Puntos Clave
• ICE impuso una multa de $1.82 millones a una hondureña en Florida por 3,643 días tras orden de expulsión.
• La multa aplica retroactivamente bajo leyes migratorias de 1952 y 1996, uso poco frecuente hasta ahora.
• Tres hijos ciudadanos estadounidenses sufrirán graves consecuencias; opciones legales para apelar son muy limitadas.
Una inmigrante indocumentada de 41 años de Honduras se enfrenta a una multa de $1.82 millones de dólares por no abandonar Estados Unidos 🇺🇸 después de recibir una orden de expulsión en 2005. Vive en Florida y recibió la notificación de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 9 de mayo de 2025, explicando el origen del monto: $500 de multa por cada uno de los 3,643 días que ha permanecido en el país sin autorización desde la orden original.
¿Por qué enfrenta esta multa una inmigrante indocumentada?
La ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 permite multas para personas que permanecen sin autorización tras una orden de expulsión. Aunque esta ley siempre ha existido, pocas veces se había aplicado tan severamente. Según ICE, el análisis de su tiempo ilegal en el país y la falta de salida es lo que justifica este cobro tan alto.
En el centro del caso está una madre de tres hijos nacidos en Estados Unidos 🇺🇸. Según su abogada, Michelle Sanchez, la orden de expulsión se emitió porque la mujer no asistió a una audiencia de inmigración en 2005. Desde entonces, permanece en el país sin documentos legales.
Los abogados de la inmigrante han pedido que se reabra el caso y se cancele la orden de expulsión, ya que cumple con ciertos requisitos legales:
- Vive en Estados Unidos 🇺🇸 por más de 10 años
- No tiene antecedentes penales
- Sus tres hijos, ciudadanos estadounidenses, sufrirían “dificultades extremas y excepcionalmente inusuales” si la deportan
Durante la administración Biden, los abogados de ICE recibieron instrucciones para ejercer discreción y reabrir casos de personas en situaciones como ésta, permitiendo anular órdenes de expulsión bajo ciertos requisitos de compasión y méritos personales. Sin embargo, en marzo de 2025, ICE le informó a la abogada Sanchez que no podían reabrir el caso porque la administración de President Trump no había dado instrucciones sobre cómo proceder en estos casos. Así, la indocumentada quedó sujeta a la consecuencia total de la vieja orden de expulsión.
¿Cómo funciona la multa y qué dice la ley?
La mujer recibió la multa a través del departamento de multas civiles de ICE. Según la ley de 1952, las autoridades pueden multar a un inmigrante indocumentado con hasta $500 por cada día que permanece ilegalmente tras una orden de expulsión.
Pero el contexto de aplicación de esta ley cambió de manera importante bajo la administración de President Trump. Las autoridades anunciaron que exigirían multas de hasta $998 por día, como lo permite una norma de 1996 (aunque la ley original es de 1952), contra inmigrantes que ignoren la orden de marcharse del país. El gobierno dice que estas multas pueden imponerse hasta retroactivamente por un total de cinco años, lo que explicaría cómo alcanzan sumas tan elevadas.
Con la decisión de aplicar estas sanciones de manera retroactiva, el mensaje es firme: no abandonar Estados Unidos 🇺🇸 tras recibir una orden de expulsión puede tener consecuencias económicas graves. La sanción recibida por esta inmigrante es de las primeras conocidas bajo esta política renovada.
Críticas a la política de multas de ICE
La respuesta de la abogada Sanchez fue directa y crítica. Ella afirma que ICE está “aterrorizando a las personas” no solo al riesgo de arrestarlas, sino al enviar notificaciones con montos tan altos que ningún inmigrante podría pagar en toda su vida. “Es como una guerra psicológica”, dice Sanchez, remarcando que la intención de ICE parece ser crear miedo y presión.
Los grupos de defensa de inmigrantes también señalan que este enfoque de multas masivas puede tener repercusiones muy duras, en especial para familias con hijos estadounidenses cuyo bienestar depende del consejo legal, la protección y el apoyo de sus madres o padres indocumentados.
