Puntos Clave
- El DOJ despidió a más de ochenta jueces de inmigración en 2025, muchos sin explicar la causa.
- El 14 de febrero se terminaron 20 puestos; en julio otros 15 fueron puestos en licencia y despedidos.
- El EOIR contrató 11 jueces nuevos con antecedentes en enforcement o militar, sin experiencia previa en defensa migratoria.
(UNITED STATES) En un movimiento que ha escalado la controversia sobre la independencia judicial y la politización de los procesos migratorios, el Departamento de Justicia ha llevado a cabo una ola de despidos de jueces de inmigración en 2025 que, según críticos y sindicatos, afecta desproporcionadamente a quienes tenían antecedentes en defensa de inmigrantes. Las cifras oficiales proyectan una purga que ha dejado a más de ochenta jueces fuera de la plantilla en el último año, con la suma de despidos o renuncias forzadas desde el inicio de la administración de Donald Trump superando el centenar, según resúmenes y recuentos citados por medios y representantes de la judicatura migratoria. Este fenómeno llega en un momento de intenso escrutinio sobre si la justicia migratoria se está convirtiendo en un instrumento de política de mano dura o si, por el contrario, se mantiene un sistema con salvaguardas mínimas de debido proceso frente a decisiones administrativas de alcance amplio.
El 14 de febrero de 2025, el EOIR —la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que coordina a los jueces de inmigración— llevó a cabo una acción abrupta y reveladora: veinte jueces de inmigración fueron despedidos, entre ellos cinco jueces asistentes en puestos de liderazgo interino y trece jueces recién nombrados que aún no habían prestado juramento. Esta oleada inicial dejó a familias y comunidades en el otro lado del Atlántico y, sobre todo, a abogados de defensa de migrantes preguntándose qué criterios guiaron esas decisiones, cuando la administración no ofreció explicaciones públicas detalladas. A partir de ese periodo, el temblor en la estructura judicial migratoria se convirtió en un tema central de discusión entre legisladores, defensores de derechos humanos y trabajadores del sistema.
Los siguientes meses no trajeron aclaraciones claras sobre las motivaciones, y las comunicaciones oficiales continuaron siendo escasas. En julio de 2025, se notificó a otros quince jueces que serían puestos en licencia y despedidos para el veintidós de ese mes, en un movimiento que los analistas describen como parte de una política de reemplazo de personal. En total, la cifra de destituciones en 2025 supera las ochenta personas, y las cifras compiladas por sindicatos indican que las destituciones sin causa, desde el 20 de enero de 2025, han superado las ochenta, con otros cincuenta jueces optando por la jubilación anticipada o siendo transferidos involuntariamente. Estas estadígrafos, recogidos por la unión de jueces, destacan un patrón que muchos señalan como indicio de una politización creciente del proceso judicial migratorio.
En paralelo, los análisis de los medios han destacado un perfil preocupante de las personas afectadas. NPR, mediante un examen cuidadoso, encontró que los jueces con experiencia previa en defensa de inmigrantes componen la mayor proporción de quienes fueron destituidos. En contraste, quienes han trabajado en la aplicación de la ley migratoria —en agencias como el Departamento de Justicia, el DHS o ICE— aparecen con mayor probabilidad de continuar en sus cargos. Esta constatación ha encendido advertencias sobre una posible erosión de la imparcialidad judicial en los tribunales de inmigración, donde la neutralidad es vista como una salvaguarda crítica para garantizar procesos justos.
Entre las voces que subrayan el riesgo de sesgos y politización está la de el juez Lilien, de California, quien afirmó:
“Anyone who ever represented a noncitizen at any point in their lives—whether they also worked for DHS, whether they worked for ICE—that seems to be the indelible stain that got them fired.”
Este testimonio, citado textualmente, ha sido utilizado para subrayar que la frontera entre la experiencia en defensa de migrantes y el deber de ser juez podría haberse convertido en un criterio práctico de despido, según el análisis de la cuencas judiciales. Asimismo, el caso de la juez Anam Petit, de Virginia, ofrece una visión de la incertidumbre que rodea estas decisiones:
“No one has told me why I was let go, you know? So this is all speculative. It has to be because no one has had that conversation with me.”
