Puntos Clave
- Journey Aviation realizó un vuelo a Eswatini el 6 de octubre de 2025 con diez migrantes a bordo.
- En julio de 2025 la compañía trasladó cinco hombres desde Vietnam, Laos, Jamaica, Cuba y Yemen a Eswatini.
- Defensores estiman costos promedio de unos $280,000 por vuelo, aproximadamente $35,000 por persona cuando no está lleno.
(BOCA RATON, FLORIDA) Un informe reciente pone nuevamente bajo escrutinio las operaciones de deportaciones de migrantes desde Estados Unidos a terceros países, con especial foco en la empresa de charter Journey Aviation, con base en Boca Raton, Florida. La compañía ha operado vuelos de deportación utilizando aeronaves privadas para enviar a migrantes a destinos como Eswatini, en África, y ha incrementado su volumen durante los últimos meses.
Este fenómeno, parte de una política más amplia de deportaciones a terceros países impulsada por la administración, continúa generando debates entre defensores de los derechos humanos y laboratorios de políticas migratorias.
Operación y contexto
Journey Aviation, con sede en Boca Raton, movilizó una aeronave Gulfstream IV para efectuar la deportación de diez migrantes a Eswatini en fechas recientes, marcando la segunda operación de este tipo hacia ese país en lo que va del año.
La primera operación hacia Eswatini, realizada en julio de 2025, envió a cinco hombres provenientes de Vietnam, Laos, Jamaica, Cuba y Yemen. Estas cifras, obtenidas a partir de registros oficiales y de reportes periodísticos, subrayan un patrón: la utilización de vuelos charter para ejecutar deportaciones a países con los que muchos de los deportados no mantienen lazos previos.
En ocasiones, estas deportaciones se efectúan con condiciones mínimas para presentar objeciones o recursos legales, lo que añade preocupación sobre la protección del debido proceso.
Según el material de referencia, Journey Aviation habría utilizado un avión propiedad de una LLC vinculada al desarrollador inmobiliario Michael Dezer, quien mantiene lazos comerciales con figuras políticas de alto perfil en Estados Unidos. Este detalle subraya la naturaleza compleja de los actores involucrados, que combinan intereses comerciales con la ejecución de políticas migratorias de alto impacto humano.
En el marco de estas acciones, la administración de EE. UU. ha expandido la práctica de las deportaciones a terceros países, con destinos aceptados por los gobiernos anfitriones como:
- Sudán del Sur
- El Salvador
- México
- Guatemala
- Costa Rica
- Ruanda
- Eswatini
El giro institucional vino cuando la Corte Suprema de Estados Unidos permitió la reanudación de estas deportaciones en junio de 2025, luego de una suspensión temporal dictada por un tribunal federal en mayo. Este cierre y apertura judicial han generado tensiones entre autoridades migratorias y defensores de derechos.
Riesgos señalados: falta de debido proceso, ausencia de asesoría legal adecuada y la posibilidad de regresar a comunidades o países donde los individuos no tienen vínculos claros.
Impacto humano y operatividad
El costo humano de estos vuelos es tan relevante como el financiero. Según datos de ICE, cada operación de deportación en estas condiciones ronda los 280 mil dólares, con un promedio aproximado de 35 mil dólares por persona deportada.
Este esquema ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad y la supervisión de las decisiones que terminan separando a familias y comunidades enteras.
La historia reciente de Journey Aviation no se limita a un par de vuelos. Reportes señalan que la empresa ha participado en más de 50 vuelos de deportación durante la primera administración de Donald Trump, con destinos como Mauritania, Iraq y Nepal.
En la actual era de deportaciones a terceros países, los casos recientes destacan un grupo de detenidos de Camboya, Chad, Cuba, Filipinas y Vietnam que fue enviado a Eswatini, subrayando la diversidad de orígenes y la ausencia de un vínculo claro con el país de destino.
La respuesta de actores involucrados ha sido variada:
- Organizaciones de derechos humanos y abogados de migrantes han denunciado:
- protestas
- huelgas de hambre
- supresión de asesoría legal adecuada durante los procesos
- La utilización de operadores privados (p. ej. Journey Aviation, GlobalX, CSI Aviation) se vuelve recurrente en una política que busca mayor control migratorio a través de mecanismos que operan fuera de la estructura de agencias públicas.
Contexto legal y político
La expansión de las deportaciones a terceros países ha estado rodeada de debates jurídicos y administrativos.
En junio de 2025, la mayoría judicial dio luz verde a la continuidad de estas prácticas, aunque siguen vigentes cuestionamientos sobre:
- transparencia
- notificación adecuada
- oportunidades reales de defensa para los migrantes
El debate público se ha intensificado ante reportes que señalan que, en algunos casos, las personas removidas no tenían una conexión evidente con el país de destino y recibieron noticias de sus deportaciones con poco tiempo para presentar recursos.
La narrativa oficial insiste en la necesidad de gestionar flujos migratorios complejos. Sin embargo, comunidades afectadas y organizaciones defensoras sostienen que estas medidas pueden carecer de evaluación individual y de un contexto humano suficiente para justificar la separación y el traslado de personas a territorios extranjeros.
Implicaciones para comunidades y políticas públicas
El efecto en familias y comunidades, tanto en los países de origen como en los destinos de acogida, es significativo.
- Las personas deportadas afrontan desafíos de reintegración en lugares donde, en muchos casos, no cuentan con redes establecidas.