En entrevistas y reportes, como señala VisaVerge.com, existe preocupación de que estas formas de sanción terminen separando familias, haciendo aún más difícil que los hijos de ciudadanos puedan mantener una vida estable.
El contexto más amplio: Cambios en la política de inmigración
El caso viene con cambios importantes en la forma en que Estados Unidos 🇺🇸 maneja la inmigración. Desde el regreso de President Trump, ha habido una clara intención de reforzar la vigilancia en la frontera. Esto incluye un aumento en la presencia militar, pedidos de apoyo de la Guardia Nacional, y la ampliación de centros de detención para inmigrantes indocumentados.
Estos pasos no solo buscan controlar la entrada, sino también agilizar la salida de quienes recibieron una orden de expulsión. Así, la atención no se limita solo a quienes están llegando ahora, sino a los que llevan años esperando o viviendo en el país tras su orden de expulsión.
Las multas de ICE, como la impuesta en este caso, se insertan en ese marco de mayor presión y vigilancia. Los defensores argumentan que, si bien las leyes migratorias siempre han existido, la aplicación agresiva de sanciones tan costosas no toma en cuenta la compleja realidad de muchos inmigrantes indocumentados, sobre todo madres y padres que tienen raíces profundas en Estados Unidos 🇺🇸.
El camino legal: ¿Qué opciones tiene la inmigrante?
Para muchas personas con una orden de expulsión, la posibilidad de suspender o cancelar esa orden depende de factores como buen comportamiento, lazos familiares y años de residencia.
La abogada Sanchez presentó una petición formal ante los tribunales de inmigración para reabrir el caso y dejar sin efecto la orden, apoyándose en el hecho de que la clienta:
- No tiene antecedentes penales
- Sus hijos, ciudadanos estadounidenses, padecerían consecuencias graves si se separan
- Ha mantenido una vida ordenada en el país durante más de 10 años
Sin embargo, la respuesta de ICE fue negativa, citando la falta de pautas claras bajo las reglas actuales. Ahora, la inmigrante indocumentada solo puede esperar una nueva oportunidad si cambia la política, o si un juez interviene considerando las circunstancias especiales de su caso.
¿Qué impacto puede tener esto en otras personas?
Este castigo económico no solo afecta a la mujer y su familia, sino que manda una señal a millones de otros inmigrantes indocumentados con órdenes de expulsión activas. Un castigo así es casi imposible de pagar y podría generar miedo, estrés y confusión en muchas comunidades de inmigrantes.
Algunas organizaciones de derechos humanos temen que imponer multas tan grandes dificulte aún más la integración de familias ya vulnerables. Si los padres tienen miedo de buscar ayuda por temor a recibir nuevas multas, sus hijos también pueden ahorrar menos oportunidades.
También existe preocupación de que los inmigrantes terminen viviendo aún más en las sombras, evitando todo contacto con las autoridades, lo que podría aumentar problemas sociales y de seguridad.
Los argumentos a favor y en contra de la medida
Quienes apoyan la política de multas dicen que es una forma de desalentar la permanencia ilegal y hacer cumplir la ley. Sostienen que solo castigando con multas importantes se puede frenar la inmigración irregular.
Por el contrario, muchos defensores de los derechos civiles y de las familias opinan que condenar económicamente a personas que ya están en situaciones difíciles no ayuda a resolver el problema, sino que agrava el sufrimiento de adultos y niños inocentes.
Para muchas personas, la gestión de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas debe equilibrar la necesidad de proteger la frontera con el respeto a la dignidad y la unidad familiar.
Impacto inmediato y a largo plazo
A corto plazo, la afectada y su familia se enfrentan a una deuda incobrable. No hay información pública de que ICE esté cobrando activamente las multas, pero la amenaza de la deuda puede cerrar puertas a futuros permisos, trabajo legal, e incluso trámites para sus hijos.
A mediano y largo plazo, la existencia de sanciones tan altas podría llevar a otras personas a esconderse más o a caer en situaciones todavía más complicadas. Los abogados advierten que muchos podrían perder toda esperanza de regularizarse si reciben multas inalcanzables.