Petit añadió, además,
“I know it’s not agency needs because they’re hiring other immigration judges.”
Este testimonio revela la sensación de inseguridad entre los jueces que han visto cómo su continuidad laboral depende de factores que, según sus declaraciones, no han sido explícitamente comunicados por la autoridad responsable.
Entre las historias más destacadas figura la de Jennifer Peyton, jueza de inmigración asistente en Chicago, a quien su despido le llegó en un fin de semana festivo por correo electrónico, con solo tres frases y sin causa declarada. Peyton había recibido evaluaciones de desempeño sólidas y considera su despido como un acto de retaliación, especialmente después de una directiva que limitaba las comunicaciones con el Congreso. Estas circunstancias, tomadas en conjunto, han alimentado un debate intenso sobre si las decisiones de personal se han utilizado para reconfigurar de forma deliberada el perfil de los jueces que intervienen en casos de deportación masiva.
Al adelantarse a la sustitución de personal, el Departamento de Justicia anunció la contratación de once jueces permanentes con trasfondos en enforcement, en el ámbito militar o en el servicio federal, sin que entre ellos parezca haber antecedentes en defensa de inmigrantes. El sindicato y grupos de defensa sostienen que la administración está reemplazando a jueces experimentados y con una visión de equidad por designaciones políticamente evaluadas, carentes de experiencia en derecho migratorio. En este punto, la crítica central es la preocupación de que estos nuevos jueces puedan carecer de la experiencia necesaria para entender matices de casos que, si se resuelven apresuradamente, podrían dejar a los demandantes sin una defensa adecuada o sin una revisión suficiente de las decisiones administrativas.
Las respuestas oficiales y políticas no han estado ausentes, y figuras de alto perfil han intervenido para cuestionar la legitimidad de estas destituciones. El senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, condenó las destituciones y problematizó lo que llamó “un despido politizado de jueces de inmigración no partidistas.” Durbin dijo textualmente:
“The Trump Administration has engaged in an unprecedented attack on due process and the rule of law, and the only plausible explanation for firing immigration judges and placing additional strain on overburdened immigration courts is a political one.”
Además, Durbin señaló que “15 judges were fired without cause” y explicó que muchos de estos casos están llevando a acciones legales de parte de los propios jueces para obtener justificación formal de cada despido. En su intervención, Durbin interrogó la magnitud del impacto en el atraso acumulado en los expedientes, que supera el volumen de casos de deportación que arrastra el sistema, con un backlog que se sitúa por encima de 3,7 millones de expedientes.
Además de los argumentos de derechos y procesos, se citan voces veteranas en materia migratoria, como la ex jueza de inmigración Dana Leigh Marks, quien durante treinta y cinco años ocupó el banquillo, y dejó claro que:
“Because the immigration courts are in an executive branch agency which does have—rightfully—policy considerations, it skews the role of the immigration court system.”
Su comentario subraya una preocupación de fondo: el hecho de que las cortes migratorias operan dentro de una agencia ejecutiva con ciertas políticas puede distorsionar la función de los jueces, hasta el punto de que la independencia judicial se vea comprometida. En este marco, la sustitución de jueces con antecedentes de enforcement por perfiles más enfocados en la seguridad y la aplicación de la ley ha llevado a que varios analistas prevean que la finalidad de las reformas puede incluir una aceleración de las deportaciones en detrimento de una revisión exhaustiva de los casos.
El gobierno ha respondido con medidas administrativas y legales. La Merit Systems Protection Board (MSPB, Tribunal de Protección del Servicio Merit) emitió en marzo de 2025 una orden de suspensión que exige pausar las terminaciones en periodo de prueba y mantener el empleo de los jueces afectados mientras se resuelven los litigios pendientes. Esta orden sugiere que, al menos en ese momento, existían cuestionamientos sobre la forma de ejecutar estas destituciones y que los abogados de los jueces estaban preparando argumentos para dar respuesta a las acusaciones de cese injustificado o motivado políticamente. En una tensión notable entre la necesidad de eficiencia y la preservación de derechos, esta orden pone en foco el equilibrio entre políticas de control migratorio y las salvaguardias del debido proceso.
