Puntos Clave
- En noviembre de 2025, ICE tenía un récord de 66,000 personas en custodia, un aumento del 70% desde enero de 2025.
- La expansión es financiada por $45,000 millones aprobados en la One Big Beautiful Bill Act en el verano de 2025.
- Aproximadamente 33,000 detenidos carecen de cargos penales; la red abarca más de 400 instalaciones y 170 sitios de retención.
(UNITED STATES) Un récord histórico de 66,000 personas se encuentran en custodia de ICE, según datos y entrevistas recopiladas por medios de alta credibilidad, en medio de una ola de endurecimiento migratorio impulsada por la administración de Donald Trump. La cifra, que marca un salto significativo desde el inicio del segundo mandato en enero de 2025, cuando había aproximadamente 39,000 personas bajo custodia, representa un incremento de cerca del 70% en apenas meses y subraya una expansión rápida del sistema de detención y de las instalaciones utilizadas para este fin. El registro llega en un momento en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha encabezado un esfuerzo conocido como expansión de detención, con inversiones recientes que permiten sostener un número cada vez mayor de detenidos en un entramado de centros que se extiende por todo el país.
La cobertura de la red de detención ya no se limita a grandes prisiones privadas o a complejos carcelarios; se ha ampliado a una combinación de instalaciones militares, prisiones privadas y centros de detención situados en hoteles, hospitales, aeropuertos e incluso sitios de retención menos visibles. Camilo Montoya-Galvez, reportero de CBS News en materia de inmigración, describe la magnitud de la cifra y su claridad como señal de una política de endurecimiento:
“CBS News is the first to report the number of people in ICE custody is now at 66,000. That is a new record as President Trump ramps up immigration enforcement. That number is up from about 39,000 at the beginning of Trump’s second term”.
Las autoridades señalan que la capacidad operativa ha aumentado para sostener este crecimiento y que ICE ya dispone de camas para albergar hasta 70,000 personas en cualquier momento, con la meta de alcanzar las 100,000 camas en ciertas proyecciones futuras, un objetivo que aparece reflejado en las estimaciones de capacidad y en comentarios de funcionarios citados por la prensa.
El marco de financiamiento para esta expansión es crucial: una asignación de 45 mil millones de dólares para ICE, en el contexto de lo que se ha descrito como el paquete legislativo conocido entre los medios como la “One Big Beautiful Bill Act”. Este financing se ha canalizado a la construcción y ampliación de camas de detención, incluyendo nuevas instalaciones en estados de control republicano. La magnitud de ese flujo de recursos sugiere una apuesta sostenida por ampliar el sistema de detención y consolidar una red que permita sostener un volumen de detenidos cada vez mayor que el observado al inicio de este año.
Entre quienes están detenidos, la composición de los casos sirve para ilustrar el cambio en la naturaleza de la detención migratoria. Las cifras internas del DHS muestran que aproximadamente la mitad de las 66,000 personas en custodia no tienen cargos criminales ni condenas pendientes, y están siendo retenidas por violaciones civiles de inmigración. Montoya-Galvez de CBS News lo resume así:
“The data we obtained indicates that roughly half of the people currently in ICE detention do not have a criminal record or pending criminal charges.”
Esa fracción, que se aproxima a 33,000 personas, contrasta con el otro grupo de detenidos, el que sí tiene cargos o condenas, y que, según las mismas investigaciones, representa la otra mitad de la población. Un informe de CBS citando cifras específicas situaba en torno a 33,000 personas sin cargo o condena frente a la otra mitad que sí presenta algún tipo de cargo. En paralelo, la Vera Institute, un centro de investigación en políticas públicas, señala que solo alrededor del 30% de las personas detenidas tenía condenas penales, y que apenas el 8.5% de esas condenas corresponden a delitos violentos. Este mosaico revela la diversidad de motivos por los que individuos están bajo custodia, y alimenta el debate sobre la proporcionalidad, la supervisión y las condiciones en las instalaciones de detención.