El caso muestra la tensión entre el cumplimiento de la ley y la compasión con los que han construido sus familias en Estados Unidos 🇺🇸. Para muchos líderes comunitarios, la solución no pasa por la presión económica, sino por políticas más flexibles que permitan a ciertos inmigrantes indocumentados hacer su vida aquí de forma segura y legal.
¿Qué dice ICE sobre las multas?
Aunque ICE tiene la autoridad para imponer estas multas, no es común que las aplique a este nivel. Según informes previos, la agencia las ha usado para enviar un mensaje y como parte de una estrategia más grande de control migratorio.
El gobierno argumenta que la ley exige consecuencias para quienes ignoran una orden de expulsión, y que, como sucede en otros países, las multas pueden funcionar como un recordatorio serio para que la gente cumpla con los procedimientos legales. No obstante, muchos expertos indican que, sin caminos legales claros para resolver situaciones familiares, estas multas no logran su objetivo y solo producen miedo.
Si necesitas información sobre el proceso de expulsión, puedes consultar directamente el sitio oficial de ICE para entender en detalle cómo funcionan las órdenes de expulsión y los derechos de quienes reciben una notificación.
El dilema de las familias
Al analizar el caso en profundidad, resulta claro que detrás de cada inmigrante indocumentado con orden de expulsión hay familias y niños con vidas complejas. Los expertos en inmigración señalan que la mayoría de las personas en esta situación desean regularizar su estatus y seguir contribuyendo al país.
Las políticas de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas deberán encontrar un balance ético y legal entre aplicar la ley y proteger a los más vulnerables. VisaVerge.com’s investigation reveals que la interacción constante entre casos individuales y políticas generales produce efectos inesperados en comunidades enteras y debe analizarse con mucha atención.
Conclusión: ¿Qué se puede esperar ahora?
Este caso muestra lo que puede pasar cuando se toman decisiones estrictas y se insiste en aplicar multas económicas a quienes llevan muchos años en el país. La situación de la inmigrante indocumentada hondureña, con una orden de expulsión que se mantiene desde 2005, y la multa de $1.82 millones, pone en primer plano el debate sobre cuál es la mejor manera de tratar a quienes desobedecen una orden pero tienen profundas raíces familiares y sociales en Estados Unidos 🇺🇸.
El futuro de esta política sigue siendo incierto. Si la administración actual sigue cobrando estas deudas, muchas familias enfrentarán momentos difíciles o incluso imposibles de superar. Si, en cambio, hay un giro hacia un enfoque más humanitario, tal vez se puedan encontrar soluciones menos dolorosas y más prácticas para los inmigrantes indocumentados y sus hijos estadounidenses.
En cualquier caso, la necesidad de información clara, asistencia legal, y decisiones políticas que contemplen tanto la seguridad nacional como la integridad familiar, serán claves en el camino. Mantente informado y consulta fuentes oficiales para conocer tus derechos y posibilidades en cada paso del proceso migratorio.
Aprende Hoy
Orden de expulsión → Decisión oficial que ordena a un extranjero salir de Estados Unidos en un plazo determinado.
ICE (Oficina de Control de Inmigración y Aduanas) → Agencia federal encargada de ejecutar leyes migratorias y remover a personas sin estatus legal.
Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 → Ley fundamental que regula procedimientos migratorios y permite sanciones por desobedecer órdenes de expulsión.
Multa civil → Sanción económica impuesta por una agencia del gobierno ante violaciones legales como permanecer tras una orden de expulsión.
Discrecionalidad procesal → Capacidad de las autoridades migratorias para decidir si aplican o no acciones legales en ciertos casos especiales.
Este Artículo en Resumen
Una inmigrante hondureña en Florida recibió una multa de $1.82 millones de ICE por no respetar una orden de expulsión de 2005. Este caso resalta un cambio severo en la aplicación de fuertes sanciones económicas, afectando a familias con hijos estadounidenses y encendiendo un debate nacional sobre justicia migratoria y derechos humanos.
— Por VisaVerge.com
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