La conversación en el Congreso y entre las organizaciones de jueces ha sido intensa. En la arena política, más allá de Durbin, hay voces que piden claridad y responsabilidad. Los defensores de derechos civiles y de procedimientos justos sostienen que la política de personal no puede ser un arma para acelerar procedimientos de deportación sin una revisión adecuada, y advierten que la polarización de la política migratoria se filtra en las decisiones judiciales y genera inseguridad para los solicitantes y familias que buscan soluciones legales dentro del sistema. Los analistas observan que la politización de los tribunales migratorios, si se consolida, podría generar un costo social alto: personas que enfrentan procesos sin acceso a una defensa adecuada, retrasos prolongados y un aumento del resentimiento en comunidades afectadas por la expulsión.
En el cruce de estrategias y derechos, los jueces que permanecen en la nómina sostienen que su experiencia y conocimiento del marco legal de inmigración deben ser valorados frente a cambios que parezcan motivados por la agenda política. El debate sobre si el Departamento de Justicia está priorizando la rapidez sobre la calidad de las revisiones o, al revés, si está buscando liberar un cuello de botella laboral en la agencia, continúa. Mientras tanto, los casos de los jueces que fueron despedidos, o que se enfrentan a la posibilidad de ser reemplazados por profesionales sin experiencia previa en derecho de inmigración, siguen siendo una denuncia constante de lo que algunos llaman una tendencia a “politización” de un sistema que, por su propia naturaleza, debe buscar la justicia y la equidad para las personas que llegan a estas cortes con esperanzas de un futuro legal claro.
En este complejo mosaico, la conversación entre jueces de inmigración, la oficina del fiscal general y las asociaciones profesionales se mantiene. La narrativa que se escribe en estos meses no es solo sobre despidos; es sobre el carácter del sistema judicial que maneja las vidas de millones de personas que buscan quedarse en el país, o bien regular su salida. Las historias individuales, desde las comunicaciones que tardaron días en llegar para confirmar un despido hasta las quejas por la forma en que se han manejado las transiciones, ilustran la tensión entre la necesidad de mantener un sistema eficiente y la obligación de asegurar un juicio justo y una defensa adecuada para cada persona.
A medida que el debate llega a su punto crucial, se busca una respuesta que equilibre la necesidad de un proceso migratorio ordenado con la garantía de que cada caso recibe una revisión adecuada, sin que la politización de las decisiones externas se infiltre en el corazón de las deliberaciones judiciales. En este sentido, la atención pública y legislativa a los jueces de inmigración —jueces de inmigración—, al Departamento de Justicia y a la politización de decisiones administrativas, se mantiene como un eje central en el escrutinio de una política que, para muchos, define no solo la justicia en el país, sino su imagen ante el resto del mundo.
Para quienes siguen de cerca el tema, quedan preguntas abiertas. ¿Quiénes serán las nuevas designaciones y qué experiencia traen? ¿Cómo se garantiza que estas decisiones no afecten derechos fundamentales y que cada caso tenga una revisión adecuada? ¿Qué impacto tendrá el cambio en el backlog que, como señalan algunos legisladores, ya alcanza niveles que exigen respuesta inmediata para evitar que las personas enfrenten procesos interminables? Y, sobre todo, ¿cómo se protege la integridad de un sistema que debe equilibrar seguridad nacional y derechos de quienes buscan refugio o una vida en este país? En medio de estas inquietudes, la conversación pública sigue pivando entre llamados a la transparencia, la supervisión independiente y la defensa de jueces que, con décadas de experiencia, han construido una trayectoria profesional basada en la defensa de derechos de migrantes, y que hoy se enfrentan a un dilema sobre el alcance de su independencia frente a las directivas administrativas.
Para la cobertura continua de este tema, la atención internacional sigue centrada en la forma en que estas decisiones afectarán a los procesos judiciales migratorios, a las comunidades y a las personas que dependen de ellos. En este marco, el uso de medidas administrativas que afecten el derecho de defensa y el derecho a un proceso justo, así como la percepción pública de la imparcialidad de los jueces de inmigración, serán determinantes para entender si el sistema logro mantener su integridad o si, por el contrario, la politización en la toma de decisiones ha dejado una marca duradera. El caso de las destituciones y la introducción de nuevos perfiles, que podrían carecer de experiencia en defensa de migrantes, plantea un desafío para quienes sostienen que una judicatura independiente es esencial para salvaguardar los derechos de las personas frente a un aparato de control migratorio estructurado para la eficacia operativa.
