Puntos Clave
- ICE detuvo a Fernando Jaramillo Solano y sus hijos el 27 de octubre de 2025 a las 7:30 a.m. en Durango.
- Para el 29 de octubre los menores fueron separados y trasladados a una ubicación federal no revelada.
- Grupos y autoridades locales exigen reunificación inmediata y pesquisas por presunto uso excesivo de la fuerza.
(DURANGO, COLORADO) La detención de una familia en Durango, Colorado, a primera hora de la mañana del lunes 27 de octubre de 2025, ha encendido una ola de protestas y un intenso escrutinio sobre las prácticas de ICE y las operaciones policiales cuando se trata de familias que buscan asilo. Según reportes de grupos de derechos de inmigrantes y testimonios de la madre, Estela Patiño, la familia, que había vivido en el estado por más de 18 meses y tenía un caso de asilo activo, fue detenida mientras se dirigían a la escuela. El padre, Fernando Jaramillo Solano, colombiano de origen, y sus dos hijos, de 12 y 15 años, han estado separados de la madre y de cada uno otro desde entonces, y la ubicación de los menores seguía sin estar clara para el 29 de octubre, tres días después de la detención.
La familia Durango estaba compuesta por Fernando Jaramillo Solano, esposo y padre que trabajaba más de 80 horas a la semana para dos empresas de limpieza y un hotel, y sus hijos Kewin Daniel Patiño Bustamante (15) y Jana Michel Jaramillo Patiño (12). La madre, Estela Patiño, figura como la solicitante principal en el caso de asilo de la familia y no fue detenida, según los reportes disponibles. Las autoridades no han hecho públicos todos los detalles operativos de la intervención, pero los relatos de Estela Patiño y de testigos indican que los tres fueron detenidos mientras iban a la escuela, un hecho que subraya la vulnerabilidad de las familias con menores bajo custodia de las autoridades migratorias.
Desde el inicio, la situación ha sido descrita por la madre como una experiencia que ha sacudido la vida de la familia y ha desencadenado preocupaciones profundas sobre la seguridad y el bienestar de los niños. Estela Patiño afirmó que fue testigo de la detención de su familia y que, según su relato, su hijo y su marido fueron
“beaten, handcuffed and forced to sign documents”
después de su arresto.
“beaten, handcuffed and forced to sign documents”,
afirmó Estela Patiño, madre de familia y solicitante principal en el caso de asilo, en declaraciones recogidas por organizaciones de derechos de inmigrantes. En otro momento, añadió que su contacto con su hijo se cortó apenas, pues dijo haber hablado con él por última vez a las 10 p.m. del lunes y que no ha sabido de su hija desde entonces. Estas declaraciones señalan la angustia de una madre cuyos hijos quedaron en poder de ICE y cuyo paradero no ha sido confirmado.
Los servicios de emergencia y las autoridades locales, incluida la Policía de Durango, intentaron en varias ocasiones facilitar una revisión de bienestar para localizar a los menores y lograr su reunificación con su madre. Las autoridades estatales y municipales confirmaron que la policía de Durango pidió repetidamente a ICE que dejara en libertad a los menores y que se realizara una revisión de bienestar tras reportes de que una de las menores podría estar en condiciones de angustia o posible abuso. Sin embargo, las autoridades federales denegaron el acceso para permitir la entrada de los agentes locales a la instalación correspondiente. En medio de este complejo marco, las voces de la comunidad y de los defensores de los derechos de inmigrantes se alzaron para exigir transparencia y responsabilidad.
Compañeros: Four Corners Immigrant Resource Center, y la Colorado Immigrant Rights Coalition, entre otros grupos, denunciaron la separación de los menores de su padre y su madre y pidieron la liberación inmediata de la familia y su reunificación. En particular, la organización Compañeros expresó su preocupación por el hecho de que Jana, de 12 años, se encontrara bajo custodia de hombres, un escenario que tilda de
“inhumano” y que vulnera “toda la protección de los derechos humanos de los niños”.
