Puntos Clave
- Funcionarios de Spokane afirman que la ley de 2019 impide prometer devolver detenidos a ICE para un juicio.
- Un sospechoso de una violenta apuñalada pagó $20,000 y fue deportado por ICE antes del juicio.
- Autoridades estatales sostienen que ICE puede detener y deportar independientemente de cambios en la ley estatal.
(SPOKANE, WASHINGTON) En un giro que pone en primer plano el debate sobre la cooperación entre las autoridades estatales y federales en materia de inmigración, un grupo de responsables judiciales y de seguridad en el estado de Washington están argumentando que la ley Keep Washington Working Act, aprobada en 2019, dificulta procesar a inmigrantes indocumentados acusados de crímenes violentos al limitar la capacidad de las autoridades locales para colaborar con las agencias federales de inmigración. Los funcionarios señalan que, en la práctica, esta normativa podría permitir que sospechosos sean detenidos y deportados por ICE antes de ser juzgados, dejando a las víctimas sin cierre ni justicia. Este tema se ha vuelto un eje de tensiones entre quienes sostienen que la seguridad pública debe primar y quienes defienden la protección de derechos para personas sin estatus migratorio regular cuando no hay cargos penales concluyentes o cuando la cooperación estatal podría vulnerar principios legales.
La ley en cuestión, conocida formalmente como Keep Washington Working Act, fue diseñada para evitar que las entidades estatales, distritos y ciudades utilicen recursos para la aplicación civil de la inmigración o para asistir en investigaciones basadas únicamente en el estatus migratorio o de ciudadanía. En ese marco, los críticos sostienen que la norma limita la capacidad de las cárceles y de los fiscales para garantizar procesos judiciales cuando un sospechoso indocumentado comete un crimen grave y permanece bajo custodia federal. En el centro del debate está la idea de que, incluso si el acusado es liberado bajo fianza, ICE podría intervenir y deportarlo antes de que el caso llegue a juicio, como señalan las manifestaciones de los responsables judiciales de Spokane.
Entre los que alzan la voz destacan el Sheriff del Condado de Spokane, John Nowels, y el Procurador del Condado, Preston McCollam, quienes vinculan directamente la ley a casos en los que la justicia no alcanza a completarse para las víctimas. Nowels sostiene que hay víctimas en la comunidad
“que pueden nunca recibir justicia porque esta persona está siendo detenida en custodia federal, y con razón. No deberían estar aquí. Pero ¿por qué no podemos obtener responsabilidad y cierre para estas víctimas?”,
dijo Nowels, cuyas palabras trazan un cuadro claro de la frustración que genera la maquinaria legal cuando las promesas de rendición de cuentas chocan con las limitaciones impuestas por la ley estatal. En otro pasaje de sus declaraciones, Nowels explicó de forma explícita la mecánica que, según él, socava la prosecución local:
“They’re being held in federal facilities and they cannot give them back to Spokane County to be tried for these serious crimes, because our jail and our courts cannot promise that after their case is adjudicated that we will return them to the custody of ICE because the Keep Washington Working Act prevents the jail and the prosecutor’s office from promising to give that person back.”
Estas palabras, recogidas en el informe, subrayan la preocupación de que la ley impida a las autoridades locales garantizar la entrega del sospechoso a las autoridades competentes para el juicio, una promesa que es fundamental para la prosecución de crímenes violentos.
El Procurador Preston McCollam contextualizó el impacto práctico con un caso reciente.
“At which point, he took out what we believe is a box cutter. And he sliced the victim from the top of his neck to the bottom of his lower back, right down his spinal column. It’s one of the most violent stabbings and slashings that I’ve seen,”
declaró McCollam, al referirse a un episodio de violencia extrema que, según él, terminó con la detención del sospechoso por parte de ICE tras la fianza de 20,000 dólares y su posterior deportación antes de ser juzgado.
“It’s extremely frustrating, because, again, this is something that should not be occurring. My take on this is that, as written, Keep Washington Working insulates criminal actors when they commit crimes in our community. It elevates their rights over those of an actual citizen,”
añadió el fiscal, subrayando la percepción de que el marco legislativo protege al delincuente a expensas de las víctimas.
Las cifras y los hechos que rodean el debate alimentan la narrativa de que el problema no se reduce a una falla aislada del estado, sino a un choque entre dos marcos: por un lado, la necesidad de direcciones claras para la persecución de crímenes violentos y la protección de la seguridad de las comunidades, y, por otro, un marco que restringe la cooperación de influencia federal para la detención o deportación de indocumentados que no han sido condenados. En ese contexto, una serie de datos y declaraciones se han filtrado para dibujar un panorama de tensión entre las autoridades locales y la administración federal de inmigración. Por ejemplo, un informe de la Universidad de Washington encontró que agentes federales accedieron a datos de cámaras Flock financiadas por las autoridades locales sin su conocimiento.
“What we have is the evidence that the systems were searched hundreds of thousands of times by U.S. Border Patrol, including agencies that have since said they didn’t know their systems were being used,”
señaló Phil Neff, coordinador de proyectos en el Centro de Derechos Humanos de la UW, lo que añade una capa de complejidad sobre la gestión de datos y la cooperación interagencial.
