Puntos Clave
- Consejo Escocés de Refugiados rechaza usar Cameron Barracks (300 plazas) y Crowborough (600 plazas) para solicitantes.
- Más de 80 ONG advierten que los cuarteles pueden retraumatizar y aislar a las personas de servicios esenciales.
- Escocia destinó £3.6 millones para el Refugee Support Service en 2024–2025 para fortalecer apoyo comunitario.
(INVERNESS, SCOTLAND) En un giro que intensifica el debate sobre la política de asilo en el Reino Unido, el Consejo Escocés de Refugiados ha insistido en que los solicitantes de asilo deben ser tratados con dignidad y humanidad ante la creciente controversia sobre planes para alojar a cientos de solicitantes de asilo en cuarteles militares, incluido Cameron Barracks en Inverness y un campamento de entrenamiento del ejército en Crowborough, East Sussex. El propio plan propone albergar alrededor de 300 personas en el sitio de Inverness y 600 en el de East Sussex, señalan las coberturas recientes, y subraya que estos lugares fueron previamente utilizados para acomodar a familias afganas evacuadas durante la retirada de Kabul en 2021, aunque esas familias ya han sido reasentadas en otros lugares.
Sabir Zazai, director ejecutivo del Consejo Escocés de Refugiados, declaró que
“People seeking safety in Scotland must be treated with dignity and respect, not housed in military barracks or other institutional accommodation. These are people who have fled war, torture and persecution. They deserve support and a chance to rebuild their lives, not to be retraumatised by being placed in unsuitable, isolating accommodation.”
Sus palabras, tomadas tal cual de las declaraciones de la organización, subrayan la línea central del debate: la necesidad de evitar que los solicitantes de asilo sean puestos en instalaciones institucionales que podrían reavivar traumas de conflicto y persecución.
La oposición no es solo de un organismo humanitario. Desde varios sectores locales hasta parlamentarios, la crítica se ha centrado en la idea de alojar a solicitantes de asilo en cuarteles militares, un ecosistema que, según el Consejo, resulta “inadecuado y aislante” y que aumenta el riesgo de retraumatización para quienes ya han vivido experiencias extremas. En su lugar, el Consejo y otras organizaciones han pedido con insistencia que se priorice la vivienda comunitaria y el apoyo específico para las familias, con servicios que permitan una integración más humana y sostenible en la comunidad. Estas posiciones han contado con el respaldo de más de ochenta organizaciones benéficas y comunitarias que, en una carta al primer ministro y al Home Secretary, expresaron “profundas preocupaciones” sobre el plan de cuarteles y la dirección general de la política de asilo en el Reino Unido, describiendo las propuestas como “inhumanas y crueles” y advirtiendo que podrían vulnerar el derecho internacional.
En paralelo, la propia Scottish Government ha reforzado su compromiso con el derecho internacional y los derechos humanos, con movimientos recientes en el parlamento que subrayan el papel de Escocia como una nación receptora para quienes huyen de la persecución y el conflicto. Estas declaraciones subrayan un contraste entre las aspiraciones humanitarias y las estrategias de desalojo o reubicación acelerada en respuesta a la crisis de albergue para solicitantes de asilo.
En la conversación pública también emergen detalles prácticos sobre por qué el Gobierno central defiende las medidas. El ministro de Defensa, Luke Pollard, afirmó que la medida es necesaria para
“terminar con el uso de hoteles para el alojamiento de solicitantes de asilo”
y afirmó que se están explorando sitios disponibles donde se podría albergar a las personas para permitir que la Home Office cierre más hoteles de asilo de forma más rápida. Estas declaraciones, retomadas por los medios, ponen el foco en una lógica de reducción de costos y de consolidación de la capacidad de albergue, un argumento que, sin embargo, se enfrenta a las objeciones de grupos humanitarios que temen una deshumanización de la experiencia de las personas que buscan refugio.
Otra pieza clave de la narrativa la ofrece Esther Muchena, responsable del Servicio de Derechos de la Familia en el Consejo Escocés de Refugiados. En un testimonio que busca resaltar la importancia de apoyo específico para las familias, Muchena dijo:
“The Family Rights Service gives each family the tailored support they need to address the unique challenges they face. We support people in so many ways, from improving their understanding of the complex asylum process, meeting their health needs and reducing poverty to helping children and parents access education and make social connections.”
En español, esa cita subraya la amplitud del asesoramiento y el acompañamiento que, según el organismo, deben acompañar la migración forzada para evitar que pequeños migrantes y sus familias caigan en vulnerabilidad adicional.
Dentro de este marco, las vivencias personales de solicitantes de asilo en Escocia también adquieren protagonismo. Un participante de la iniciativa piloto del Family Rights Service escribió:
“I wanted to end my life three times. I was preparing for suicide, but I didn’t do it, thinking about my kids. [My case manager] knew about my situation, so she took care of me a lot… and guided me so that I could get treatment.”
Este testimonio, citado por el Consejo, apunta a la realidad de traumas acumulados y resalta la necesidad de un acompañamiento humano que vaya más allá de la simple provisión de refugio o de un lugar para dormir.
En cuanto a la financiación y el marco institucional, el Consejo Escocés de Refugiados continúa proporcionando apoyo confidencial a solicitantes de asilo y refugiados en Escocia, financiado en parte por la Scottish Government, que asignó £3.6 millones para el Refugee Support Service en 2024–2025. Este dato, citado por varias fuentes de la cobertura, ilustra la dimensión institucional detrás de las redes de apoyo que operan en paralelo a cualquier decisión de ubicación física de las personas. Además, el trabajo de estas redes se considera fundamental para abordar la mezcla de necesidades médicas, sociales y educativas de las familias que llegan y buscan asilo.