Estas observaciones se suman a las denuncias de que la detención y el manejo de la familia podrían constituir un caso de asilo complicado y sensible, con una necesidad urgente de salvaguardar a los menores refugiados.
Las respuestas oficiales a las protestas han oscilado entre la defensa de la seguridad y el compromiso de proteger a la infancia. El jefe de la Policía de Durango, Brice Current, afirmó:
“Our department advocated for the welfare of the children… The Department of Police of Durango operates independently and is fully committed to protecting all members of our community with compassion and professionalism.”
Sus palabras, difundidas en declaraciones a la prensa local, subrayan la separación de roles entre la policía municipal y la autoridad federal de inmigración, que es la que mantiene a los menores bajo custodia. Al mismo tiempo, un portavoz de la red de respuesta rápida de la región suroeste de Colorado destacó que, a pesar de la calma de los manifestantes, un oficial de ICE
“violently punched one of our community members in the face.”
Estas descripciones de confrontación, recogidas por testigos y medios independientes, han alimentado un debate nacional sobre el uso de la fuerza durante las operaciones migratorias y la protección de los derechos de los manifestantes pacíficos.
Desde el punto de vista de la comunidad y de las organizaciones de derechos de inmigrantes, la detención de la Familia Durango se ha convertido en un símbolo de las tensiones que rodean las políticas de ICE ante familias solicitantes de asilo. En palabras de Enrique Orozco-Perez, Co-Director Ejecutivo de Compañeros,
“ICE has forcibly separated a family, and now the community does not know where the children are. This is a deliberate and cruel tactic to instill fear in our communities. We demand to know where these children have been taken and call for their immediate reunification with their family.”
Las declaraciones de Orozco-Perez muestran una acusación explícita de táctica deliberada para sembrar miedo y la urgente demanda de una respuesta clara respecto a la ubicación de los menores y su reunificación con sus padres.
La creciente presión social ha impulsado llamados a investigaciones independientes. Las autoridades civiles han confirmado que la Fiscalía o agencias de control no han hecho público ningún resultado definitivo, pero la colaboración entre la Colorado Bureau of Investigation y el Federal Bureau of Investigation para revisar los incidentes de las protestas está en curso. Un video divulgado en la mañana del martes, grabado alrededor de las 6 a.m., mostró a un agente federal empujando a una mujer mayor al caer al suelo; la ciudad de Durango informó que ha pedido a la Colorado Bureau of Investigation y al FBI que investiguen el incidente. Este suceso ha añadido una nueva capa de tensión a una historia que ya ha provocado manifestaciones frente a la instalación de ICE y ha generado un debate sobre la proporción entre seguridad y derechos civiles en operaciones de migración.
La situación de las dos menores y del padre ha sido descrita por estimaciones de la comunidad y de activistas como una separación forzada, que altera la vida de una familia que huyó de Colombia debido a amenazas de muerte y buscó protección en Estados Unidos. Estela Patiño relató que la detención fue
“un ataque a toda su experiencia en los Estados Unidos,”
y que siente que
“está destruyendo su vida,”
además de describir una sensación de ahogo, diciendo que se siente como si estuviera “ahogada” y “asfixiada.” Estas palabras subrayan no solo la gravedad emocional, sino también la vulnerabilidad que se extiende a cada miembro de la familia cuando el estatus migratorio de uno no se resuelve de forma inmediata.
La narración de Estela Patiño de la persecución que vive la familia no es meramente anecdótica. El relato de la familia, y particularmente de los progenitores, se enmarca en un caso de asilo que ha estado bajo revisión durante más de 18 meses y que, a la fecha de reporte, no presenta antecedentes penales de los padres ni de los hijos. Si el expediente se mantiene sin resolverse, la posibilidad de una reunificación rápida se ve ensombrecida por la falta de claridad institucional sobre el paradero de los menores, y por el hecho de que la madre no fue detenida, lo que añade complejidad al proceso de reunificación en un marco de derechos de protección a la infancia.
