Puntos Clave
- Trump anunció que anula documentos que afirma fueron firmados con un autopen por Biden.
- Dijo que 92% de los documentos de la presidencia de Biden usaron el Autopen, según su reclamo.
- Se presentó el proyecto SIGN Pardons para prohibir autopens en perdones presidenciales.
En una publicación de Truth Social que sacudió la conversación política de Washington, el expresidente Donald Trump anunció el viernes 28 de noviembre de 2025 que está terminando todos los documentos supuestamente firmados por el expresidente Joe Biden con un autopen. Trump afirmó que el 92% de los documentos firmados durante la presidencia de Biden se realizaron con ese dispositivo y afirmó que la finalidad de la medida es enfrentar lo que él califica como uso indebido de la firma automatizada por parte de los asesores de Biden. En su intervención, aseguró:
“The Autopen is not allowed to be used if approval is not specifically given by the President of the United States,”
y añadió que los asesores de Biden “operaban el dispositivo ilegalmente” para firmar documentos vinculantes, incluidos órdenes ejecutivas y conmutaciones, según su relato. También prometió cancelar “todas las órdenes ejecutivas y ‘anything else that was not directly signed by Crooked Joe Biden, because the people who operated the Autopen did so illegally’.” En la misma línea de acción, Trump amenazó con perseguir a Biden por perjurio si éste sostiene que participó en el proceso del autopen.
La noticia llega en un momento en que el debate sobre la legitimidad de las firmas presuntamente producidas por un autopen ha escalado a una frontera legal y política. El autopen, un dispositivo mecánico que replica firmas para documentos oficiales, ha sido parte de la historia presidencial durante más de dos siglos. Pero el eje de la controversia actual es si la firma de documentos vinculantes, incluido el uso de órdenes ejecutivas y perdones presidenciales, se realizó sin la autorización directa de Biden ni su presencia física en la firma. Este argumento ha ganado tracción entre detractores de Biden y entre quienes siguen con atención cualquier señal de desgaste institucional en la administración anterior.
En este contexto, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, dirigido por el presidente James Comer, republicano de Kentucky, publicó a finales de octubre de 2025 un informe para personal titulado “The Biden Autopen Presidency: Decline, Delusion, and Deception in the White House.” El informe concluye que los principales asesores de Biden ejercieron autoridad presidencial y facilitaron acciones ejecutivas sin la autorización directa del presidente, incluida la supuesta mala utilización del autopen. Entre los hallazgos figuran indicios sustanciales de que Biden habría atravesado un deterioro mental y físico durante su mandato, según el informe, y que altos funcionarios de la Casa Blanca habrían buscado ocultar ese deterioro ante el público. También se señala irregularidades en la emisión de perdones y conmutaciones en los últimos días de la presidencia, con la acusación de que el autopen se utilizó sin la autorización presidencial confirmada o la documentación adecuada, y se mencionan casos que involucrarían a miembros de la familia Biden.
En respuesta, el propio Comer envió una carta al fiscal general Pam Bondi solicitando que el Departamento de Justicia realice una revisión exhaustiva de todas las acciones ejecutivas tomadas durante la Presidencia de Biden y que examine a asesores clave de Biden, como el Dr. Kevin O’Connor, Annie Tomasini y Anthony Bernal, a quienes se les ha denunciado haber invocado la Quinta Enmienda durante la investigación. En otra carta dirigida a la Junta de Medicina del Distrito de Columbia, Comer solicitó su revisión de las acciones tomadas por el Dr. O’Connor para determinar posibles irregularidades en su atención médica al entonces presidente. Estos envíos subrayan el alcance de un escrutinio que, según los críticos, es un intento de forzar cambios o de desviar la atención de la agenda legislativa, pero que para los impulsores del escrutinio representa la necesidad de transparencia frente a posibles abusos de poder.
La reacción entre partidarios y detractores de Biden ha sido rápida y polarizada. Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara han descrito la pesquisa como un intento de distracción y un uso indebido de los recursos públicos para avanzar una agenda política. En declaraciones de un portavoz de Biden, se señaló que la investigación “demostraba” que no había conspiración ni encubrimiento, una afirmación que vino acompañada por la defensa de que el manejo de documentos estuvo dentro de la legalidad y que la crítica era parte de un esfuerzo político para desestabilizar la administración.
Entre las propuestas legislativas que emergen del marco de estas discusiones, destaca la iniciativa del congresista Buddy Carter, quien presentó el proyecto de ley denominado Signature Integrity for Granting National Pardons (SIGN Pardons) Act. El objetivo del proyecto es prohibir de forma permanente el uso de autopens para firmar perdones presidenciales y exigir que todos los presidentes firmen físicamente tales documentos para que sean considerados válidos. La idea, según sus defensores, es restablecer un proceso claro y verificable para decisiones de alto valor político y legal, reduciendo la ambigüedad que genera la firma mecanizada en actos de perdón.
La pregunta de fondo para la administración de Trump y para la política estadounidense es quién valida las firmas en los documentos que llegaron a ser firmados mediante autopen y qué evidencia demuestra que un documento fue firmado por Biden o por el aparato mecánico. En su intervención, la administración de Trump dijo haber iniciado su propia investigación para determinar si antiguos asistentes de Biden participaron en un encubrimiento de su supuesto declive y en la autorización de un uso ilícito del autopen. Biden, por su parte, ha negado con firmeza su desconocimiento de las acciones de su gobierno, calificando esas afirmaciones como “ridiculous and false.” El propio Biden sostuvo que las acusaciones son “ridículas y falsas,” una frase que, en el registro, marca una defensa pública clara frente a las imputaciones.
