gov/3011/Southwest-Border-Information-FAQs.
Aprende Hoy
Condado de Pima → Entidad local en Arizona que brinda atención humanitaria a solicitantes de asilo en la frontera con México.
DHS → Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la seguridad fronteriza e inmigración en Estados Unidos.
FEMA → Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que otorga subvenciones para apoyo humanitario y desastres.
Patrulla Fronteriza → Agencia que procesa y libera legalmente a migrantes solicitantes de asilo en la frontera.
Programa Shelter and Services → Programa de FEMA que reembolsa gastos locales en atención temporal a solicitantes de asilo.
Este Artículo en Resumen
El Condado de Pima presentó una demanda federal para recuperar 12 millones de dólares tras la terminación abrupta de fondos para la atención a solicitantes de asilo, generando un conflicto entre gobiernos locales y federales que afecta servicios humanitarios en la frontera sur de Estados Unidos.
— Por VisaVerge.com
Leer más:
• Solicitante de asilo condenado por agresión sexual será deportado del Reino Unido
• Baja el atraso en el sistema de asilo del Reino Unido a su mínimo desde 2021
• Reino Unido disminuye alojamiento en hoteles para solicitantes de asilo
• Solicitante de asilo cruza el Canal con pastor alemán rumbo a Reino Unido
• Solicitantes de asilo casi nunca cometen fraude, revela dato
