Puntos Clave
- Entre enero y agosto de 2025, DHS deportó 312 ciudadanos ghaneses, un aumento del 17% respecto a 2024.
- Al menos 27 deportados (julio–agosto 2025) denunciaron maltrato físico y detenciones prolongadas en Accra.
- La Ley 1123 exige asesoría legal en 48 horas, pero su implementación es desigual por falta de recursos.
El último año ha puesto a prueba los procesos de deportación entre Estados Unidos y Ghana, y ha encendido el debate sobre la seguridad y los derechos humanos de las personas devueltas. En 2025, las autoridades de Ghana y Washington ampliaron sus contactos para gestionar operaciones de retorno, pero las denuncias de tortura y maltrato tras la llegada a Ghana han acelerado llamados a una supervisión independiente y a un acceso más efectivo a la asesoría legal. Este informe sintetiza lo que se sabe, qué se ha hecho y qué podría ocurrir a partir de ahora para las personas afectadas, las comunidades y las autoridades de los dos países.

Tendencias y cifras clave de 2025
- Una tendencia central en 2025 fue el aumento de las deportaciones desde Estados Unidos hacia Ghana, junto con mayor atención internacional sobre la seguridad de los retornados.
- Entre enero y agosto de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) notificó un incremento significativo en las deportaciones a Ghana, citando antecedentes penales y estancias de visa incumplidas como motivos principales.
- Datos relevantes:
- 312 personas nacidas en Ghana fueron deportadas de EE. UU. entre enero y agosto de 2025 —un aumento aproximado del 17% respecto al mismo periodo de 2024 (según DHS, agosto de 2025).
- Grupos de defensa legal en Ghana estiman que ~35% de los deportados recientes presentaron quejas formales por malos tratos ante la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa (CHRAJ).
- Tiempo medio de detención tras la llegada en Ghana: 6–14 días, con algunos casos que superan 30 días (informe de septiembre de 2025 de Amnistía Internacional Ghana).
Estas cifras subrayan la necesidad de mecanismos de supervisión independientes y de una respuesta rápida para las personas retornadas.
Marcos legales y políticas relevantes
- En Estados Unidos, la administración aplicada en 2024–2025 implementó un enfoque más estricto en la priorización de removidos, con el argumento de seguridad pública y estandarización de criterios de expulsión.
- En Ghana, el Parlamento aprobó la Ley de Recepción y Protección de Deportados (Ley 1123) con objetivos clave:
- Asegurar protección legal de las personas devueltas.
- Establecer un marco para el procesamiento por parte del Servicio de Inmigración de Ghana (GIS) dentro de 48 horas posteriores a la llegada.
- Limitaciones de implementación:
- Organizaciones de derechos humanos señalan que la ejecución de la Ley 1123 afronta retos de recursos y capacidad institucional, lo que genera riesgo de retrasos en asistencia y defensa legal.
Declaraciones oficiales y respuestas gubernamentales
- EE. UU.:
- El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirmó en julio de 2025 que EE. UU. trabaja con Ghana para garantizar que las deportaciones cumplan con estándares internacionales de derechos humanos.
- La Embajada de EE. UU. en Accra (1 de septiembre de 2025) se comprometió a vigilar el bienestar de los deportados y a instar a Ghana a cumplir sus obligaciones bajo la Convención contra la Tortura.
- Ghana:
- El ministro del Interior, Ambrose Dery, reconoció “incidentes aislados” de maltrato a finales de agosto de 2025 y prometió investigar y perseguir abusos.
- El GIS afirmó que el proceso se realiza conforme a la ley nacional y estándares internacionales, pero admitió limitaciones operativas por falta de recursos.
Impacto en las personas deportadas y sus familias
- Riesgos y dificultades principales:
- Mayor riesgo de tortura, especialmente para quienes tienen antecedentes penales o son percibidos como disidentes políticos.
- Acceso a representación jurídica: la Ley 1123 exige asesoría dentro de 48 horas, pero en la práctica hay demoras por financiación y logística.
- Separación familiar y comunicaciones limitadas durante la detención.
- En EE. UU., la expansión de deportaciones a países de África occidental incrementa la presión para evaluar cuidadosamente los riesgos de refoulement cuando hay indicios de violencia o trato abusivo.
Proceso típico de deportación y recepción (fase por fase)
- En EE. UU.:
- Decisión de expulsión basada en antecedentes penales, estancias de visa y riesgos de seguridad.
- Notificación a autoridades de Ghana con al menos una semana de antelación.
- Vuelos chárter acompañados por personal de ICE.
- En Ghana (a la llegada):
- Recepción por el GIS, toma de datos biométricos y evaluación de salud.
- Detención provisional: puede durar hasta 14 días mientras se verifica identidad y antecedentes; hay casos que exceden 30 días.
- Según Ley 1123, asesoramiento legal en 48 horas (con demoras frecuentes).
- Decisión sobre liberación a familia o derivación a servicios sociales si se detectan vulnerabilidades.
Estas fases evidencian la necesidad de recursos, coordinación interinstitucional y cumplimiento de estándares mínimos para proteger a las personas.
Análisis y perspectivas de los distintos actores
- Defensores de derechos humanos:
- Piden que las fuerzas de seguridad eviten el uso excesivo de la fuerza.
