Estados denuncian a Trump por la tasa de 100 mil en H-1B

Puntos Clave

1. Una coalición de 19–20 estados demandó para bloquear una tarifa de $100,000 en peticiones H‑1B.
2. Los demandantes afirman que la medida violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
3. La coalición advierte que se reducirán contrataciones profesionales en hospitales, universidades y escuelas.

(MASSACHUSETTS) En un movimiento que podría cambiar la forma en que las empresas contratan talento extranjero, 19-20 estados presentaron una demanda federal desde Massachusetts contra la proclamación del presidente anunciada el 19 de septiembre de 2025, que impuso una tarifa de $100,000 para las nuevas peticiones de visa H-1B.
La acción, presentada ante un tribunal federal de Massachusetts, sostiene que la tarifa viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), excede la autoridad legislativa para fijar tarifas y eludiría el proceso de consulta y comentarios requerido.

Los fiscales generales de Oregon, Maryland, Delaware y California figuran entre los líderes de la coalición. La coalición argumenta que la medida, aplicable a partir del 21 de septiembre de 2025, eleva de forma asombrosa los costos de procesamiento y podría afectar desproporcionadamente a empleadores públicos y sin fines de lucro que dependen de personal especializado en áreas como salud, educación, investigación y tecnología. Según los acusadores, la demanda busca bloquear la implementación de la norma mientras se resuelven cuestiones sobre su legalidad y alcance.

Marco legal y alegatos centrales

• La demanda alega violaciones a la APA por la implementación de la tarifa sin el procedimiento de notificación y comentarios.
• Se sostiene que la imposición de la tarifa excede la autoridad conferida al DHS y al USCIS por el Congreso.
• Mientras las batallas judiciales se desarrollan, la política permanece en vigor y aplicable a las nuevas solicitudes desde la fecha límite indicada, generando incertidumbre práctica entre empleadores.

Declaraciones y argumentos de las partes

• En la declaración de la coalición, un portavoz del fiscal general de Massachusetts señaló que:
  

  “La tarifa de $100,000 no responde a los costos reales de procesamiento ni a la necesidad de proteger a nuestra fuerza laboral”.
  Añadió que la medida podría erosionar la función del H-1B para mitigar déficits de personal en campos con demanda constante y vacantes críticas.

• El gobierno de EE. UU. sostiene que la tarifa busca frenar la llegada de trabajadores que compiten con empleos locales en sectores de alta demanda y que coincide con declaraciones de funcionarios que describen la necesidad de un ajuste de política para abordar desequilibrios laborales.

• Un funcionario de alto nivel del sector privado, citado en informes, afirmó que la medida “busca corregir desequilibrios percibidos”, aunque reconoció que el impacto sobre la planificación de contratación de empresas y universidades podría ser significativo.

Rol del DHS y USCIS en la aplicación

• La proclamación deja al criterio del Secretario de Seguridad Nacional la concesión de exenciones, lo que preocupa a los críticos por la posibilidad de:

  • Selecciones selectivas de empleadores y salarios.
  • Pérdida de uniformidad en la política federal de migración laboral.
• Defensores de la tarifa argumentan que:
  • Está diseñada para garantizar un uso sostenible del programa H-1B ante aumentos de costos de procesamiento.
  • Si se aplica con claridad, podría reducir abusos o mal uso del sistema.

Impacto económico y comparación de tarifas

• Los críticos señalan que la nueva tarifa supone un incremento cercano al 10,000% respecto a tarifas previas, que oscilaban entre $960 y $7,595 según la categoría y trayectoria educativa de los solicitantes.

• El gobierno justifica que la mayor tarifa permitiría cubrir costos administrativos y de revisión, aunque la legalidad y la proporcionalidad quedan en disputa.

• La Comisión de Comercio informó que la intención no solo es frenar la llegada de trabajadores extranjeros, sino también reequilibrar el panorama laboral ante “dificultades estructurales” en sectores dependientes de talento externo.

Tabla: Comparación de tarifas (referencia mencionada en el artículo)

Reacciones de actores económicos y académicos

• Organizaciones empresariales advierten que la medida podría:

  • Desincentivar la inversión.
  • Obstaculizar proyectos de investigación colaborativa entre universidades y empresas tecnológicas.
  • Afectar a trabajadores altamente cualificados en búsqueda de oportunidades temporales.
• Asociaciones laborales y entidades públicas temen que, si la tarifa se aplica rígidamente, se reduzca la capacidad de:
  • Hospitales, laboratorios y escuelas para reclutar especialistas críticos (médicos, enfermeras, investigadores, profesores).
• Testimonio anónimo de academia:
  

  “La capacidad de nuestra institución para atraer talento depende de una ruta de visado clara y accesible; una tarifa tan alta podría complicar nuestros planes de contratación y la continuidad de programas clave”.