Las condiciones y la ubicación de los detenidos son temas que repican cuando se habla de expansión. ICE opera a través de una vasta red de más de 400 instalaciones, que incluye prisiones privadas, cárceles locales, hoteles, hospitales, aeropuertos, bases militares y sitios de retención no siempre transparentes. Informes y análisis periodísticos señalan experiencias de detención que van desde días hasta semanas en cuartos de concreto sin camas, a pesar de normas internas que, en teoría, limitan ese tipo de confinamiento a horas. The Guardian, al revisar datos federales de registro, encontró que ICE empleó al menos 170 sitios de detención a nivel nacional, que incluyen 25 oficinas de campo, a menudo con supervisión limitada y con condiciones descritas por defensores de los derechos de los detenidos como que generan preocupaciones serias sobre la seguridad y el debido proceso. Esa documentación subraya una preocupación persistente sobre la vigilancia, la responsabilidad y la transparencia en un sistema que se está expandiendo a gran velocidad.
Geográficamente, el alcance de las detenciones ha llegado a todas las 50 states, además de territorios y posesiones como Puerto Rico, Guantánamo, las Islas Marianas del Norte, Guam y las Islas Vírgenes de EE. UU., con las mayores concentraciones de instalaciones de detención en Texas, Florida y California. En junio de 2025, los datos señalan que se detiene a personas en instalaciones dispersas por todo el país, reflejando una red que ya no está localizada en un conjunto de prisiones centrales, sino que se ha dispersado ampliamente para cubrir un territorio mucho más amplio.
La dinámica de las detenciones también se ha apoyado en un incremento preocupante del uso de centros de detención privados y mega-centros. A comienzos de junio, 17 instalaciones privadas, distribuidas en nueve estados, tenían diariamente a más de 1,000 detenidos, y dos de estas instalaciones, Adams County Correctional Center en Mississippi y Stewart Detention Center en Georgia, superaban los 2,000 detenidos por día. Este crecimiento en la población carcelaria y la preferencia por instalaciones privadas ponen de relieve profundas discusiones sobre costos, supervisión, estándares de cuidado y responsabilidad, y alimentan un debate mayor sobre si la expansión de la detención responde a necesidades humanas o a cálculos políticos y de seguridad.
El impulso para ampliar la detención no se presenta como un fenómeno aislado; se conecta con una narrativa de endurecimiento de la aplicación de inmigración, que ha puesto en el centro del debate los costos humanos y las condiciones de las personas detenidas. Informe tras informe recalca la urgencia de escrutinio, ante la percepción de que la detención masiva y la diversificación de ubicaciones reducen la transparencia y dificultan el acceso a revisiones de casos y oportunidades de defensa adecuadas. En ese marco, las voces de quienes están en las instalaciones, así como las de abogados, defensores de derechos humanos y responsables de la política migratoria, se han visto impulsadas a pedir mayores salvaguardas, más supervisión independiente y claridad sobre el uso de fondos públicos.
Las autoridades citadas en la cobertura han reforzado que la expansión de la detención tiene como objetivo sostener una capacidad operativa suficiente para gestionar flujos migratorios complejos y, en la medida de lo posible, coordinar respuestas a incidentes, crisis humanitarias y cambios en las políticas de asilo. Sin embargo, la evidencia recogida por los medios y los grupos de defensoría sugiere que la oferta de camas y la construcción de nuevos centros a menudo han avanzado con menos supervisión y, en ocasiones, con condiciones que generan serias preocupaciones de seguridad y procesos.
“That is a new record as President Trump ramps up immigration enforcement… ICE is building a massive and unprecedented detention system”, afirma Montoya-Galvez, subrayando el grado de ambición que acompaña a la estrategia de la administración.
En este escenario, la pregunta central para la población afectada y para las comunidades que las rodean es la siguiente: qué significa para las personas migrantes y sus familias este marco de expansión de detención? Para quienes no tienen antecedentes penales, pero esperan un proceso de revisión de sus casos, el incremento de detenciones y la diversificación de lugares de detención pueden traducirse en prolongadas separaciones familiares, incertidumbre legal y un aumento de costos humanos y emocionales. A mediano plazo, también se espera que estas cifras influyan en el acceso a asistencia legal, recursos para la defensa y la posibilidad de presentar apelaciones de manera oportuna.