Las posiciones a favor de reformar Keep Washington Working no son homogéneas. Algunos oficiales estatales y defensores sostienen que la dificultad para procesar acusados no reside principalmente en la ley estatal, sino en la práctica de ICE de detener y deportar a sospechosos antes de que puedan comparecer ante los tribunales estatales.
“The Legislature may amend the Keep Washington Working Act at any time, but there is no change we could make that would stop ICE from independently detaining people before they face trial, conviction, or sentencing. The Keep Washington Working Act isn’t what’s preventing our local law enforcement agencies and prosecutors from obtaining justice for victims — it’s the Trump administration’s insistence on deporting people without due process for either those who are accused of crimes or the victims of them,”
afirmó un portavoz citado en el informe. Aunque este extracto no nombra explícitamente al presidente de ese periodo, resalta la línea de defensa de que la cuestión central es la actuación federal más que la norma estatal.
Es relevante señalar que la Gran mayoría de las agencias policiales del estado dicen que no preguntan por el estatus migratorio a menos que sea directamente relevante para una investigación criminal y que no retienen a personas para ICE sin una orden judicial. En el marco de Keep Washington Working, la ley sí permite que el Departamento de Correcciones notifique a ICE sobre fechas de liberación de los prisioneros, pero las cárceles y los tribunales locales no pueden prometer regresar a las personas a ICE tras la adjudicación de un caso. Este conjunto de disposiciones ha generado, entre quienes trabajan en seguridad pública, un debate que no se reduce a una sola causa: la percepción de que la norma estatal actúa como un paraguas que favorece a los delincuentes frente a las víctimas.
Del otro lado del espectro, las investigaciones y revisiones académicas sobre la relación entre migración y criminalidad han ofrecido una visión diferente. Varias investigaciones, incluida una análisis de pares de 2018, han señalado que no hay evidencia de que la inmigración indocumentada incremente las tasas de criminalidad violenta; de hecho, la relación tiende a ser negativa o estadísticamente insignificante. Esta evidencia, aunque no evita la controversia política, añade una capa de contexto que los analistas señalan cuando se discute si las fuertes promesas de seguridad pública deben existir sin consideraciones sobre derechos y procesos legales para los inmigrantes.
A nivel estatal, para muchos observadores, la controversia no se reduce a un dilema entre seguridad y derechos. Se trata de la forma en que las autoridades pueden garantizar justicia para las víctimas sin comprometer el marco de derechos civiles. En Spokane, el debate ha puesto sobre la mesa la pregunta de si Keep Washington Working, tal como está escrito, frena o facilita la justicia para quienes pierden a seres queridos o sufren ataques violentos. En este sentido, la conversación no es meramente teórica: hay casos concretos, como el descrito por McCollam, que muestran una escena en la que el daño a la víctima y la frustración de las autoridades de la localidad se entrelazan con la decisión de ICE de actuar antes de un juicio.
La narrativa de los defensores de la ley suele recalcar que la seguridad depende de un cumplimiento eficaz de la ley, de que los sospechosos sean evaluados en un proceso judicial justo, y de que las víctimas obtengan cierre. Sin embargo, los críticos mantienen que el marco actual de cooperación limitada puede impedir que las autoridades locales obtengan la cooperación necesaria para asegurar que los sospechosos sean sometidos a un proceso judicial y, por ende, que se haga justicia en casos de violencia grave. En Spokane, este dilema se ha manifestado de manera explícita a través de los casos concretos que desembocan en deportaciones previas al juicio.
El diálogo entre las autoridades estatales y federales sobre la aplicación de la inmigración y la seguridad pública continúa. En el Estado de Washington, como en otros lugares, Keep Washington Working actúa como un recordatorio de que las tensiones entre derechos civiles y seguridad pública no son meras abstracciones: afectan directamente a las víctimas, a las familias y a las comunidades enteras que buscan justicia tras actos violentos. La pregunta que permanece es si las reformas políticas futuras podrán equilibrar de manera más efectiva estas prioridades sin sacrificar el debido proceso ni la protección a las personas que, por su estatus, se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
El debate también llega a la esfera de las cifras y de la percepción pública. Si bien la evidencia de estudios académicos sugiere que la inmigración irregular no eleva la violencia, la experiencia vivida por comunidades y por profesionales del derecho local mantiene un peso particular en el proceso político. Los próximos meses podrían ver discusiones legislativas que traten de ajustar Keep Washington Working sin desdibujar el objetivo de mantener a la ciudadanía segura, una tarea que, para muchos en Spokane y más allá, exige un delicado equilibrio entre la aplicación de la ley y el respeto a los procesos debido.
Para comprender el alcance de la aplicación de la ley de forma más amplia, es útil revisar cómo los frentes de seguridad pública y de inmigración han evolucionado en años recientes. El debate no se limita a Spokane, sino que se enmarca en un diálogo más amplio sobre la forma en que las autoridades locales pueden y deben colaborar con el gobierno federal para perseguir crímenes violentos sin violar derechos fundamentales. En este contexto, Keep Washington Working Act no es solo una norma aislada; es una pieza de un rompecabezas mayor que involucra a fiscales, policías, jueces, defensores de derechos y expertos en políticas públicas.