Para obtener claridad y contexto adicional sobre estos desarrollos, la ciudadanía y las instituciones pueden consultar fuentes oficiales y seguir las actualizaciones en los portales pertinentes, como el sitio del EOIR y otros organismos estadounidenses responsables de la administración de justicia migratoria. Se recomienda consultar recursos oficiales para entender la evolución de estas destituciones, las políticas de reemplazo y las respuestas legislativas ante un fenómeno que, para muchos, podría definir el tono de la justicia migratoria en los años venideros. En particular, para entender el marco institucional, es útil revisar las publicaciones y comunicados de los jueces de inmigración y de los grupos sindicales que representan a estos trabajadores, así como las declaraciones de senadores que piden mayor transparencia y responsabilidad.
Como resultado, el escenario que se presenta en 2025 no es solo una historia de despidos: es un examen de la solidez de un sistema judicial que debe permitir a jueces de inmigración, el Departamento de Justicia y la sociedad civil que sus procesos sean justos, sin interferencias indebidas, y que la política de inmigración pueda ejecutarse sin socavar el derecho a un debido proceso. En esa tensión reside el interés público: entender si el sistema migratorio de Estados Unidos preserva su integridad y su humanidad, incluso en tiempos de presión política y necesidad de resultados. Para quienes observan, la pregunta central es si se logrará mantener un equilibrio entre eficiencia, seguridad y justicia, garantizando que los jueces de inmigración sigan actuando como garantes de derechos, no como piezas de una maquinaria política.
Notas y contextualización adicional señalan que, para obtener una visión más completa, es útil revisar la cobertura y las reacciones de figuras políticas y de defensa de derechos. En este marco, la publicación de informes, las declaraciones de senadores y las publicaciones de asociaciones profesionales pueden contribuir a entender el alcance de estas decisiones y sus posibles repercusiones. En última instancia, lo que está en juego no es solo la estabilidad de una institución, sino la confianza pública en un proceso que, por su naturaleza, debe garantizar justicia y humanidad para todas las personas que transitan el sistema de inmigración. Para seguir el tema con precisión, se recomienda consultar fuentes oficiales y mantener una vigilancia atenta sobre las decisiones del EOIR y las respuestas legislativas que se avecinan, así como sobre las posibles acciones legales emprendidas por jueces afectados. Se trata, en definitiva, de una historia que evoluciona con cada decisión y cada declaración oficial, y que seguirá marcando el pulso del debate sobre la independencia judicial en el marco de la política migratoria de Estados Unidos. Para aquellos que buscan referencias oficiales, el portal institucional de EOIR ofrece recursos y actualizaciones pertinentes sobre la organización de jueces de inmigración y sus procesos, disponible en el sitio oficial de Justicia de EE. UU., con el que se puede verificar el contexto institucional de estas decisiones. EOIR – Office of the Chief Immigration Judge
Aprende Hoy
EOIR → Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, la rama del DOJ que administra los tribunales migratorios.
MSPB → Tribunal de Protección del Servicio Merit, organismo que revisa acciones laborales federales y puede ordenar suspensiones.
Backlog → Volumen total de expedientes migratorios pendientes que esperan audiencias o resoluciones.
Enforcement → Acciones y agencias encargadas de aplicar leyes migratorias, como DHS, ICE y fiscales federales.
Este Artículo en Resumen
En 2025 el Departamento de Justicia ejecutó una ola de despidos que dejó fuera a más de ochenta jueces de inmigración, muchos sin justificación pública, y afectó de manera desproporcionada a quienes habían defendido a inmigrantes. El EOIR anunció 11 nuevas contrataciones con experiencia en enforcement o militar. Sindicatos, legisladores y defensores alertan que esto podría politizar la judicatura y dañar el debido proceso en tribunales que afrontan un backlog superior a 3,7 millones de casos.
— Por VisaVerge.com