- Exigen supervisión independiente, financiación adecuada para asistencia legal y, cuando proceda, suspender deportaciones ante riesgo creíble de tortura.
- Autoridades gubernamentales:
- Defienden que las remociones son necesarias para la seguridad pública y sostienen que Ghana es un destino seguro, aunque admiten la necesidad de reformas y más capacidad institucional.
- Organismos internacionales:
- El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura y otras agencias piden mayor diligencia a ambos países para respetar obligaciones de no devolución y protección de derechos humanos.
Perspectivas y reformas esperadas
- En Ghana:
- La Ley 1123 podría complementarse con supervisión independiente y mayores fondos para servicios legales.
- Se espera mejorar la coordinación entre GIS, CHRAJ y proveedores de servicios sociales.
- En EE. UU.:
- El DHS está evaluando prácticas de remoción para garantizar conformidad con la ley internacional; se esperan resultados a finales de 2025.
- A nivel regional:
- La Unión Africana y organismos internacionales han prometido misiones de verificación para monitorear condiciones de los retornados.
Recursos prácticos y vías de apoyo
- En Ghana:
- Consultar al GIS para información sobre derechos y procedimientos; GIS ofrece líneas de atención y recursos de orientación legal.
- Presentar quejas y buscar reparaciones a través de CHRAJ.
- En EE. UU.:
- Personas con órdenes de remoción deben consultar a un abogado de inmigración para evaluar apelaciones o revisiones.
- Formularios y guías oficiales están disponibles en los sitios del GIS y del DHS.
- Otras organizaciones:
- Human Rights Watch ha pedido suspender deportaciones cuando exista riesgo creíble de tortura.
- La cobertura de VisaVerge.com ofrece análisis que contextualizan estas políticas y reporta mayor interés de comunidades y abogados en rutas legales y remedios.
Recomendación práctica: verificar protocolos y actualizaciones directamente en las plataformas oficiales de GIS, CHRAJ, DHS y la Embajada de EE. UU. en Accra para evitar información desactualizada.
Demandas y conclusiones principales
- Demandas urgentes:
- Establecer mecanismos de supervisión independientes.
- Garantizar acceso rápido y efectivo a asesoría jurídica.
- Asegurar la transparencia y coordinación interinstitucional.
- Conclusión:
- 2025 fue un año de ajustes y desafíos en las deportaciones entre EE. UU. y Ghana. El aumento de remociones, junto con denuncias de tortura y detención, ha impulsado reformas legales y llamados a supervisión.
- La Ley 1123 es un avance importante, pero su efectividad depende de recursos y capacidad institucional.
- La cooperación entre ambos países debe centrarse en salvaguardar la dignidad de las personas devueltas y en cumplir obligaciones internacionales de no devolución.
- Las comunidades y familias afectadas esperan claridad, justicia y procesos más seguros y transparentes en cada etapa.
Dónde obtener más información y contacto
- Fuentes y canales recomendados:
- Sitios oficiales de GIS (Ghana) y CHRAJ.
- Comunicaciones y recursos del DHS y de la Embajada de EE. UU. en Accra.
- Informes y análisis de organizaciones internacionales (Amnistía Internacional, Human Rights Watch).
- Análisis de contexto y cobertura en VisaVerge.com.
- Recomendación final: comprobar regularmente las páginas institucionales para actualizaciones sobre formularios, procedimientos y líneas de contacto, y mantener un registro documental de cualquier gestión relacionada con procesos de deportación o denuncias de abuso.
Aprende Hoy
DHS → Department of Homeland Security de EE. UU., la agencia que supervisa la aplicación de la ley migratoria y las deportaciones.
Ley 1123 (Deportee Reception and Protection Act) → Norma ghanesa que obliga al procesamiento de deportados y acceso a asesoría legal dentro de 48 horas.
Global Enforcement Initiative → Iniciativa de abril de 2025 del DHS que prioriza removaciones por antecedentes penales y riesgos de seguridad.
CHRAJ → Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa de Ghana, receptora de quejas por malos tratos.
No devolución (non-refoulement) → Principio internacional que prohíbe enviar personas a lugares donde corren riesgo real de tortura.
Kotoka International Airport → Aeropuerto internacional de Accra, punto principal de recepción de vuelos de deportación.
Datos biométricos → Mediciones físicas (huellas, rostro) usadas para verificar identidad durante el procesamiento.
ICE → Immigration and Customs Enforcement de EE. UU., responsable de identificar y escoltar a personas para su remoción.
Este Artículo en Resumen
En 2025 las deportaciones desde Estados Unidos hacia Ghana aumentaron significativamente; DHS reportó 312 remociones entre enero y agosto, un incremento del 17% respecto a 2024. Organizaciones como Human Rights Watch, CDD-Ghana y Amnistía Internacional denunciaron que al menos 27 deportados (entre julio y agosto) sufrieron maltrato físico y detención prolongada al llegar a Accra. Ghana aprobó la Ley 1123 para garantizar acceso a asesoría legal en 48 horas, pero defensores señalan demoras y una implementación irregular por limitaciones en el Servicio de Inmigración de Ghana y en CHRAJ. Organismos internacionales solicitaron revisiones y supervisión independiente; la Unión Africana acometerá una misión de verificación en octubre de 2025, y el DHS evaluará sus prácticas antes de finales de 2025.
— Por VisaVerge.com