El impacto de esta discusión no termina en la sala de tribunales o en las celdas de la cárcel. Para las comunidades afectadas por actos violentos, cada decisión legislativa que retrasa o agiliza un juicio tiene un coste humano real, que se mide en el tiempo de espera de las víctimas, en la percepción de impunidad y en la confianza en el sistema de justicia. En Spokane, como en otras ciudades, la conversación continúa y, con ella, la esperanza de encontrar soluciones que protejan a la sociedad sin sacrificar la equidad y los derechos de las personas inmersas en un sistema migratorio complejo.
En última instancia, Keep Washington Working Act permanece como un punto de referencia para el debate sobre la aplicación de la inmigración en el ámbito local. Si bien algunos sostienen que la crítica central debe dirigirse a las prácticas de ICE, otros continúan insistiendo en que una revisión de la ley podría mejorar la capacidad de las autoridades para mantener a la comunidad segura y, a la vez, garantizar que los procesos judiciales se respeten plenamente. En Spokane, la conversación seguirá girando en torno a preguntas difíciles: ¿cómo se equilibra la protección de las víctimas con los derechos de los sospechosos? ¿Qué reformas, si las hay, podrían evitar que la deportación previa al juicio socave la justicia para casos de crímenes violentos? Y, sobre todo, ¿cómo puede la aplicación de inmigración y la seguridad pública coevolucionar de una forma que fomente la confianza en el sistema y la protección de la comunidad?
Para quienes siguen el tema de cerca, estas preguntas no son teóricas: cada caso, cada testimonio y cada decisión política arrojan luz sobre el costoso y complejo compromiso entre garantizar la seguridad de los ciudadanos y respetar el debido proceso. La crónica de Spokane, que reúne declaraciones de figuras como el Sheriff John Nowels y el Procurador Preston McCollam, junto con las observaciones de investigadores como Phil Neff, continúa alimentando una discusión que es, a la vez, local y profundamente nacional. En ese cruce entre lo práctico y lo ideológico, Keep Washington Working Act se mantiene como un recordatorio de que la inmigración, la justicia y la seguridad pública están entrelazadas de formas que no siempre son fáciles de reconciliar, pero que requieren atención constante, evidencia sólida y un compromiso claro con el estado de derecho.
Para quienes deseen seguir explorando el tema y entender las disposiciones legales exactamente, el texto oficial de la Keep Washington Working Act ofrece un marco detallado de las prohibiciones y excepciones que configuran la interacción entre las fuerzas del orden locales y las autoridades de inmigración. Este asunto continúa evolucionando, y sus efectos se sienten a lo largo de las comunidades que buscan justicia tras actos de violencia, así como en las oficinas de los fiscales y en los departamentos de correcciones que deben navegar entre responsabilidades locales y obligaciones federales. En última instancia, la pregunta que persiste es si, con reformas prudentes y una supervisión constante, es posible construir un sistema que proteja a la ciudadanía sin sacrificar a quienes, por su estatus migratorio, ya enfrentan obstáculos extraordinarios para acceder a la justicia. Y mientras el debate sigue, los casos y las cifras seguirán sirviendo de espejo para la sociedad que intenta encontrar un equilibrio real y tangible entre la seguridad y la justicia para todos. Para más información oficial sobre la normativa y su alcance, se puede consultar la página del estado de Washington dedicada a la legislación correspondiente, donde se detalla el marco legal y sus implicaciones prácticas para las fuerzas del orden y los fiscales en casos de migración y crímenes violentos. En contextos prácticos, quienes trabajan en la aplicación de la ley y la defensa de víctimas esperan que cualquier revisión futura de Keep Washington Working tome en cuenta la experiencia de campo y la evidencia empírica sobre cómo se desarrollan realmente estos procesos en las comunidades afectadas.
Aprende Hoy
Keep Washington Working Act → Ley estatal de 2019 que limita la colaboración local en la aplicación civil de la inmigración y las consultas sobre estatus migratorio.
ICE → Agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas responsable de la detención y deportación de no ciudadanos.
Fianza → Cantidad de dinero que se paga o deposita para liberar a un acusado mientras espera su juicio.
Deportación → Expulsión de una persona del país por las autoridades federales de inmigración.
Este Artículo en Resumen
En Spokane, autoridades locales afirman que la Keep Washington Working Act impide que cárceles y fiscales garanticen devolver a detenidos a ICE tras procesos estatales, lo que ha permitido deportaciones de sospechosos tras pagar fianza y antes del juicio. Un caso de apuñalamiento grave, con fianza de $20,000, quedó sin enjuiciamiento tras la deportación. Funcionarios estatales sostienen que la decisión de detener o deportar recae en ICE y que cambiar la ley estatal no garantizaría resultados distintos.
— Por VisaVerge.com