El pentagrama de números y lugares que define la realidad de la detención bajo la administración actual también tiene un componente de política pública que no puede pasarse por alto. El énfasis en la ampliación de la capacidad, con la inserción de camas y la construcción de nuevas instalaciones, se entrelaza con debates sobre la equidad, la proporcionalidad y las salvaguardas para evitar abusos. Los defensores de los derechos de los detenidos señalan repetidamente que la expansión de detención debe ir acompañada de estándares claros de tratamiento humano, supervisión independiente y mecanismos de rendición de cuentas. En contraste, los defensores de una línea de mayor contundencia argumentan que la detención masiva es una herramienta necesaria para disuadir la migración irregular y garantizar la seguridad nacional, un argumento que ha calado profundamente en ciertos círculos políticos y produjo un impulso sostenido para ampliar la capacidad de detención a través de fondos federales significativos.
En términos prácticos, para la cifra de 66,000 personas en custodia de ICE, hay varias aristas a considerar: el impacto en comunidades a lo largo de estados con alta actividad de detención, las condiciones en las instalaciones y la calidad de la supervisión, la posibilidad de revisiones de casos más eficientes y la necesidad de garantizar que los derechos de las personas detenidas se respeten en todo momento. Las autoridades y los observadores señalan que el sistema de detención, a medida que crece, debe equilibrar la capacidad de respuesta con la responsabilidad de garantizar un trato humano y procesos judiciales justos. En este marco, el término “aplicación de inmigración” se ve a la vez como una herramienta de seguridad y como un motor de cambios sociales y humanos que requieren vigilancia, evaluación y transparencia constantes.
El tema de los costos, ya sea humano o fiscal, también ocupa el centro de la conversación. La inversión de 45 mil millones de dólares para ICE se traduce en un escenario donde el gasto público se despliega para sostener un sistema de detención más amplio. Este gasto, junto con el crecimiento de la población bajo custodia, plantea preguntas sobre la asignación de recursos en otros ámbitos de la seguridad y la política migratoria, así como sobre las alternativas a la detención, como programas de libertad condicional supervisada o medidas menos restrictivas para aquellas personas cuyos casos se encuentran en revisión. En un país tan político y regionalmente diverso como Estados Unidos, estas decisiones se convierten en temas de debate público, con voces a favor de un enfoque más humano y otras que sostienen que la seguridad nacional exige medidas más duras y capacidades ampliadas.
En suma, la cifra de 66,000 personas en custodia de ICE, impulsada por la expansión de detención y respaldada por un fuerte impulso presupuestario, marca un punto de inflexión en la política de aplicación de inmigración y en la experiencia de miles de personas que, en este momento, conviven con la incertidumbre de sus casos, la precariedad de las condiciones de algunas instalaciones y el peso de un sistema que busca demostrar su eficacia en un marco de fuerte polarización política. Las fuentes citadas, desde CBS News y The Guardian hasta centros académicos como la Vera Institute, dibujan un retrato de una detención que ya no es una excepción sino una norma operativa en la actualidad, con un perfil de detención que, en la práctica, abarca una diversidad de casos que va más allá de los motivos criminales tradicionales.
Para la gente que está en custodia y para sus familias, cada cifra representa una historia que continúa fuera de las cámaras. Los casos de personas que no tienen antecedentes penales pero hoy permanecen en detención por razones administrativas o de inmigración civil, y la posibilidad de que el sistema esté alcanzando niveles de capacidad inéditos, convierten estas cifras en una realidad cotidiana que afecta comunidades enteras y redefine, en gran medida, lo que significa buscar refugio o garantizar una vida estable en un país que, cada día, revisa sus reglas de acceso y sus límites.