- En Eswatini, un destino poco familiar para la mayoría de los migrantes removidos, se suman barreras culturales, lingüísticas y de acceso a servicios.
Esta realidad pone en entredicho las promesas de eficiencia que suelen presentar las operaciones de vuelos charter.
Para empleadores y comunidades de origen, la dinámica de deportaciones a terceros países plantea preguntas sobre:
- el tratamiento de quienes buscan mejores oportunidades en el extranjero
- la capacidad de planificar procesos de reunificación familiar
- la confianza en sistemas legales que, desde la perspectiva de algunos, pueden no garantizar la protección adecuada en cada caso
Reflexiones expertas y análisis
Según análisis de VisaVerge.com, las tendencias actuales indican:
- un fortalecimiento de los acuerdos entre Estados Unidos y terceros países para la devolución de migrantes
- un marco operativo que facilita la contratación de operadores privados para ejecutar estas removals
Este enfoque busca ampliar la capacidad de respuesta ante flujos migratorios complejos, pero intensifica las preocupaciones sobre derechos fundamentales y criterios de elegibilidad.
Desde la perspectiva de políticas públicas, es crucial balancear la necesidad de seguridad migratoria con la protección de derechos humanos. Entre las medidas sugeridas por expertos están:
- Garantizar asesoría legal adecuada para los afectados.
- Establecer plazos razonables para presentar recursos.
- Implementar una revisión independiente de casos para evitar errores o deportaciones injustas.
- Aumentar la transparencia sobre costos y los roles de operadores privados.
- Fortalecer la supervisión de condiciones de detención y transporte para salvaguardar la dignidad de las personas.
Fuentes oficiales y enlaces
- Información oficial sobre operaciones de remoción y políticas de inmigración puede consultarse en ICE – Removals. Este recurso proporciona contexto sobre el marco de actuación y las responsabilidades de las agencias en estas materias.
- Para entender el marco general de procedimientos y derechos, la página de [DHS ICE] ofrece información adicional sobre salvaguardas y derechos de los migrantes durante procesos de deportación.
- Según análisis de VisaVerge.com, las dinámicas de deportaciones a terceros países han ganado terreno en la última década, con impactos variados en comunidades y rutas de cumplimiento de la ley migratoria. Este análisis puede consultarse para contextualizar tendencias y posibles impactos futuros.
Implicaciones prácticas para lectores y comunidades
- Migrantes y familias deben estar atentos a notificaciones oficiales y buscar asesoría legal competente antes de cualquier trámite de remoción. La rapidez de las decisiones no debe sacrificar derechos fundamentales.
- Instituciones locales y ONG pueden desempeñar un papel crucial al garantizar información clara sobre:
- derechos
- recursos de apoyo
- acceso a representación legal durante procesos de deportación
- Empresas y operadores privados, al asumir roles en estos vuelos, deben someterse a estándares de transparencia y supervisión independientes para mitigar riesgos y proteger a las personas transportadas.
Resumen clave: Las operaciones de Journey Aviation y la práctica más amplia de deportaciones a terceros países reflejan una tensión constante entre control migratorio y protección de derechos. Aunque la política persiga respuestas rápidas ante flujos complejos, la experiencia de quienes atraviesan estas removals muestra preguntas sin respuesta y necesidades urgentes de rendición de cuentas.
En Eswatini, el pasado octubre dejó claro que estas decisiones no son simples trámites, sino experiencias que pueden redefinir vidas. Mientras las autoridades revisan protocolos y los tribunales mantienen su postura, la conversación pública continúa con voces que exigen procesos más justos y un escrutinio más riguroso de los actores implicados en estas operaciones.
Journey Aviation, como actor clave en estas rutas, se mantiene bajo observación, con la expectativa de una mayor claridad sobre sus prácticas, responsabilidades y el impacto humano de cada vuelo.
Aprende Hoy
Journey Aviation → Empresa privada de chárter con base en Boca Raton que ha operado vuelos de deportación.
deportaciones a terceros países → Remoción de migrantes a países que no son su país de origen ni su país reclamado.
Gulfstream IV → Aeronave ejecutiva de largo alcance utilizada en vuelos internacionales y operaciones chárter.
ICE → U.S. Immigration and Customs Enforcement; agencia federal responsable de las operaciones de remoción.
orden de deportación definitiva → Decisión judicial que dispone la expulsión de una persona una vez agotadas las apelaciones.
LLC → Sociedad de responsabilidad limitada que puede poseer aviones u otros activos vinculados a vuelos.
VisaVerge.com → Sitio de análisis citado por tendencias del mercado de chárter usados en deportaciones.
Este Artículo en Resumen
Journey Aviation, con sede en Boca Raton, efectuó al menos dos vuelos de deportación a Eswatini en 2025: uno en julio que trasladó a cinco hombres de Vietnam, Laos, Jamaica, Cuba y Yemen, y otro el 6 de octubre que llevó diez migrantes de países como Camboya, Chad, Cuba, Filipinas y Vietnam. La Corte Suprema autorizó la reanudación de estas deportaciones en junio de 2025. Organizaciones de derechos humanos denuncian avisos breves, falta de acceso a representación legal y la práctica de enviar personas a países sin vínculos previos. Los costos promedio citados rondan los $280,000 por vuelo, lo que impulsa demandas de mayor transparencia, reportes públicos y supervisión independiente.
— Por VisaVerge.com