La controversia llega en un momento de tensión entre la necesidad de transparencia y la búsqueda de explicaciones en una esfera política que a menudo se alimenta de narrativas contradictorias. El autocorrecto legal de una firma ejecutiva que se firma sin la presencia del presidente plantea preguntas sobre la autenticidad de las decisiones y el peso de la legitimidad de actos que pueden afectar a millones de personas. En el debate público, la palabra Autopen aparece como un símbolo de una batalla más amplia sobre la autoridad presidencial, la supervisión parlamentaria y la integridad de los procesos que llevan a decisiones de alto impacto.
Además de las disputas políticas, el tema trasciende el terreno estrictamente legal. El uso del autopen para actos como perdones o conmutaciones —documentos que pueden alterar el curso de vidas— ha generado inquietud entre defensores de los derechos civiles y expertos en ética gubernamental. El informe del comité de supervisión ha alimentado voces que advierten sobre posibles desviaciones en la gobernanza y la necesidad de salvaguardias más estrictas cuando se trata de firmas que sostienen poder decisorio institucional. En respuesta, los defensores de Biden y otros observadores políticos destacan que las acusaciones no deben convertirse en una excusa para desviar la atención de temas económicos y sociales urgentes.
La conversación también entra en el terreno de la seguridad institucional y el papel de las plataformas de comunicación utilizadas para anunciar y discutir estas cuestiones. Truth Social, la red social que apoya la publicación de mensajes de Trump, juega un papel instrumental en la forma en que se difunden estas afirmaciones y reacciones. La narrativa que emerge de estas publicaciones amplifica una atmósfera de confrontación política que, para muchos observadores, erosiona la confianza en la integridad de las instituciones públicas cuando las acusaciones persisten y las respuestas oficiales se vuelven objeto de escrutinio constante.
En este marco, varias preguntas siguen sin respuesta: ¿quién valida las firmas y cómo se determina qué documentos fueron firmados por Biden frente a los que fueron firmados por el autopen? ¿Qué alcance tendrá cualquier revisión del DOJ o de la Junta de Medicina para esclarecer las acciones médicas de figuras de alto perfil? Y, sobre todo, ¿qué impacto tendrá esta batalla sobre la opinión pública y la confianza en el proceso democrático? Mientras Trump insiste en que
“The Autopen is not allowed”
y que
“the people who operated the Autopen did so illegally,”
el país se mantiene a la expectativa de si se avanzará hacia una investigación más amplia, si prosperarán cambios legislativos para endurecer los controles de las firmas en actos presidenciales y qué rol jugará Truth Social como escenario de debate inmediato y, para algunos, de desinformación.
La narrativa continúa desarrollándose. El debate sobre la legitimidad de las firmas autopens, el control parlamentario, las posibles consecuencias legales y la respuesta de la administración Biden, ya sea a través de una defensa pública o de acciones judiciales, están en el centro de un mosaico político que podría definir el tono de la discusión pública durante los próximos meses. En medio de esa conversación, la gente común sigue observando, con un ojo en la legalidad y otro en la seguridad de que las decisiones que afectan sus vidas se tomen con la mayor claridad y responsabilidad posibles. El uso de términos como Autopen, órdenes ejecutivas y Truth Social no son meros símbolos retóricos en este punto; son piezas de una controversia que impulsa un examen intenso de la autoridad presidencial y de la manera en que se comunica y se procesa el poder en la casa más poderosa del mundo.
Para quienes buscan entender la dirección de este debate, la próxima ronda de testimonios y revisiones, junto con el avance de la iniciativa SIGN Pardons, podría marcar un giro importante en la interpretación de qué significa firmar un acto presidencial y qué papel juega la tecnología en la legitimidad de esas firmas. En cualquier caso, la historia continúa, y la atención pública se mantiene alta, especialmente cuando se espera que el Departamento de Justicia y otros organismos encargados de la vigilancia institucional respondan, con una precisión que empuje a una conclusión clara: ¿quién firmó realmente cada documento y qué significa eso para la legitimidad de la autoridad presidencial en el siglo XXI? Mientras tanto, el eco de las afirmaciones de Trump persiste en la conversación pública, alimentando un ciclo de confirmaciones y desmentidos que, en última instancia, podría reconfigurar el debate sobre la rendición de cuentas y la transparencia en la política estadounidense.
Aprende Hoy
Autopen → Dispositivo mecánico que reproduce una firma manuscrita para documentos oficiales.
Orden ejecutiva → Directiva presidencial que dirige operaciones del gobierno federal y puede tener efectos legales.
Perdón presidencial → Acto del presidente que exonera de una condena federal y restaura ciertos derechos legales.
SIGN Pardons Act → Proyecto que busca prohibir el uso de autopens para firmar perdones presidenciales.
Este Artículo en Resumen
Trump declaró nulos los documentos que afirma fueron firmados con un autopen durante la presidencia de Biden, citando un informe del Comité de Supervisión que denuncia uso indebido y señala un 92% de uso del dispositivo. La medida motivó investigaciones ejecutivas y el proyecto SIGN Pardons para prohibir autopens en perdones. Biden niega las imputaciones. La acción crea incertidumbre sobre la validez de órdenes, perdones y quién autentica las firmas.
— Por VisaVerge.com