El propio plan de cuarteles ha generado respuestas mixtas entre comunidades y autoridades locales. Los críticos señalan que la conversión de instalaciones militares en espacios de acogida para solicitantes de asilo podría conllevar estigmas y tensiones, especialmente en regiones donde las comunidades ya lidian con la presión de servicios públicos y vivienda. En Inverness y sus alrededores, el debate ha cobrado particular peso por la proximidad de Cameron Barracks, un sitio históricamente asociado con operaciones militares, y por el impacto en la ciudad y sus vecinos. En Crowborough, East Sussex, el asentamiento en un antiguo campamento de entrenamiento añade otra dimensión: la transformación de un lugar de instrucción militar a un espacio de residencia para personas que han buscado refugio, con todos los dilemas que eso implica para la seguridad, la atención sanitaria y la inclusión social.
El pulso informativo también ha girado hacia la legalidad y la coherencia de la política de asilo. Las críticas señalan posibles conflictos con el derecho internacional y con las obligaciones humanitarias que un país miembro del Consejo de Europa y de la ONU mantiene cuando se trata de proteger a quienes huyen de guerras y de persecución. En este punto, la coalición de organizaciones que incluye el Consejo Escocés de Refugiados y otras entidades de la sociedad civil insiste en que la ruta adecuada es la que prioriza soluciones basadas en la comunidad, con apoyos educativos, de salud mental y de desarrollo social integrados en la vida cotidiana de las comunidades receptoras.
La experiencia de Escocia, con un conjunto de políticas y apoyos que buscan plasmar declaraciones de apertura y pertenencia, se ve ahora en la encrucijada de una discusión que tiene consecuencias tangibles para miles de solicitantes de asilo. En este marco, la reafirmación de su compromiso con la dignidad y el respeto es vista por sus defensores como una línea que podría orientar un enfoque más humano y sostenible en el que cada persona que llega tenga acceso a servicios esenciales y a una red de apoyo que favorezca una reconstrucción real de su vida. Este argumento coincide con el énfasis de las autoridades en la necesidad de gestionar la situación de manera que se reduzca el uso de hoteles para asilo y se aprovechen las alternativas que permitan integrarse de forma más amplia en las comunidades locales.
Para los solicitantes de asilo que hoy lamentan la idea de vivir en instituciones de estilo militar, la conversación es más que una cuestión de política: es una cuestión de dignidad, de seguridad emocional y de acceso a las oportunidades necesarias para que sus vidas no queden suspendidas entre la incertidumbre y la desprotección. En Inverness y más allá, esa realidad empuja a los responsables a buscar respuestas que resalten la humanidad como eje central de la respuesta pública. En palabras del Consejo Escocés de Refugiados, las políticas deben sostener que estas personas son, ante todo, seres humanos con derechos y con un futuro que merece ser construido con el concurso de comunidades dispuestas a caminar junto a ellas, no a separarlas en instalaciones que podrían afectar su bienestar y su proceso de rehabilitación. Moraleja de la conversación: cuando se trata de solicitantes de asilo, cada decisión tiene un peso directo en la vida cotidiana de quienes buscan refugio, y la forma en que se les atiende hoy puede determinar su oportunidad de empezar de nuevo mañana.
Para más información sobre las políticas de asilo y la gestión de la vivienda para solicitantes de asilo en el Reino Unido, el sitio oficial del gobierno ofrece recursos y directrices sobre el alojamiento y la planificación de emergencias, disponible a través del portal correspondiente. Las organizaciones que trabajan con solicitantes de asilo, como el Consejo Escocés de Refugiados, continúan proporcionando apoyo y asesoría confidencial a quienes llegan a Escocia, con un énfasis constante en soluciones que respeten la dignidad y promuevan una vida estable dentro de la comunidad. En última instancia, la cuestión de los planes de cuarteles no solo afecta a las familias y a las personas que buscan refugio; también redefine la manera en que la sociedad escocesa, y más ampliamente la nación, encara su obligación de proteger a quienes han huido de la guerra y la persecución, y de sostener un sistema que asegure su derecho a vivir con seguridad y dignidad.
Para más información del público general sobre la política de asilo y alojamiento, se puede consultar la página oficial del Gobierno británico sobre asuntos de asilo y refugio, que ofrece una visión consolidada de los enfoques actuales y de las respuestas institucionales a la crisis humanitaria que afecta a solicitantes de asilo en todo el territorio.
Aprende Hoy
Solicitante de asilo → Persona que ha huido de su país y solicita protección internacional mientras su petición está pendiente.
Cameron Barracks → Cuartel histórico en Inverness propuesto para alojar alrededor de 300 solicitantes de asilo.
Crowborough → Campamento de entrenamiento militar en East Sussex propuesto para alojar aproximadamente 600 personas.
Refugee Support Service → Servicio financiado por el gobierno escocés que ofrece asesoría y apoyo práctico a familias refugiadas.
Este Artículo en Resumen
El Consejo Escocés de Refugiados y una coalición de más de 80 organizaciones critican el plan del Gobierno británico de usar cuarteles militares en Inverness y Crowborough para alojar a cientos de solicitantes de asilo. Alertan que esas instalaciones pueden retraumatizar a personas que huyeron de guerra y aislarlas de servicios médicos, legales y educativos. El Ejecutivo dice que busca reducir el uso de hoteles y disponer de alojamiento provisional. Los críticos piden modelos dispersos y basados en la comunidad, apoyados por trabajo de casos financiado; Escocia asignó £3.6 millones en 2024–2025.
— Por VisaVerge.com