Este cuadro, que continúa evolucionando a medida que se aprueban nuevos fondos y se abren instalaciones, requiere una vigilancia continua y un debate público informado sobre la justicia, la seguridad y la humanidad en el manejo de la aplicación de inmigración. Mientras tanto, la cifra de 66,000 personas en custodia de ICE permanece como un indicador claro de una política que ha decidido amplificar su alcance de manera sustancial, con respuestas prolongadas que aún están por definirse en su totalidad ante las cortes, las comunidades afectadas y la opinión pública. Para quienes viven en la frontera de estas políticas—los detenidos, sus familias y los trabajadores que operan estas instalaciones—la expansión de detención no es solo una cifra: es una experiencia cotidiana que condiciona su presente y su futuro, y que, en última instancia, podría determinar la forma en que Estados Unidos aborda la inmigración en los años venideros. En el centro de este proceso, la realidad de 66,000 personas en custodia de ICE, y el impulso político y presupuestario que la acompaña, seguirá siendo un tema de alto interés para los observadores internacionales y para las comunidades afectadas, que buscan respuestas claras, procesos justos y una gestión humana de una cuestión tan fundamental como la migración.
Para quienes deseen revisar el marco institucional y las cifras oficiales, las autoridades mantienen disponibles recursos en línea que describen la estructura de detención y las políticas aplicables. ICE, por ejemplo, mantiene información detallada sobre su operación, mientras que la Secretaría de Seguridad Nacional ofrece, a través de sus comunicados, actualizaciones sobre el estado de las instalaciones y las capacidades de detención en función de nuevas inversiones. En paralelo, organizaciones de vigilancia y derechos humanos continúan documentando casos, analizando cifras y exigiendo transparencia y responsabilidad en un sistema que, por su naturaleza, afecta a personas y comunidades enteras a lo largo del país.
Para aquellos que buscan información oficial, el portal de ICE es una fuente clave: ICE – U.S. Immigration and Customs Enforcement. En el contexto de estos temas y de las cifras que marcan el día a día de la aplicación de inmigración, también pueden consultarse recursos adicionales en páginas gubernamentales sobre procesos y requisitos migratorios, como los formularios de solicitud de residencia o las rutas de asilo que pueden variar según el caso. Es relevante que cualquier referencia a formularios se dirija a páginas oficiales para evitar confusiones y garantizar que la información esté actualizada y sea precisa, especialmente en un entorno de políticas migratorias en constante cambio.
Las cifras, los lugares y las historias que componen este retrato aspiran a ser una llamada de atención sobre la necesidad de equilibrio entre seguridad y derechos humanos, entre procedimientos expeditos y garantías procesales, entre capacidad de detención y supervisión independiente. La historia que hoy se relata no es meramente numérica; es una reflexión sobre lo observable, lo humano y lo político en un país que, como el resto del mundo, está lidiando con flujos migratorios complejos y con una respuesta institucional que se redefine en función de cada ciclo político y de cada nueva lectura de la seguridad nacional. Mientras se sostenga la expansión de detención y se preserve el énfasis en la aplicación de inmigración como un eje central de la política, el escrutinio público, las decisiones judiciales y el peso de las familias afectadas seguirán marcando el pulso de un debate que, en cualquier caso, no se agota con una cifra. La conversación continúa, y la historia de 66,000 personas en custodia de ICE permanece en el centro de ese diálogo público y humano.
Aprende Hoy
ICE → Agencia federal U.S. Immigration and Customs Enforcement que administra la detención y la aplicación de la ley migratoria.
One Big Beautiful Bill Act → Paquete legislativo de 2025 que incluyó una asignación de $45,000 millones para respaldar la expansión de detención de ICE.
sitio de retención → Ubicación temporal —hoteles, aeropuertos, oficinas de campo— usada para albergar personas antes de su traslado a instalaciones permanentes.
Vera Institute → Organización independiente de investigación que proporciona análisis sobre justicia penal y política migratoria.
Este Artículo en Resumen
ICE llegó a 66,000 personas en custodia en noviembre de 2025, un aumento del 70% desde enero, impulsado por una expansión financiada con $45,000 millones. La capacidad operativa subió cerca de 70,000 camas con objetivo de 100,000. Datos internos muestran que casi la mitad carece de cargos criminales. La red incluye 400+ instalaciones y 170+ sitios temporales, lo que suscita preocupaciones sobre supervisión, acceso a abogados y condiciones humanitarias.
— Por VisaVerge.com