Consecuencias prácticas y respuestas de empleadores

• Muchas empresas y universidades ya están evaluando alternativas, incluyendo:
  1. Priorizar contratos con proveedores que ya cuenten con estatus o exenciones.
  2. Diversificar la contratación hacia otros programas de visado con menor carga financiera inicial.
  3. Revaluar la planificación de contrataciones de gran escala.
• Analistas señalan que, a mediano plazo, el costo adicional podría trasladarse a proyectos y servicios, afectando:
  • Contratación de médicos y docentes.
  • Disponibilidad de especialistas en ciencia de datos y tecnologías avanzadas.
• Observadores internacionales advierten que la política podría afectar la competitividad de EE. UU. para atraer talento global y tener efectos en I+D a largo plazo.

Impacto humano y social

• Afectados directos —familias y jóvenes profesionales— muestran preocupación por retrasos en procesos de patrocinio y aprobación de casos complejos.

• Testimonios:

  • Un médico con estatus temporal dijo que la tarifa podría hacerlo reconsiderar un traslado planificado para trabajar en un centro académico.
  • Un investigador visitante señaló que el costo dificultaría la planificación de proyectos de colaboración internacional.
• Expertos en migración subrayan la necesidad de transparencia y de un proceso claro que dé certeza a empleadores y trabajadores.

Procedimiento legal y estado actual

• La demanda pide bloquear la implementación mientras se resuelven las cuestiones legales: procedimiento de notificación y comentarios (APA) y exceso de autoridad en fijación de tarifas.
• El gobierno reporta que la normativa sigue en efecto y aplicable a nuevas solicitudes presentadas desde la fecha límite.
• Este estado de incertidumbre preocupa a instituciones públicas y sin fines de lucro dependientes de financiación externa y personal continuo.

Perspectivas y próximos pasos

• La discusión legal plantea la posibilidad de apelaciones y de que el gobierno revise la política ante nuevos argumentos.
• El impacto en instituciones educativas, hospitales y empresas tecnológicas podría verse en la planificación anual de contratación, proyectos de investigación y financiación.
• Observadores esperan que el resultado judicial envíe señales sobre el equilibrio entre control migratorio y necesidad de mano de obra calificada.

Llamado a la acción para los afectados: manténganse informados sobre cambios en la implementación, busquen asesoría legal especializada y consulten las guías oficiales para evitar errores en procesos ya complejos.

Recursos y referencias oficiales

• Para información formal y actualizada se recomienda consultar:
  • USCIS – Form I-129
  • VisaVerge.com (análisis complementarios)

Notas finales: Este artículo utiliza información de la fuente proporcionada y la enmarca en un marco periodístico. Asegúrese de verificar páginas de normativa y guías de procedimientos para cambios recientes que puedan afectar el proceso de visa H-1B y las obligaciones de las empresas patrocinadoras. La Ley de Procedimiento Administrativo (APA) se cita como marco legal en disputa y su relevancia se refleja en las discusiones sobre debido proceso y legitimidad de decisiones administrativas en materia de migración. En particular, se destacan las implicaciones para el empleo académico, la atención médica y la industria tecnológica, donde la movilidad de talento es un motor central de crecimiento y desarrollo.

Aprende Hoy

H-1B → Visa temporal de EE. UU. para trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas que requieren conocimientos técnicos o académicos.
Proclamación presidencial → Acción ejecutiva del presidente que en este caso condiciona aprobaciones de H‑1B a un pago de seis cifras.
Ley de Procedimiento Administrativo (APA) → Norma federal que obliga a las agencias a llevar a cabo procesos de notificación y comentarios para cambios regulatorios importantes.
DHS → Departamento de Seguridad Nacional, la agencia que supervisa la implementación de la proclamación y las exenciones.

Este Artículo en Resumen

Una coalición de 19–20 estados demandó para bloquear una tarifa de $100,000 impuesta por proclamación presidencial que condiciona muchas aprobaciones H‑1B. Alegan que DHS y USCIS eludieron la Ley de Procedimiento Administrativo y que la tarifa excede la autoridad del Ejecutivo para fijar cargos. Los estados advierten efectos adversos en hospitales, universidades, escuelas y laboratorios, y señalan que las tarifas anteriores variaban entre $960 y $7,595.
— Por VisaVerge.com