Entre el clamor público y las respuestas oficiales, se ha planteado la necesidad de aclarar la participación de las autoridades estatales en las operaciones, en particular de si los agentes de las autoridades estatales, como los patrulleros estatales, estuvieron involucrados en las detenciones y si se colaboró en la contención de las protestas, y de saber si la ciudad o el estado estaban al tanto de los planes para la detención. Estas clarificaciones, que exigen transparencia, son vistas por los defensores de inmigrantes como clave para restaurar la confianza de la comunidad en las instituciones que deben garantizar la seguridad y la protección de los menores y las familias.
En este marco, la cobertura de la historia de la Familia Durango ha puesto a prueba la confianza que las comunidades migrantes depositaron en el sistema de asilo de Estados Unidos. Para las familias que esperan una resolución de asilo, cada detalle legal es un componente crítico de su seguridad diaria y de la posibilidad de vivir sin miedo en su nueva ciudad. En Durango, la esperanza y la frustración conviven en la misma calle: las voces de los defensores de derechos se alzan para exigir justicia, mientras que las familias trabajadoras persiguen una vía que las permita seguir adelante, sin perder a sus hijos ni su dignidad.
La cobertura de este caso ha destacado el papel de los defensores comunitarios y las redes de apoyo. La Familia Durango representa, para muchos, un rostro humano de la crisis migratoria, con una historia de vida que incluye años de esfuerzo y la búsqueda de una vida más segura. Los trabajadores y vecinos que conocían a la familia describen una vida marcada por el trabajo duro y la dedicación a la educación de los niños, lo que contrasta agudamente con la interrupción abrupta de la detención y la incertidumbre que ha seguido. En ese sentido, la cobertura de este caso ha insistido en la necesidad de una evaluación proporcional de las acciones de ICE y en la exigencia de un protocolo que asegure la reunificación familiar en situaciones que involucran menores, especialmente cuando no hay antecedentes criminales.
Los grupos defensores, así como Oregon y otras coaliciones en el territorio, han reiterado su demanda de una liberación inmediata de la Familia Durango y de su reunificación, una revisión exhaustiva del uso de la fuerza por parte de agentes de ICE y la aclaración por parte de las autoridades estatales sobre si participaron en la operación. Aunque la investigación oficial está en curso, el sentir de la comunidad es claro: se necesita claridad, responsabilidad y una atención sostenida a las condiciones de los menores que podrían haber quedado expuestos a situaciones de riesgo durante la detención.
En el plano humano, Estela Patiño continúa narrando el impacto emocional de la experiencia.
“It’s destroyed her life,”
era la frase que repetía mientras describía la sensación de haber sido súbitamente juzgada y separada de su familia. En su relato, se hace un llamado a las instituciones para que no solo respondan a la situación de forma operativa, sino que también atiendan el trauma que la detención ha causado en su familia y en la comunidad. Las palabras de Estela Patiño, y de otras voces de la Familia Durango, se cruzan con las demandas de un conjunto de organizaciones comunitarias que exigen un camino claro hacia la reunificación.
La historia de la Familia Durango no solo es una historia de detención; es también una historia de luchas por la seguridad, la dignidad y el cuidado de los menores en un país que ha recibido a muchos que buscan protección. A medida que las investigaciones sobre el uso de la fuerza y la operación en general continúan, la comunidad de Durango y las organizaciones de derechos de inmigrantes sostienen que la prioridad debe ser la ubicación y liberación de los dos menores y de su padre, junto con la madre, para evitar daños irreparables a una familia que ya ha vivido años de miedo y desplazamiento. Las autoridades, por su parte, señalan que las investigaciones se están llevando a cabo y que se busca garantizar la seguridad de todos los involucrados, mientras que la comunidad continúa vigilando de cerca cada desarrollo.
El caso de la Familia Durango ha puesto sobre la mesa una serie de preguntas que no pueden ignorarse. ¿Qué medidas deben tomarse para asegurar que las operaciones de ICE no pongan en riesgo a los menores o a los padres que buscan refugio? ¿Qué garantías existen para que las familias sean reunidas con prontitud si se determina que deben permanecer juntas? ¿Qué papel deben jugar las autoridades estatales y municipales para supervisar y, si es necesario, intervenir en las operaciones federales cuando hay menores y familias vulnerables involucradas? Estas cuestiones resuenan en Durango y en comunidades similares a lo largo de Estados Unidos, y el pulso de la opinión pública se mantiene firme, exigiendo respuestas y transparencia.
Por ahora, la fecha de mayor urgencia es la continuidad de la monitorización de la situación de la Familia Durango. Según los reportes de las agencias de derechos de inmigrantes y de las autoridades locales, la atención se centra en la ubicación de los menores y en la garantía de su reunificación con sus padres, mientras que las investigaciones sobre el uso de la fuerza en las protestas siguen su curso bajo la mirada de la Colorado Bureau of Investigation y el FBI. En paralelo, la historia de Estela Patiño, de Fernando Jaramillo Solano y de sus hijos continúa desarrollándose ante una asamblea de comunidades que esperan respuestas claras y acciones concretas que garanticen la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de una familia que ha buscado refugio y, ahora, lucha por su futuro.
Para futuras actualizaciones, la cobertura seguirá el curso de las investigaciones y las respuestas oficiales, con la promesa de mantener a la audiencia informada sobre la evolución del caso, la ubicación de los menores y la resolución de un caso que ya ha puesto a prueba la tolerancia de una comunidad y la humanidad de las políticas migratorias que rigen el territorio. La historia de la Familia Durango, que ya ha trascendido las fronteras de Durango, Colorado, se mantiene como un recordatorio contundente de que, en materia de inmigración, las vidas humanas están en el centro de la historia. Familia Durango, detención ICE, caso de asilo, palabras que resuenan en el corazón de una comunidad que exige justicia, transparencia y reunificación. Para quienes siguen este territorio, cada día trae un nuevo giro, cada declaración pública puede abrir una puerta o cerrar una herida, y la necesidad de respuestas claras nunca ha sido más evidente.
Para acceder a información oficial sobre procedimientos y derechos de los inmigrantes, se recomienda consultar las páginas oficiales de ICE, donde se detallan guías sobre detención y procesos de asilo, y mantener vigilancia sobre comunicados de la Colorado Bureau of Investigation y del FBI a medida que avanzan las investigaciones sobre el uso de la fuerza durante las protestas y la defensa de los derechos de las personas afectadas por estas acciones. Si bien este caso específico se desarrolla en Durango, Colorado, su resonancia se extiende a comunidades de todo el país que observan con atención el equilibrio entre seguridad y derechos humanos en el marco de políticas migratorias. Para quienes buscan información práctica, se puede consultar el recurso oficial de inmigración y las guías de asilo a través de estos enlaces informativos. [ICE detención] [Form I-485].
Aprende Hoy
ICE → Agencia federal estadounidense (U.S. Immigration and Customs Enforcement) que aplica leyes migratorias y supervisa detenciones y expulsiones.
Solicitante de asilo → Persona que solicita protección en EE. UU. alegando persecución o peligro en su país de origen.
Colorado Bureau of Investigation (CBI) → Agencia estatal que investiga conductas criminales y que la ciudad pidió revisar el incidente durante las protestas.
FBI → Federal Bureau of Investigation, agencia federal que, además de otros roles, puede participar en investigaciones sobre uso de fuerza y violaciones de derechos civiles.
Este Artículo en Resumen
El 27 de octubre de 2025 ICE arrestó a Fernando Jaramillo Solano y sus dos hijos en Durango mientras iban a la escuela. Para el 29 de octubre los menores habían sido separados y trasladados a una ubicación federal no revelada, dejando a la madre y solicitante de asilo, Estela Patiño, sin noticias. Grupos locales exigieron reunificación inmediata y pidieron investigaciones por el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales durante las protestas frente a la instalación.
— Por VisaVerge.com
